CABA
Una urbanización de cartón
Las problématicas del barrio Padre Mugica en la voz de sus vecinos y vecinas.
Por taller de periodismo de la Corriente Villera Independiente
Los vecinos y vecinas del barrio Padre Mugica enfrentan todos los días problemáticas habitacionales, de salud, de infraestructura que aún están lejos de ser resueltas y que cuando mejoran es por la intervención de la comunidad que se organiza para exigir soluciones.
El proceso de urbanización del barrio, llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no generó una integración socio urbana sino que levantó un muro que invisibiliza la realidad.
Salud
En el barrio hay tres Centros de Salud, los Cesac 21, 25 y 47. Sin embargo, la atención no es suficiente y la cantidad de turnos que se brindan por día no llega a cubrir la demanda.
“La cantidad de población del barrio es mucho mayor de la cantidad de médicos que somos, somos cinco pediatras, las dos que estamos a la mañana cubrimos demanda espontánea y vemos más de quince pacientes por día cada una, por la tarde damos los turnos programados. La solución sería que haya más profesionales”, expresó Agustina Santoni, médica del Cesac 47.
Antonella Pelusso, que practica medicina general en el mismo Centro de Salud, manifestó que “el equipo médico está muy integrado pero las tres salitas no son suficientes para atender a todo el barrio, faltan profesionales y especialidades. Haría falta un hospital”.

En la puerta del Cesac un grupo de vecinos y vecinas espera, uno de ellos cuenta que “hay muy pocos turnos por día, sobre todo para las especialidades de pedriatría, ginecología y odontología. El maltrato que recibimos del personal administrativo y de seguridad es tremendo”.
Riesgo eléctrico y cloacas
El problema de la electricidad es sistemático y se vive diariamente con los cortes, quema de cables de alta tensión, la rotura permanente de artefactos electrodomésticos y la pérdida de vidas humanas y heridos.
La falta de obras en el tendido electrónico y la falta de iluminación en el puente peatonal del sector Cristo Obrero representan un peligro para todos y todas.

Juan es vecino del barrio y perdió todos sus materiales de trabajo cuando se le prendió fuego la casa, dijo: “Mi casa se quemó a las tres de la mañana, perdí todo, menos mal que no murió mi familia. Esto se hubiera evitado si el gobierno hubiese cambiado los cables de alta tensión”.
Las cloacas siguen estando en pésimas condiciones por falta de infraestructura y mantenimientos. El presupuesto destinado para la obra “Ejecución, rehabilitación, mantenimiento e intervención puntual en viviendas del barrio 31”, que el gobierno de la Ciudad dio a conocer el 5 de septiembre mediante la RESOLUCIÓN Nº 197/UPEUBPCM/22, cuenta con un monto aproximado de 1.076 millones 204 mil pesos dividido en tres lotes de 350 millones con un plazo de ejecución para cada uno de 365 días corridos. Pese a esto los problemas continúan y los vecinos y vecinas del barrio siguen sin mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, las problemáticas continúan y las soluciones de fondo no llegan. Se han recibido constantes denuncias de los vecinos debidos a los continuos cortes de energía y agua. En relación a las viviendas nuevas, que forman parte del proceso de “urbanización”, sus paredes están hechas de materiales no aptos para el uso permanente además de estar recubiertas con láminas de chapa.
El camino de lucha por la urbanización definitiva del barrio Padre Mugica sigue abierto mientras los vecinos y vecinas se organizan para resolver las problemáticas presentes en el día a día.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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