Este lunes, las familias que habitan en Solís 1835/39/41/45 se movilizaron de conjunto con organizaciones que acompañan su lucha, a las 10hs a Talcahuano 490, sede del Juzgado Civil y Comercial N° 93, a cargo de la Dra. Paula Andrea Castro.

Al cumplirse una semana del desalojo que ordenara dicha jueza, les vecines reiteraron el pedido que ya hicieran en el expediente: una audiencia urgente previa a cualquier innovación. Cabe recordar que el desalojo pudo ser suspendido el lunes pasado gracias a la resistencia de las familias, la presencia de organizaciones y la presión mediática. Sin embargo, se firmó un acta en el que las familias están obligadas a dejar el lugar este jueve 22 de septiembre.

Les vecines se ven obligades a movilizar dada la no respuesta de la jueza ante el pedido de audiencia. Exigen que a través de la misma, se reconozca la situación particular de cada una de las familias y se de tiempo para que se trabaje en una solución habitacional para cada una de ellas, que de hecho se plantean una salida colectiva. Cabe destacar que en el inmueble habitan decenas de niñes escolarizades, adultes mayores y personas discapacitadas. A su vez, cada grupo inquilino pagó un alquiler hasta el mes pasado y hay personas que habitan el inmueble de buena fe de hace más de 20 años.

Responsabilizamos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la integridad física y emocional de les habitantes de Solís 1839/41/43 y exigimos que se dispongan todos los medios necesarios para que se garantice el derecho a una vivienda digna y definitiva de quienes hoy ven como destino posible la calle.

A su vez, en el marco de la crisis económica y social que atravesamos como sociedad, exigimos al gobierno nacional de Alberto Fernández la suspensión de todo proceso de desalojo hasta tanto se resuelva la emergencia habitacional. Al estado en su conjunto, inquilinxs y habitantes demandamos el fin de la vivienda como negocio y especulación.