AMBA
Presentan proyecto para modificar la ley de alquileres
La iniciativa propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
Diputados del Frente de Todos (FdT), encabezados por José Luis Gioja, formalizaron hoy la presentación de un proyecto para modificar la ley de alquileres, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, y que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.
La iniciativa impulsada por Gioja propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios.
Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
«Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación», sostuvo Gioja en los fundamentos de la iniciativa.
El exgobernador de San Juan agregó que «pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler».
La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo).
De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.
Para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, Gioja propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
Establece además la necesidad de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Asimismo, plantea que los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos.
Este régimen de beneficios regirá por los próximos 15 periodos fiscales anuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto de Gioja tiene dos objetivos, «por un lado, mejorar el acceso a la vivienda y, por el otro, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos», según se informó.
La iniciativa del legislador sanjuanino es acompañada además por los diputados del FdT: Eduardo Valdés, Sergio Casas, Rosana Bertone, Jorge Antonio Romero, Carlos Américo Selva, Lía Verónica Caliva, Susana Graciela Landriscini, Dante Edgardo López Rodríguez, Nilda Moyano, Nancy Aracely Sand Giorasi, Juan Carlos Alderete, Estela Hernández, Juan Manuel Pedrini y Alicia Noemí Aparicio.
La necesidad de modificar la ley vigente había sido señalada por el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, al sostener que «necesitamos reconocer que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda».
AMBA
Colectivos: las empresas del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con recortes
Empresarios amenazan con que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.
Colectivos: sigue la puja por los subsidios y los pasajeros siguen de rehenes
Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a encender una señal de alarma: se declararon en estado de emergencia y advirtieron que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.
Un sistema al límite
Las cámaras empresarias señalaron que el sector atraviesa una situación “insostenible” por la suba del combustible y otros gastos operativos. Denunciaron, además, la falta de definiciones concretas por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo se cubrirán esos mayores costos.
Según el propio sector, la deuda en compensaciones supera los $128 mil millones, pese a algunos pagos parciales recientes. En ese marco, remarcaron que vienen sosteniendo el servicio con un fuerte esfuerzo financiero, pero que ese esquema ya no da para más.
El conflicto ya tiene impacto concreto. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos cayó en promedio un 30% en el AMBA, con picos del 40% en las líneas interjurisdiccionales.
Advertencia: menos colectivos en la calle
Entre los principales factores:
- Aumento del precio del gasoil, que pasó de $1.744 a más de $2.100
- Reducción de la flota operativa: 2.359 unidades menos que en 2019
- Falta de actualización en subsidios
Las empresas advirtieron que, sin soluciones, profundizarán las “medidas de racionalización”, lo que en la práctica implica menos frecuencias y mayores tiempos de espera para millones de usuarios.
La pulseada por los subsidios
El trasfondo del conflicto es fiscal. Para sostener el sistema, se necesitaría una inyección adicional de unos $17.500 millones mensuales.
Actualmente, el esquema de financiamiento se reparte así:
- Nación: $7.595 millones
- Provincia de Buenos Aires: $8.155 millones
- Ciudad de Buenos Aires: $1.750 millones
Si ese costo se trasladara a tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, un escenario que suma presión en un contexto social ya golpeado.
Reunión clave con el Gobierno
Las cámaras empresarias confirmaron que el jueves 30 de abril se reunirán con la Secretaría de Transporte de la Nación. Esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre cómo se actualizarán los ingresos del sistema.
El resultado de ese encuentro puede definir si el servicio logra estabilizarse o si el AMBA enfrenta un nuevo deterioro en el transporte público, un engranaje clave para la vida cotidiana de millones de personas.
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