Con su mensaje al Congreso, el 1ro. de marzo, el Presidente Javier Milei ratificó su “terapia de choque” para pulverizar ingresos alimentarios, derechos sociales, suspender la obra pública y las transferencias a las Provincias, desfinanciar los sistemas de salud y educativo, licuar ahorros y activos.

Datos incontestables indican que se ha configurado un círculo vicioso de brutal caída de las ventas, la producción y de la recaudación fiscal, cierres, suspensiones y despidos en todo el país. La mayor parte del ajuste (43%) se descarga, con crueldad, sobre las y los jubilados.

El Presidente para sostener estas metas recesivas insiste en destratar a los Gobiernos de todas las provincias, pero éstos no alcanzan una posición solidaria ante el mentiroso e inviable pacto que les propone, pretendiendo imponer como moneda de cambio – de las transferencias que les debe- la anulación de derechos de las y los trabajadores o imponiendo impuestos al salario.

Las diferencias entre esos Gobiernos, las limitaciones objetivas del Congreso Nacional y el Poder Judicial para resolver el rechazo e ilegalidad del DNU 70/2023, indican que el camino para revertir esta situación, es el señalado por la confluencia de distintos sectores con los trabajadores en el paro y movilización del 24 de enero, convocado por la CGT, ambas CTA y la UTEP para rechazar ese engendro contrario a la Constitución y la denominada Ley Ómnibus.

La ilegal vigencia de ese DNU es la que libera aumentos de precios, mientras se impulsan topes a las actualizaciones salariales, se avanza en la anulación del salario social complementario y se niegan suministros a los comedores populares, se promueve la progresiva paralización y destrucción del Estado, se “acondicionan” para el remate de empresas y recursos estratégicos.

Hay responsabilidad en ello en el Congreso de la Nación, trabado en su funcionamiento por la confluencia del oficialismo con el macrismo, y de los cuatro integrantes de la Suprema Corte de Justicia que, impávida, con su mora habilita daños irreparables de todo tipo que sufre la población y la economía. ¡Hay que derogarlo ahora!

Por lo mismo es importante, estratégico, demostrar que hay otro camino para salir de esta crisis. No basta sólo con resistir, ni los análisis brillantes, ni el recuerdo de logros en una situación distinta a la actual.

Para articular las fuerzas necesarias, el camino está en un pacto social y federal, con participación de las representaciones del trabajo y la producción, con objetivos definidos, para recuperar la confianza y la participación de las mayorías agredidas. Lo exige la resolución de la crisis representatividad que nos llevó a la elección de este Presidente, y la actual crisis institucional que podría derivar en habilitaciones a onerosos salvatajes como sucedió en 2001 y paga caro el Pueblo Argentino.

Ese acuerdo debe expresarse en un plan para revertir la destructiva “terapia de choque” del Gobierno, y reorientar la economía, con los siguientes ejes:

1. La declaración de la Emergencia Alimentaria, con un programa de precios obligatorios asequibles que garantice la alimentación y consumos básicos de toda la población, desacoplando los precios internos de los de exportación.
2. La inmediata recuperación del poder de compra de los salarios, jubilaciones, salario social
   complementario, y asignaciones familiares.
3. Una renegociación integral llevada adelante por el Congreso de la Nación (Art. 75 de la Constitución
   Nacional) de la deuda externa e interna, pues el Poder Ejecutivo no está ni facultado ni capacitado
   para ello. Con la condición de una estricta auditoría, en particular de la contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, con comisión de fraude, sin aprobación del Congreso de la Nación, y vulnerando el estatuto de ese organismo.
4. Una reforma tributaria progresiva, para un equilibrio fiscal basado en la capacidad acorde a las ganancias reales de los contribuyentes y una coherente Ley de coparticipación federal acorde con la población, el aporte al Producto Bruto Interno nacional y los índices sociales de cada provincia.
5. Control del comercio exterior, estricta administración de las reservas del Banco Central y medidas cambiarias que vinculen nuestras relaciones económicas exteriores con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
6. Impulso al ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo, con una banca pública
   consolidada y una ley de servicios financieros que ratifique su carácter de servicio público.
7. Un programa federal de industrialización con justa redistribución del ingreso, que incluya un plan de
   obras públicas de infraestructura, que coadyuve en la creación de empleo y en la ejecución de las
   inversiones necesarias para el desarrollo económico y social.
   En relación a ellos el Foro Economía y Trabajo propone una serie de medidas expuestas en su Documento Base para un Acuerdo Social y Federal (anexo https://ln.run/NuKE3 ).
   
   
   Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva. Coordinación Foreyt: Eduardo Berrozpe
   FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden
   a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.

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