CABA
Desalojaron al Tercer Malón de la Paz, a pesar de que iban a levantar el acampe
El innecesario y prepotente operativo de la Policía porteña se produjo este sábado a las 6 de la mañana, luego de que el grupo anunciara que iban a levantar todo para volver a la provincia de Jujuy.
El Gobierno de la Ciudad realizó esta mañana un operativo de desalojo a los integrantes del Tercer Malón de la Paz que iban a levantar hoy el acampe que mantienen hace cuatro meses en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, en rechazo a la reforma constitucional de Jujuy que fue impulsada por el exgobernador de esa provincia, Gerardo Morales.
«En la Ciudad asumimos un compromiso con los vecinos: ordenar el espacio público para que puedan volver a disfrutarlo. No da lo mismo avasallar los derechos de otros que apostar a una convivencia respetuosa. Vamos a seguir por este camino del orden», sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un comunicado de prensa difundido esta mañana.
Según se explicó en el comunicado, el gobierno porteño «desalojó esta mañana pacíficamente la ‘ranchada’ ubicada en la Plaza Lavalle donde decenas de personas ocupaban ilegalmente el espacio público» desde hace cuatro meses.
En tanto, integrantes del Tercer Malón informaron que el desalojo se produjo a las 6 de la mañana por parte de efectivos de la Policía porteña, justo en la jornada que habían anunciado iban a levantar el acampe para volver a la provincia de Jujuy.
«Vinieron a demostrar que nos echaban, pero ya estaba definido que nos íbamos hoy. Vinieron para presionar. Entró la Infantería a tomar posesión de la plaza y nos dijeron que no podíamos estar ahí», explicó a Télam el integrante del Tercer Malón, Desiderio Olmos.
El grupo se encuentra aún en la Plaza Lavalle aguardando el micro que ya tenían contratado para volver a Jujuy.
«Retornamos a Jujuy porque necesitamos volver a nuestras casas en un contexto donde esa reforma se sigue legitimando por lo cual insistimos en que se declare su nulidad», agregó Olmos.
Un informe de la Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy, que fue creada para recopilar denuncias sobre los casos de violencia institucional que se sucedieron en la provincia durante las protestas que se originaron a raíz de la promulgación de la Constitución, fue «lapidario en materia de criminalización de la protesta y muestra la ilegalidad de la reforma» que impulsó Morales.
En tanto, desde el Gobierno porteño, advirtieron que la protesta se transformó en «un asentamiento precario» que «generaba malestar a los vecinos y transeúntes».
«Luego, con el correr de los días y con el incremento de personas viviendo ahí, el lugar se había transformado en un asentamiento precario que generaba el malestar de los vecinos y transeúntes», explicaron en un comunicado.
La Policía de la Ciudad actuó con el apoyo de personal de Espacio Público e Higiene Urbana y operadores del BAP levantaron el asentamiento.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, aseguró que están trabajando para «fortalecer el orden en el espacio público» y que la prioridad es «cuidar a todos los porteños».
«Hoy lo hicimos posible a partir de trabajo articulado y con una firme convicción de trabajar para que la Ciudad tenga orden: Eso es lo que nos pidió el Jefe de Gobierno y así lo estamos instrumentando”, dijo Wolff en el comunicado.
Finalmente, el secretario de Seguridad y jefe de Policía Diego Kravetz indicó que «gracias al gran profesionalismo de la Policía de la Ciudad» lograron «liberar el espacio público que estaba tomado hace más de cuatro meses»:
«Por orden y decisión política, a partir de ahora Plaza Lavalle vuelve a ser de todos los vecinos», concluyó Kravetz.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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