CABA
Vecinos contra el boom inmobiliario en Devoto
Presentaron un proyecto en la Legislatura porteña contra el “boom” de construcciones en el barrio, que se iniciaron a partir del cambio del Código Urbanístico que autorizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La agrupación vecinal «Devoto Unido» presentó un proyecto en la Legislatura porteña para frenar el «boom» de emprendimientos inmobiliarios en el barrio, atribuido a un fenómeno de «construcciones especulativas» que impacta a una zona caracterizada por tener casas bajas.
La iniciativa abarca el polígono comprendido por las avenidas San Martín, General Paz y Francisco Beiró, y se lleva a cabo para retrotraer los topes establecidos de las construcciones tal como estaban antes de la sanción del Código Urbanístico del 2018, que amplió los límites de las edificaciones en todo el distrito, incluidos barrios residenciales, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
«El proyecto surge a causa de los múltiples reclamos de vecinos y vecinas que solicitamos readecuar diversos aspectos de la normativa urbanística vigente que ponen en riesgo tanto las características identitarias de nuestro lugar de pertenencia, como la calidad de vida de todos los habitantes», explicaron.
Además, señalaron «a pesar de las diversas instancias de participación y diálogo que hemos promovido en nuestra Comuna con objeto de abordar esta compleja problemática ambiental, social y económica de impacto colectivo, no hemos logrado sentirnos escuchados por las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
Por ello, elaboraron la iniciativa parlamentaria con el apoyo de la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de docentes y profesionales de la arquitectura y el urbanismo.
El barrio de Villa Devoto fue uno de los más afectados, junto con Villa Ortúzar y Villa del Parque, por la ola de demoliciones de casas bajas para dejar lugar a nuevas edificaciones en altura a partir de las reformas del Código Urbanístico.
Según un relevamiento, durante mayo y junio 2022, unas 85 propiedades tenían cartel de venta, unas 38 viviendas fueron demolidas y otros 44 predios estaban con alguna obra de construcción.
El fenómeno inmobiliario generó preocupación en los residentes de la zona, quienes advirtieron sobre «el incremento exponencial de la densidad constructiva, que es complementada por la disminución de suelo absorbente privado, la tala indiscriminada de árboles y la reducción de espacios verdes públicos».
También subrayaron «la sustitución del patrimonio histórico y cultural del barrio, por construcciones especulativas sin carácter ni valor artístico, conlleva la destrucción de nuestra identidad barrial».
Como parte del reclamo, la agrupación vecinal presentó el 27 de octubre un amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nro. 21, a cargo de María Soledad Larrea, contra el Gobierno porteño para que sea declarada nula la actual regulación urbanística que rige en el barrio.
CABA
Rematan otra joya del patrimonio público en Caballito tras un primer intento fallido
El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos. En tanto, el precio mínimo de venta o valor base se estableció en 368,05 millones de pesos. La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
El Gobierno nacional insistió en su política de desfinanciamiento y desguace del patrimonio público al autorizar un nuevo llamado a subasta para desprenderse de un valioso inmueble estatal en el barrio porteño de Caballito. A través de la Resolución 89/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las autoridades avanzaron con la privatización encubierta de esta propiedad; todo esto luego de que el primer intento de remate quedara completamente desierto por la falta de papeles de la única oferente.
El inmueble en cuestión, ubicado en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, cuenta con una superficie de 210 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 184, Parcela 6. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que su valor venal es de 433 millones de pesos (una cifra equivalente a 306.007 dólares según la cotización oficial de 1.415 pesos por dólar al 30 de abril de 2026), mientras que el valor base de subasta se fijó en apenas 368,05 millones de pesos (unos 260.160 dólares), lo que representa una clara rebaja para facilitar la entrega de los recursos de todos los argentinos.
Un proceso flojo de papeles
La normativa de la AABE declaró desierto el llamado previo (identificado como Subasta Pública 392-0093-SPU25) e instruyó la apertura inmediata de un nuevo expediente bajo el número 392-0036-SPU26. En aquella primera convocatoria, realizada en febrero de 2026, la única persona que se inscribió (Victoria Celia Laguia Rugna) fue declarada inadmisible por no dar cumplimiento a los requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La urgencia oficial por hacer caja con la infraestructura del país quedó en evidencia al relanzar el proceso bajo el mismo procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificando apenas el pliego de bases y condiciones. Según el texto oficial, los fondos que se recauden por la venta (deducidos los gastos del proceso) se afectarán según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382/12, el marco de gestión de bienes inmuebles del Estado que regula la distribución de estos recursos entre el Tesoro Nacional y los organismos que originalmente los cedieron. El cronograma definitivo de inscripción y la fecha exacta del acto de remate se publicará en las próximas semanas en el sistema de gestión electrónico COMPR.AR.
Puntos clave
- La AABE autorizó un nuevo llamado a subasta pública para la venta de un inmueble estatal en Caballito.
- El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos.
- El precio mínimo de venta o valor base de la subasta se estableció en 368,05 millones de pesos.
- La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
- Los fondos obtenidos serán distribuidos entre el Tesoro Nacional y los organismos cedentes según el Decreto 1.382/12.
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