Por Pedro Wasiejko

Pocos días atrás, a partir de la denuncia con las correspondientes pruebas documentales que presentó la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, tomamos conocimiento de la existencia de reuniones entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, integrantes del mencionado organismo y empresarios.

En aquel video, que se difundió además públicamente, corroboramos algo que vivimos y denunciamos durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de Vidal a nivel provincial: el armado de una organización ya no paraestatal sino desde el propio Estado para perseguir a dirigentes sindicales, sociales y políticos de manera ilegal.

Posteriormente, el portal InfoGremiales reveló una serie de documentos que daban cuenta del plan del gobierno bonaerense de entonces para eliminar los derechos de las y los trabajadores del Astillero Río Santiago y desacreditar a sus representantes sindicales en connivencia con el Poder Judicial y los medios hegemónicos. Estos hechos no pueden quedar desconectados de las declaraciones del propio presidente de la Nación en ese entonces que habló de “dinamitar el astillero” y del proyecto de país que impusieron y que generó la fuga de divisas, la pérdida de miles de empleos y el crecimiento de la pobreza.

La gravedad de estos hechos excede, aunque para nada es un dato menor, las consecuencias sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de nuestra provincia, sino que afecta, sobre todo, a la misma vida institucional de la Argentina y a la propia democracia. No es casual que estas prácticas nos retrotraigan a las épocas más oscuras de nuestra historia en las que no casualmente se implementaron también políticas neoliberales tal como lo hizo la gestión entre 2015 y 2019.

El plan del gobierno de Macri y de Vidal, tal como quedó demostrado con los documentos mencionados, era quebrar la lucha de los trabajadores y trabajadoras, vaciar el astillero, desmantelar la industria nacional para tener las manos libres para firmar contratos en el exterior, tal como hicieron con la adquisición de 4 buques de patrullaje oceánico que la Armada terminó comprando a un astillero francés cuando se podrían haber realizado en el país con la colaboración entre Tandanor y Astillero Río Santiago. Lo mismo sucedió con lanchas para la Prefectura que fueron adquiridas en Israel por Patricia Bullrich. Es decir, se podría haber evitado la salida de millones de dólares tan necesarios para nuestro país y se podría haber fortalecido nuestra propia industria nacional.

Para muchas personas estas cuestiones que salen a la luz son cosas alejadas de su realidad. Pero este es un claro ejemplo de cómo estos hechos afectan a cada uno de los habitantes de nuestra patria porque, justamente, tienen relación directa con un proyecto económico.

Cuando asumió Axel Kicillof a la gobernación de la Provincia y a partir de la nueva gestión en el Astillero Río Santiago, además de restablecer todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras se comenzó a trabajar para reactivar el astillero que fue completamente abandonado por el gobierno anterior. Es a través del fortalecimiento de nuestra industria que se generan las condiciones para promover la generación de valor agregado y de trabajo genuino, cuestiones que son clave para el desarrollo de un país.