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Salud en CABA: sin cirugías por falta de aire acondicionado en quirófanos

«Los pacientes se descomponían. El jueves pasado enviamos una nota y suspendimos las operaciones generales, únicamente se hicieron el viernes dos o tres cirugías de urgencia», denunciaron.

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Trabajadores de salud de hospitales porteños denunciaron esta semana la suspensión de más de 20 cirugías diarias debido a las altas temperaturas dentro de los quirófanos por la falta de mantenimiento de los aires acondicionados, y anunciaron que, de no tener respuesta del Gobierno de la Ciudad, se movilizarán en los próximos días.

«La problemática esta sucediendo en la mayoría de los hospitales, pero especialmente en el Hospital Durand y el Hospital Oftalmológico Lagleyze. En el verano se sufre mucho y se tuvieron que suspender operaciones», denunció el delegado de ATE Héctor Ortiz en declaraciones para Télam.

Ortiz, que se desempeña como enfermero en el Hospital Durand, sostuvo que la administración porteña «no hace nada» y se repiten los problemas porque «ni al ministro de Salud, Fernán Quirós, ni al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta les interesa la salud pública».

ATE anunció que, de no tener respuestas sobre la renovación de los equipos, se movilizarán la semana que viene frente al Hospital Durand, sumando a todas las agrupaciones posibles.

Desde la delegación de ATE en el Durand acusaron de «crueldad» al Gobierno porteño, al advertir que «la falta aire acondicionado en las salas de internación provoca que los pacientes se descompensen».

«El que más sufre es el enfermo, el que está recién operado o internado grave; si no funciona el aire la sala es un horno», sostuvo Ortiz.

Por su parte, los trabajadores del Hospital de Oftalmología Lagleyze, ubicado en el barrio Villa General Mitre, ya habían denunciado esta situación el 16 de enero pasado.

ATE, Sutecba y UPCN habían reclamado en enero que debido al mal funcionamiento del equipo de aire acondicionado de los quirófanos central y de guardia del Lagleyze fue necesario suspender las cirugías pasibles de reprogramarse por «el riesgo a la integridad física del paciente y del personal».

La técnica en Cardiología y delegada de ATE en el Lagleyze Myriam Murúa relató que el viernes pasado se volvió a dar esta misma situación y tuvieron que suspender otra vez las operaciones porque no se podía seguir trabajando sin ventilación en ambos quirófanos.

«Los pacientes se descomponían. El jueves pasado enviamos una nota y suspendimos las operaciones generales, únicamente se hicieron el viernes dos o tres cirugías de urgencia», indicó.

En el Lagleyze se hacen un promedio de 20 a 28 operaciones diarias, con lo cual el viernes pasado se suspendieron más de 20 cirugías programadas.

La delegada explicó que este problema en ambos quirófanos data desde 2019, antes de la pandemia.

Dentro de un quirófano puede haber hasta cinco pacientes, a los cuales se le suman anestesistas, enfermeras, instrumentistas y médicos, por lo que la cantidad de personas dentro de las salas y las altas temperaturas de diciembre, enero y febrero hicieron imposible llevar a cabo el trabajo normalmente y sin riesgos.

Ortiz señaló que «se cansaron de denunciar» esa situación y opinó que «hay que hacer hincapié en las empresas privadas que ganan millones y no cumplen».

Además, el delegado de ATE indicó que desde la dirección del hospital aseguraron que el Gobierno de la Ciudad no responde sobre el tema.

«Los pacientes vienen para una cirugía y encima de que no salen con la cirugía, porque no se las podemos realizar en estas condiciones, salen descompuestos», añadió Murúa.

La sindicalista explicó que el aire necesario para refrigerar un quirófano no es igual a un aire acondicionado doméstico: esta diseñado para no transportar bacterias dentro de la sala de operaciones.

Para Murúa, los aires acondicionados deben ser cambiados, no arreglados, ya que han sobrepasado su vida útil; explicó además que es la misma empresa que siempre acude a revisarlos, pero que no los logra reparar y se continúa en las mismas condiciones.

Desde el Durand, Ortiz estuvo de acuerdo con que los aires acondicionados son viejos y hace años que tienen estos problemas, por lo tanto demandó que el Ministerio de Salud porteño compre nuevos.

Entre los problemas estructurales, edilicios y de vaciamiento de los centros de salud porteños, desde ATE denunciaron también esta semana una plaga de ratas en el Hospital de Gastroenterología Udaondo, ubicado en Parque Patricios.

«Hay empresas privadas que tienen que encargarse de eso; del mantenimiento, de limpieza; de seguridad y del arreglo de aires acondicionados. Pero nunca alcanza y no dan abasto, pero ganan una fortuna», denunciaron.

Los problemas acarreados por las empresas tercerizadas por el Gobierno porteño en los hospitales son trasversales a todos los servicios y áreas de salud.

Murúa explicó que también en su propio hospital la empresa que hace mantenimiento de los ascensores «revisa y no hace nada».

«Se descompuso tres o cuatro veces el ascensor de las camillas con gente adentro. Los ascensores no funcionan y la gente con silla de ruedas no pueden subir», subrayó.

La delegada de ATE invitó a las autoridades de la Ciudad a visitar a los servicios de salud para que «vean todo lo que está mal».

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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