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Seguridad: la Corte extendió el plazo para el acuerdo por los fondos entre Nación y CABA

De común acuerdo, los representantes de ambas administraciones habían elevado esa solicitud al máximo tribunal ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo al diferendo que los enfrenta judicialmente desde que el presidente Alberto Fernández decidió redirigir fondos otorgados a través de Decretos de Necesidad y Urgencia por su antecesor, Mauricio Macri, a la Ciudad para financiar el traspaso de la Policía Federal a ese distrito.

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La Corte Suprema aceptó hoy el pedido realizado por los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones en torno a los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

De común acuerdo, los representantes de ambas administraciones habían elevado esa solicitud al máximo tribunal ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo al diferendo que los enfrenta judicialmente desde que el presidente Alberto Fernández decidió redirigir fondos otorgados a través de Decretos de Necesidad y Urgencia por su antecesor, Mauricio Macri, a la Ciudad para financiar el traspaso de la Policía Federal a ese distrito.

En marzo pasado, después de una audiencia, la Corte dispuso el plazo de 30 días que se cumplió ayer y ahora otorga dos semanas para una nueva agenda de reuniones que -según confirmaron fuentes oficiales- contempla un primer encuentro que se celebrará el próximo miércoles cuando culmine la gira por Israel que encabeza el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.

Después del último cónclave que se celebrara una semana atrás, tanto desde la Casa Rosada como desde el Gobierno porteño coincidieron en que las diferencias siguen siendo «amplias» pero que la voluntad de diálogo primó a la hora de pedir una «extensión» de los plazos.

«Hubo propuestas de ambas partes, pero sigue habiendo una diferencia amplia», comentaron en Balcarce 50, una postura que fue ratificada desde las oficinas que conduce el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Más allá de lo que pueda suceder en las próximas dos semanas, la posición de la Nación ya cuenta con el apoyo de los gobernadores de Santa Cruz, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, que se presentaron ante el tribunal como amicus curiae.

Los mandatarios provinciales se encuentran en «alerta» y respondieron al pedido de «apoyo» efectuado por la Casa Rosada: entienden que una medida cautelar o un fallo de fondo que atienda los intereses porteños atenta contra el federalismo, contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito.

Desde diciembre de 2019, la posición de la Casa Rosada ha sido la de cuestionar los decretos firmados por Macri en 2016 cuando el ex mandatario asignó el dinero correspondiente al traspaso de la función de la Seguridad a través de fondos coparticipables, elevando de 1,4 a 3,75% lo recibido por la Ciudad.

Las negociaciones se dieron desde inicios de 2020 y existieron reuniones entre Alberto Fernández y «Wado» de Pedro con Horacio Rodríguez Larreta, que quedaron suspendidas por el surgimiento de la pandemia de coronavirus.

En septiembre de ese año, Fernández decidió redirigir los fondos y envió un proyecto que se convertiría en Ley durante los últimos días del año.

La norma -que ordenaba una negociación entre las partes y aclaraba que los fondos traspasados no corresponderían a la coparticipación- fue cuestionada ante la Corte por la Ciudad que, luego de aceptar el reclamo, ordenó la ronda de negociaciones que, por ahora, no han tenido resultado positivo.

Mientras tanto, quienes siguen el debate judicial sostienen que son tres los puntos centrales, habiendo un virtual «punto muerto» en el tema central que es el monto que se debe transferir.

El Gobierno nacional realizó una estimación en la que se contempla el traspaso de la Policía Federal y argumenta que la Ciudad «quiere que se le pague por otros servicios, como los agentes de la ex Policía Metropolitana».

Cerca de los negociadores porteños afirman que la Ciudad pide la actualización del monto que se asignaba a la Policía Federal en 2015 por todo concepto y eso es «más que la plata de los sueldos y los patrulleros».

Por otra parte, hubo algunos avances -nunca definitivos- en lo que respecta al mecanismo para la actualización de los montos y en la «forma» de transferencia del dinero, que hoy es en cuotas mensuales y que la Ciudad pretende que sea «más parecido» al de la coparticipación «que es casi diario».

Aunque el entendimiento parece distante, ninguno de los involucrados prefiere referirse al escenario de un «no-acuerdo» en el que sea la Corte la que deba fallar, pero ambos suscriben que, cualquiera fuera el resultado, todo tendrá una lectura política «acorde a los tiempos» actuales, cuando se vive un virtual conflicto de poderes entre el máximo tribunal y el Congreso.

CABA

Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA

Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.

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Jorge Macri admitió que la IA creará ganadores y perdedores; nadie explicó quién protegerá a los segundos.

La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.

El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».

La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo

Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.

En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.

La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.

La educación, entre el discurso y la contradicción

Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.

Un mapa federal con lecturas cruzadas

La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).

La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.

Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.

Qué significa ciudad inteligente y para quién

Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.

La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.

Puntos clave

  • Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
  • Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
  • El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
  • El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
  • El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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