Buenos Aires
Los rugbiers detenidos por el homicidio de Fernando Báez Sosa se negaron a pericias
Los primeros en ser citados fueron Enzo Comelli (22), Máximo Thomsen (22) y Lucas Pertossi (23), quienes tras ser notificados de la metodología de las pericias, se negaron a aportar información y responder las preguntas previstas en las entrevistas, por falta de «confianza» en el proceso judicial.
Los rugbiers acusados de asesinar a golpes al joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020, se negaron a ser sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que habían sido solicitadas por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral, porque aseguraron que no confían en la investigación y que sufren «persecución mediática», informaron este lunes fuentes judiciales.
Desde el último viernes, los imputados comenzaron a ser trasladados por turnos desde la Alcaidía III del penal de Melchor Romero en la que cumplen prisión preventiva, a la Asesoría Pericial de La Plata, y en cada caso rechazaron que se les practicaran las evaluaciones previstas, en línea con el consejo de su defensor, Hugo Tomei.
Las medidas habían sido solicitadas por los abogados que representan a la familia de Báez Sosa (18), Fernando Burlando y Fabián Améndola, y por el fiscal de juicio, Juan Manuel Dávila, en el marco de la instrucción complementaria de cara al debate oral que los ocho acusados por el homicidio deberán enfrentar desde el 2 de enero de 2023, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores.
Los primeros en ser citados fueron Enzo Comelli (22), Máximo Thomsen (22) y Lucas Pertossi (23), quienes tras ser notificados de la metodología de las pericias, se negaron a aportar información y responder las preguntas previstas en las entrevistas, por falta de «confianza» en el proceso judicial.
Durante la jornada de hoy, adoptaron la misma postura Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Ayrton Viollaz (22), Matías Benicelli (22) y Blas Cinalli (20).
«Tengo falta de confianza en la Justicia, debido a las especulaciones y mentiras que se dijeron sobre mi persona, entorno y familia, que me han afectado tanto moral como físicamente», aseguró Comelli ante los peritos oficiales y el perito propuesto por la defensa, Agustín Costa Shaw.
Además, expresó que no deseaba prestar declaración porque «fueron expuestas cuestiones íntimas que obran en el expediente por parte del Dr. (Fernando) Burlando», quien representa a la familia de la víctima.
Thomsen, acusado de ser uno de los que atacó a patadas en el piso a la víctima frente al boliche «Le Brique», en pleno centro de Villa Gesell, señaló por su parte: «No me siento cómodo ni seguro en hacer una evaluación por el hecho de que ya violaron muchas cosas privadas mías y no quiero que vuelva a pasar».
En la misma línea, Lucas Pertossi, que de acuerdo con la instrucción fue quien filmó la secuencia del ataque con su teléfono celular, expresó que su negativa no respondía a «un capricho».
«No poseo confianza en el proceso judicial que se viene llevando a cabo, ya que he padecido persecución mediática y he sido juzgado como ´asesino´ por autoridad judicial», dijo.
Luciano Pertossi, aseguró por su parte: «Cada cosa que hago, me pasa o digo se filtra a los medios y se habla de mí en cualquier lado. No confío que lo que haga o diga repercuta en todos lados, no quiero que pase esto».
Las citaciones para las entrevistas correspondientes a las pericias psicológicas y psiquiátricas continuarán hasta el próximo 18 de marzo, pero por decisión de la defensa, los acusados mantendrán la misma negativa.
Los ocho rugbiers están imputados por el delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», y también por «lesiones leves» sufridas por amigos de Fernando que estaban junto a él la madrugada del crimen.
En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (20) y Alejo Milanesi (21). El juicio por el caso se iniciará el lunes 2 de enero, en plena feria judicial de verano, y se desarrollará a lo largo de 22 jornadas, con la participación de más de 130 testigos.
Las audiencias se realizarán en el Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense, y el TOC 1 estará integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.
De acuerdo con la instrucción del caso, desarrollada por la fiscal Verónica Zamboni, los acusados atacaron a Báez Sosa entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102.
Según Zamboni, los ocho jóvenes «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, y para ello «previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles», luego de que «minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado» con él, «quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos».
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.
Buenos Aires
Desalojo en Chapadmalal: orden judicial y tensión por la posible privatización
La medida fija un plazo de diez días para abandonar el predio y alcanza a unas 50 personas. El complejo, con nueve hoteles históricos, quedó en el centro de una disputa por su concesión a largo plazo y su futuro como espacio de turismo social.
Lo que tenés que saber
- La Justicia ordenó el desalojo del complejo turístico ubicado al sur de Mar del Plata
- Trabajadores que residen en el predio fueron intimados a retirarse en un plazo determinado
- El gremio estatal presentó un recurso para intentar frenar la medida
- El Gobierno impulsa una concesión del lugar para inversión privada
- El histórico espacio fue creado para facilitar vacaciones a familias trabajadoras
Orden judicial y plazo para abandonar el predio
La Justicia bonaerense dispuso el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, ubicado a unos kilómetros de Mar del Plata. La decisión alcanza a trabajadores de mantenimiento que viven en el lugar y que ya recibieron la intimación formal para retirarse.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado estableció un plazo de diez días para que abandonen el predio. En caso de incumplimiento, el procedimiento podría avanzar con intervención de la fuerza pública.
Reacción gremial y presentación judicial
Frente a la medida, el gremio de trabajadores estatales impulsó un recurso de amparo con el objetivo de frenar el desalojo. En paralelo, legisladores plantearon la posibilidad de que el complejo quede bajo administración provincial.
El conflicto se desarrolla en medio de una discusión más amplia sobre el destino del predio y su uso futuro.
Plan de concesión y participación privada
Según información oficial, el Gobierno evalúa otorgar la concesión del complejo por un período prolongado para atraer inversiones. La iniciativa apunta a la restauración de la infraestructura y a reducir costos operativos.
El anuncio de esta estrategia fue realizado semanas atrás por el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Un complejo histórico del turismo social
La Unidad Turística de Chapadmalal fue inaugurada en la década del ’50 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El espacio fue concebido como una política de turismo social destinada a facilitar el acceso a vacaciones para sectores trabajadores.
El predio cuenta con nueve hoteles de tres pisos y se ubica sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. Su construcción se realizó con aportes de la Fundación Eva Perón.
Situación actual y escenario abierto
El proceso judicial y administrativo continúa en desarrollo. Mientras avanza el plazo de desalojo, se mantienen las gestiones gremiales y políticas en torno al futuro del complejo.
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