La agrupación vecinal «Devoto Unido» presentó un proyecto en la Legislatura porteña para frenar el «boom» de emprendimientos inmobiliarios en el barrio, atribuido a un fenómeno de «construcciones especulativas» que impacta a una zona caracterizada por tener casas bajas.

La iniciativa abarca el polígono comprendido por las avenidas San Martín, General Paz y Francisco Beiró, y se lleva a cabo para retrotraer los topes establecidos de las construcciones tal como estaban antes de la sanción del Código Urbanístico del 2018, que amplió los límites de las edificaciones en todo el distrito, incluidos barrios residenciales, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

«El proyecto surge a causa de los múltiples reclamos de vecinos y vecinas que solicitamos readecuar diversos aspectos de la normativa urbanística vigente que ponen en riesgo tanto las características identitarias de nuestro lugar de pertenencia, como la calidad de vida de todos los habitantes», explicaron.

Además, señalaron «a pesar de las diversas instancias de participación y diálogo que hemos promovido en nuestra Comuna con objeto de abordar esta compleja problemática ambiental, social y económica de impacto colectivo, no hemos logrado sentirnos escuchados por las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

Por ello, elaboraron la iniciativa parlamentaria con el apoyo de la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de docentes y profesionales de la arquitectura y el urbanismo.

El barrio de Villa Devoto fue uno de los más afectados, junto con Villa Ortúzar y Villa del Parque, por la ola de demoliciones de casas bajas para dejar lugar a nuevas edificaciones en altura a partir de las reformas del Código Urbanístico.

Según un relevamiento, durante mayo y junio 2022, unas 85 propiedades tenían cartel de venta, unas 38 viviendas fueron demolidas y otros 44 predios estaban con alguna obra de construcción.

El fenómeno inmobiliario generó preocupación en los residentes de la zona, quienes advirtieron sobre «el incremento exponencial de la densidad constructiva, que es complementada por la disminución de suelo absorbente privado, la tala indiscriminada de árboles y la reducción de espacios verdes públicos».

También subrayaron «la sustitución del patrimonio histórico y cultural del barrio, por construcciones especulativas sin carácter ni valor artístico, conlleva la destrucción de nuestra identidad barrial».

Como parte del reclamo, la agrupación vecinal presentó el 27 de octubre un amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nro. 21, a cargo de María Soledad Larrea, contra el Gobierno porteño para que sea declarada nula la actual regulación urbanística que rige en el barrio.