CABA
La Corte dispuso la vuelta «escalonada» a Tribunales
Rige para todos los tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires, pero mantuvo la restricción de funcionamiento para los juzgados de primera instancia que funcionarán la semana entrante.
La Corte Suprema de la Nación levantó hoy la feria judicial extraordinaria para todos los tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires, pero mantuvo la restricción de funcionamiento para los juzgados de primera instancia, en atención a las medidas que apuntan a contener la propagación del coronavirus.
A través de la Acordada 27/20 dictada hoy, la Corte aclaró que el próximo lunes, salvo que disponga lo contrario, también comenzarán la actividad habitual para los juzgados de primera instancia, que deberán priorizar el trabajo remoto con la utilización de herramientas digitales.
No obstante la apertura, el máximo tribunal mantuvo las licencias excepcionales para magistrados, funcionarios y empleados que formen parte de los grupos de riesgo, que seguirán prestando servicio en sus tribunales mediante las herramientas remotas, se indicó.
Los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti establecieron también que se suspendan los plazos procesales entre el 18 de julio y el 3 de agosto, y que dichos plazos se reanuden automáticamente a partir del 4 de agosto.

Los magistrados aclararon que esta suspensión de los plazos no resultará aplicable a las causas en que las que hubiera dispuesto la habilitación de la feria, como ocurrió en numerosos expedientes.
La medida dispuso del mismo modo que las cámaras federales que aún no fueron habilitadas deberán enviar un informe a la Corte antes del 23 de julio, evaluando «la posibilidad de disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria a partir del 27 de julio» para que el máximo tribunal decida si corresponde la reapertura.
Entre los tribunales que desempeñarán su actividad a partir de hoy figura la propia Corte, para la que se declaró concluido el receso extraordinario, durante el que, con habilitación de días y horarios, dictó centenares de resoluciones.
La feria judicial extraordinaria comenzó hace cuatro meses, cuando la Corte, en sintonía con la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y el decreto de necesidad y urgencia 297/20, dispuso mediante la Acordada 6/20, varias veces prorrogada, el receso como medida para prevenir el contagio del virus.
En la acordada 27/20, firmada de manera digital por todos sus miembros, la Corte tuvo en cuenta que, por DNU 605/20 el Poder Ejecutivo Nacional decidió mantener el «aislamiento social preventivo y obligatorio» hasta el 2 de agosto.
Reseñó que el criterio que «guía» al máximo tribunal, «como cabeza de un Poder del Estado» es «lograr el mayor aumento del servicio necesario para la comunidad compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y de aquellos que concurren a recibirlo».
En las últimas semanas, también por acordadas, se había dispuesto el levantamiento de la feria judicial extraordinaria para numerosos tribunales de primera y segunda instancia con asiento en distintas provincias.
En sucesivas acordadas, el máximo tribunal fue habilitando distritos judiciales con baja circulación del virus, como Salta, Comodoro Rivadavía, La Rioja, Mar del Plata y Catamarca, entre otros, que previamente fueron consultados sobre la conveniencia o no de reanudar la actividad.
Las excepciones puntuales alcanzaron a 14 provincias desde el inicio de la feria extraordinaria, que fueron volviendo a la actividad presencial, mayormente en juzgados federales con menor circulación de personas y expedientes, aunque con protocolos sanitarios y la recomendación de dar prioridad a las herramientas digitales.
Ahora, se decidió levantar la feria para todos los tribunales orales y cámaras federales que aún no habían sido habilitados y en caso que algún tribunal interponga oposición «fundada», resolverá la medida pertinente.
La decisión coincide con el reclamo de los colegios y agrupaciones de abogados que venían insistiendo con que se reanudara la actividad, aunque con protocolos y normas sanitarias.
Como un camino hacia una mayor apertura de la dinámica judicial, la Corte recordó por último la necesidad del «empleo prioritario de las herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de atención al público y la observancia por parte del personal judicial de las medidas de prevención, higiene y movilidad».
CABA
Con el techo por el piso: en CABA el ingreso laboral promedio apenas supera la línea de pobreza
El ingreso promedio de la ocupación principal en la Ciudad de Buenos Aires fue de $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, apenas $21.450 por debajo de los $1.687.299 que necesita una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda para no caer en la pobreza. Los trabajadores informales perdieron casi 28 puntos frente a la inflación interanual.
En la Ciudad de Buenos Aires, trabajar ya no garantiza no ser pobre. El ingreso promedio de la ocupación principal alcanzó los $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, mientras que en septiembre una familia tipo de cuatro integrantes, propietaria de su vivienda, necesitó $1.687.299 mensuales para superar la línea de pobreza. La diferencia entre ambas cifras es de apenas $21.450: una brecha tan angosta que cualquier imprevisto, cualquier suba de tarifas o cualquier mes de bajo rendimiento laboral puede empujar a una familia a la otra orilla.
Los datos fueron publicados este jueves 8 de octubre de 2026 por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), como parte del informe de inflación y condiciones de vida de septiembre. Un análisis de Romina Piccirillo, candidata a secretaria gremial de la Lista 1 de la CTA Ciudad, advierte que la brutal caída del salario real forma parte de un proceso de vaciamiento del Estado que atraviesa universidades, administración pública, escuelas y empresas estatales.
La trampa de los números: trabajar no alcanza
La línea de indigencia para esa misma familia tipo se ubicó en $925.941 mensuales en septiembre. Es decir, para no caer en la indigencia hace falta ganar más de $925.000, y para no ser pobre, casi $1.690.000. El ingreso promedio laboral se encuentra en el límite exacto entre la subsistencia y la pobreza.
El ingreso total familiar promedio, que incluye todos los ingresos percibidos por los miembros del hogar, fue de $2.574.524. Ese número más abultado no cambia la fotografía de fondo: la mayoría de los trabajadores porteños depende de que múltiples integrantes del hogar aporten ingresos para mantenerse por encima de la línea de pobreza, lo que pone en evidencia que el ingreso individual es estructuralmente insuficiente.
Los formales pierden 9 puntos; los informales, casi 28
El IPCBA registró una variación interanual del 32,9% en septiembre de 2026 respecto del mismo mes del año anterior. Frente a ese nivel de inflación, los ingresos de los trabajadores formales, es decir, quienes tienen descuento jubilatorio, cayeron 9,1 puntos porcentuales en términos reales.
La situación de los trabajadores informales es considerablemente más grave. Entre los asalariados sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio quedó casi 27,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual. Esa brecha no es solo una diferencia estadística: es la expresión cotidiana de la desprotección de quienes trabajan sin cobertura social, sin aportes y sin ninguna red de contención ante el deterioro del poder de compra.
Empleados y agotados: el mercado laboral porteño en cifras
La tasa de actividad en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 64,5% y la desocupación se ubicó en el 7,2%. Pero la lectura superficial de esos datos esconde una realidad más compleja: tener empleo no es sinónimo de bienestar. El 26,3% de las personas ocupadas trabaja más de 45 horas semanales, y el 13,3% tiene más de una ocupación. La pluriempleo y la sobreocupación no son señales de dinamismo económico; son el síntoma de una economía que obliga a los trabajadores a multiplicar sus horas para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
«La pérdida de ingresos obliga a trabajar cada vez más horas para poder llegar a fin de mes. Por eso, discutir el salario también es discutir nuestro tiempo: cuánto tenemos que trabajar para vivir y cuánto tiempo nos queda para nuestra vida. Defender el salario es defender el derecho a una vida digna», planteó Piccirillo en su análisis.
El vaciamiento como política
Desde la CTA Ciudad, Piccirillo enmarcó el deterioro salarial en un proceso más amplio: «La brutal caída del salario es parte de un proceso de vaciamiento de lo público que atraviesa las universidades, el Estado, la administración pública, las escuelas y las empresas públicas.» La lectura sindical apunta directamente al modelo económico del gobierno de Javier Milei, cuya política de ajuste fiscal recortó en términos reales el gasto primario total un 31%, los programas sociales un 61% y los salarios públicos un 29% desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
El cuadro que emerge de los datos del IDECBA no es el de una economía en recuperación, sino el de una Ciudad donde el ingreso laboral promedio roza la línea de pobreza, los informales pierden casi tres veces más poder adquisitivo que los formales, y una proporción creciente de trabajadores necesita emplearse en más de un trabajo para llegar a fin de mes.
Lo que tenés que saber:
- El ingreso promedio de la ocupación principal en CABA fue de $1.665.849 en el 2º trimestre de 2026, apenas por debajo de los $1.687.299 necesarios para superar la línea de pobreza de una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda.
- Los trabajadores formales perdieron 9,1 puntos porcentuales de poder adquisitivo frente a la inflación interanual del 32,9%; los informales, casi 27,7 puntos.
- El 26,3% de los ocupados trabaja más de 45 horas semanales y el 13,3% tiene más de una ocupación.
- La tasa de actividad en CABA fue del 64,5% y la desocupación del 7,2% en el período analizado.
- La CTA Ciudad vincula el deterioro salarial con el vaciamiento del Estado impulsado por el gobierno de Milei, que recortó programas sociales un 61% y salarios públicos un 29% en términos reales desde diciembre de 2023.
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