CABA
Desalojaron al Tercer Malón de la Paz, a pesar de que iban a levantar el acampe
El innecesario y prepotente operativo de la Policía porteña se produjo este sábado a las 6 de la mañana, luego de que el grupo anunciara que iban a levantar todo para volver a la provincia de Jujuy.
El Gobierno de la Ciudad realizó esta mañana un operativo de desalojo a los integrantes del Tercer Malón de la Paz que iban a levantar hoy el acampe que mantienen hace cuatro meses en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, en rechazo a la reforma constitucional de Jujuy que fue impulsada por el exgobernador de esa provincia, Gerardo Morales.
«En la Ciudad asumimos un compromiso con los vecinos: ordenar el espacio público para que puedan volver a disfrutarlo. No da lo mismo avasallar los derechos de otros que apostar a una convivencia respetuosa. Vamos a seguir por este camino del orden», sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un comunicado de prensa difundido esta mañana.
Según se explicó en el comunicado, el gobierno porteño «desalojó esta mañana pacíficamente la ‘ranchada’ ubicada en la Plaza Lavalle donde decenas de personas ocupaban ilegalmente el espacio público» desde hace cuatro meses.
En tanto, integrantes del Tercer Malón informaron que el desalojo se produjo a las 6 de la mañana por parte de efectivos de la Policía porteña, justo en la jornada que habían anunciado iban a levantar el acampe para volver a la provincia de Jujuy.
«Vinieron a demostrar que nos echaban, pero ya estaba definido que nos íbamos hoy. Vinieron para presionar. Entró la Infantería a tomar posesión de la plaza y nos dijeron que no podíamos estar ahí», explicó a Télam el integrante del Tercer Malón, Desiderio Olmos.
El grupo se encuentra aún en la Plaza Lavalle aguardando el micro que ya tenían contratado para volver a Jujuy.
«Retornamos a Jujuy porque necesitamos volver a nuestras casas en un contexto donde esa reforma se sigue legitimando por lo cual insistimos en que se declare su nulidad», agregó Olmos.
Un informe de la Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy, que fue creada para recopilar denuncias sobre los casos de violencia institucional que se sucedieron en la provincia durante las protestas que se originaron a raíz de la promulgación de la Constitución, fue «lapidario en materia de criminalización de la protesta y muestra la ilegalidad de la reforma» que impulsó Morales.
En tanto, desde el Gobierno porteño, advirtieron que la protesta se transformó en «un asentamiento precario» que «generaba malestar a los vecinos y transeúntes».
«Luego, con el correr de los días y con el incremento de personas viviendo ahí, el lugar se había transformado en un asentamiento precario que generaba el malestar de los vecinos y transeúntes», explicaron en un comunicado.
La Policía de la Ciudad actuó con el apoyo de personal de Espacio Público e Higiene Urbana y operadores del BAP levantaron el asentamiento.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, aseguró que están trabajando para «fortalecer el orden en el espacio público» y que la prioridad es «cuidar a todos los porteños».
«Hoy lo hicimos posible a partir de trabajo articulado y con una firme convicción de trabajar para que la Ciudad tenga orden: Eso es lo que nos pidió el Jefe de Gobierno y así lo estamos instrumentando”, dijo Wolff en el comunicado.
Finalmente, el secretario de Seguridad y jefe de Policía Diego Kravetz indicó que «gracias al gran profesionalismo de la Policía de la Ciudad» lograron «liberar el espacio público que estaba tomado hace más de cuatro meses»:
«Por orden y decisión política, a partir de ahora Plaza Lavalle vuelve a ser de todos los vecinos», concluyó Kravetz.
CABA
Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once
Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.
Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once
★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.
Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.
Una organización que nació de la resistencia
La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.





«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.
El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».
El patrón: más fuerza, menos derechos
El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.
Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.
Una «Ley Beatriz» que nunca llegó
El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.
El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.
Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?
Puntos clave
- Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
- La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
- El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
- El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
- La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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