Unas 40 personas fueron desalojadas este viernes por Policía de la Ciudad tras ingresar a dos edificios de departamentos que permanecen deshabitados y que forman parte del complejo habitacional Padre Mugica, en Villa Lugano, en reclamo de la entrega de las viviendas al Gobierno porteño.

La situación comenzó ayer, en las plateas 12 y 13 del complejo ubicado en Zelarrayán al 6800, y terminó esa tarde con un operativo policial que registró momentos de tensión y sobre el que algunos vecinos aseguraron que hubo violencia sobre una mujer embarazada.

Fuentes oficiales porteñas informaron que el personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que regula la política habitacional, «realizó un trabajo con las familias» que permanecían dentro de los departamentos «las cuales accedieron a retirarse», tras lo cual se procedió a iniciar tareas para «tapiar» los ingresos.

Además, señalaron que no existió «una orden de desalojo» desde la Justicia porteña, y que el personal de la Policía de la Ciudad cumplió «tareas de prevención» que fueron indicadas desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Eugenio Burzaco.

El ingreso de los ocupantes a los edificios generó que desde la medianoche se hiciera presente personal de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar.En tanto, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34, a cargo de Adriana Bellavigna, dispuso mantener la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.

Un vecino de la zona, Adolfo, dijo este mediodía en diálogo televisivo que «estas viviendas son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda, y son personas que necesitan una vivienda».

«Es una asignatura pendiente de varios gobiernos, que no pudieron atender esos requerimientos, las personas se desbordaron y decidieron ocupar las viviendas, es la inequidad del Estado», agregó.

En tanto, un hombre que salió por sus propios medios del edificio 12 aseveró que se retiró con la promesa de los representantes del IVC, de darles una noche de hotel y de que el lunes retomarían el diálogo para buscar una solución al reclamo habitacional.

«Un representante del IVC tomó nota de los datos», dijo en relación a la información de las personas que intentaron ocupar los edificios.

El interlocutor, que mantuvo en anonimato su identidad, afirmó que él no vive en el complejo, que es de Santiago del Estero, que vino a la Ciudad en búsqueda de trabajo, y que estaba residiendo en la casa de un familiar, a unas 20 cuadras del complejo.

Según denunciaron vecinos de la zona, los efectivos de Infantería de la Policía de la Ciudad retiraron por la fuerza a algunas de las personas que permanecían dentro de los edificios, entre las cuales había una mujer embarazada y otra con un niño.

«Arrastraron a mi prima que está embarazada», afirmó un hombre que estaba en cercanías de los edificios 12 y 13, que fueron desocupados por los agentes de Infantería pasadas las 16.

Antes del operativo policial, el Gobierno porteño informó que «los edificios tomados por los vecinos no están en condiciones de habitabilidad».

Desde el IVC indicaron que el complejo «fue construido por el programa Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos nacionales».

«La selección de la empresa constructora estuvo a cargo del Gobierno nacional, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no formó parte en ningún momento del proceso de licitación», aclararon, y agregaron que los departamentos se entregaron en 2012.

También indicaron que con los años «empezaron a aparecer una serie de problemas asociados a la mala construcción como filtraciones, humedades o problemas en las cañerías», por lo cual el IVC «realizó obras de emergencia para prevenir posibles daños».

«Actualmente, el IVC está en proceso de licitación para finalizar la construcción de los edificios que no se encuentran en condiciones de habitabilidad», consignaron, y aclararon que «las personas que usurparon estas viviendas no son las destinatarias finales de las mismas. Son vecinos del mismo barrio Mugica» y de otras zonas aledañas.

La necesidad de una solución habitacional

Frente a la situación que se registró en Villa Lugano, el bloque de Unión por la Patria en la Legislatura porteña insistió en el tratamiento de un proyecto que plantea la creación de un «Plan Integral de Puesta en Valor del Complejo Habitacional Padre Mugica».

La iniciativa, de la diputada Claudia Neira, data de 2021 y fue nuevamente presentada hoy para «elaborar el diseño y la ejecución de las acciones necesarias para la recuperación y puesta en valor del complejo con el fin de garantizar un hábitat seguro y saludable»

.»Se requiere una definición drástica del Estado en relación con este barrio, que implique un involucramiento concreto en las soluciones», destacó Neira sobre la situación del complejo habitacional.

En ese sentido, destacó que la propuesta contempla «un abordaje integral del barrio que no sólo incluya más presencia policial, de modo permanente y planificado, sino también la recuperación de los espacios públicos, más iluminación, mejora en los espacios comunes, en la limpieza y en el mantenimiento y su economía».

«Proponemos, como lo venimos haciendo desde hace años en múltiples ámbitos, la recuperación del barrio y pare ello será necesario un diagnóstico patológico de las estructuras ya que la situación de abandono es de tal magnitud que será necesario evaluar si son recuperables o si son necesarias obras nuevas», agregó.

Por su parte, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, expresó que el Gobierno porteño «no cumplió con la entrega de las viviendas ni con su rol de custodia», luego de que 40 personas fueran desalojadas por personal policial tras ingresar a dos edificios del complejo habitacional Padre Mugica, en Villa Lugano.

«Dos plateas (que son la 12 y la 13) -que están deshabitadas hace más de diez años-, hoy tuvieron un intento de toma», explicó Muiños y enfatizó que «hace diez años estaban en condiciones de habitabilidad con todo su equipamiento intacto y estructuralmente bien».

«Después de diez años de abandono por parte del Gobierno de la Ciudad, hace por lo menos cinco años se empezaron a llevar todo el equipamiento que estaba adentro. Hoy son estructuras vacías, no hay nada adentro de esas viviendas. No hay conexión de gas, no hay luz, no hay inodoros», puntualizó.

Además, Muiños agregó que «esas viviendas estaban para adjudicar hace más de diez años, el Gobierno de la Ciudad no avanzó sobre esa adjudicación y dejó que se deteriorara la estructura. No cumplió ni con la entrega de viviendas, ni con su rol de custodia».

También la Defensora de la Ciudad manifestó que «no queda claro quiénes son los impulsores de la toma» y todavía «no tenemos precisiones», pero que hasta el momento «no hay ningún detenido».