El juez de la ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo suspendió la audiencia convocada para escuchar argumentos en la causa por el vallado del último fin de semana y la custodia de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.

El magistrado arribó pasadas las 8.30 a la sede donde tenía previsto escuchar desde las 9 los argumentos de las partes antes de resolver la cuestión de fondo de los recursos presentados, pero suspendió el trámite ante el planteo de apartamiento hecho por el Gobierno porteño, informaron a Télam fuentes judiciales.

Además, uno de los citados, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández pidió una postergación por razones de agenda. «La resolución de Gallardo llega después de haber tomado la decisión Nos citaron a una reunión que yo no llegaba hoy», explicó Fernández en declaraciones radiales.

El funcionario nacional detalló que el martes por la noche se presentó un escrito para pedir la postergación de la audiencia y ratificó que lo hecho por el Gobierno «está dentro de la ley y ya está resuelto», al ingresar a la reunión de Gabinete que se desarrolla en la Casa de Gobierno.

Por su parte, el juez Gallardo arribó a la hora prevista para la audiencia en una sede judicial de Suipacha al 100 en el centro porteño pero poco después resolvió suspenderla ante los planteos presentados.

«Es una costumbre del Gobierno de CABA recusarme. El jefe de Gobierno debería empezar a leer la Constitución. No soy ni K ni M», manifestó, y ante el planteo de recusación, el caso quedará a cargo de otro juez del fuero porteño en tanto se defina la continuidad o no de Gallardo.

Los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, habían sido convocados a las 9 a la audiencia luego que el magistrado ordenó como parte de una acción de amparo una medida cautelar que dispuso retiro de vallados y de la custodia de la Policía de la Ciudad de las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, sede de manifestaciones en apoyo a su persona tras el pedido de condena fiscal a 12 años de prisión en la causa Vialidad.

No obstante, D’Alessandro anticipó que no asistiría por considerar que, a partir de la recusación planteada por el Ejecutivo porteño contra el magistrado a cargo de este expediente, «queda sin efecto la audiencia» hasta que se resuelva esa cuestión.

El objetivo de la audiencia era escuchar las posiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño en relación a su actuación y a las medidas dispuestas y también dar lugar a que se exprese la cartera de Seguridad Nacional dado que la custodia de la vicepresidenta depende de las fuerzas federales.

Gallardo ordenó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que «cese en forma inmediata» la «ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación».

Lo hizo en relación a la decisión del Gobierno de CABA de colocar vallados y custodia de la policía ante las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta, a raíz de la acusación en su contra en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

El juez resolvió ante acciones de amparo presentadas por el dirigente social Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.

Gallardo ratificó que en base al régimen legal vigente, «la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales».

Además dejó establecido que «la fuerza federal encargada de la custodia presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso».

El magistrado porteño comunicó a D’Alessandro que la Policía de la Ciudad «deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial».

En tanto, al anunciar que no concurriría a la audiencia, el ministro de Justicia y Seguridad porteño aclaró que «esto no significa que no vaya a haber más instancias de diálogo» sino que «simplemente van a seguir sucediendo en los ámbitos adecuados».

«En todos mis años de funcionario público, jamás había visto a un juez exigirle a un gobierno que su policía deje de custodiar una parte de su territorio. Estoy convencido de que va a primar la cordura», añadió D’Alessandro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Gallardo es titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.