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Otra vez reprimieron a jubilados que marchaban al Congreso

Durante la tradicional movilización de los miércoles, un grupo de policías empujó a jubilados que se manifestaban frente al Congreso Nacional.

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Un grupo de efectivos policiales desplegó un amplio operativo frente al Congreso Nacional y empujó a jubilados que participaban de la marcha semanal por aumentos en sus haberes y el pago regular del bono mensual. La movilización, que suele realizarse todos los miércoles, se desarrollaba de forma pacífica hasta el momento del enfrentamiento.

El periodista Claudio Cardoso, desde el móvil del programa De Una por C5N, describió el accionar de las fuerzas de seguridad: “Hubo empujones de la Policía para con los jubilados en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Los jubilados dieron la vuelta al Congreso como suelen hacer, de manera pacífica. Cuando uno de ellos quería cruzar la calle, automáticamente lo sacaron a los empujones y trataron de llevarlo a la vereda”.

Vallado y corte de tránsito

Cardoso advirtió sobre la rapidez con que los agentes instalaron las vallas para interrumpir la circulación vehicular: “Se apuraron para poner las vallas. Trabajaron con mucha prisa para cortar el tránsito y esto enardeció a una marcha que estaba muy pacífica”.

El operativo generó indignación entre los manifestantes, que reclamaron respeto y denunciaron un uso excesivo de la fuerza. Según testigos presentes, los jubilados fueron desplazados de la calzada hacia las veredas por los agentes.

“Nos empujan, somos jubilados y discapacitados”

“No pueden subir a la vereda. Me empujan. Yo soy libre y puedo ir por donde me plazca. Soy jubilado y discapacitado. Traigo un remedio que lo dejé de tomar 30 días para dárselo a otro jubilado y discapacitado. Nosotros, los jubilados, entregamos los medicamentos y no el Gobierno”, relato un jubilado.

Otro manifestante cuestionó el accionar policial y el despliegue del operativo: “Tienen que ir a buscar a los narcos y no a nosotros. Nos tiran la valla encima. Es un desastre”, afirmó.

Reclamos por haberes y medicamentos

Los jubilados que participan de las movilizaciones semanales reclaman desde hace meses una recomposición de sus haberes y el mantenimiento del bono mensual, que consideran insuficiente frente al aumento del costo de vida. Además, exigen que se garantice el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad no emitió un comunicado oficial sobre el operativo ni sobre los incidentes registrados frente al Congreso.

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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