El inicio de agosto pondrá a prueba la estabilidad del plan económico del Gobierno de Javier Milei. Tras una suba del dólar del 7% al 9% en julio, combinada con incrementos en combustibles y tarifas, el interrogante central será cuánto de ese movimiento se trasladará a los precios de bienes y servicios en los próximos días.

Aunque las mediciones privadas no detectaron hasta ahora un pass-through significativo, el escenario puede cambiar rápidamente. Las próximas jornadas estarán marcadas por la reacción de los formadores de precios —industrias, distribuidores y cadenas comerciales— que deberán definir sus estrategias en un contexto complejo, atravesado por la incertidumbre política de cara al proceso electoral.

La suba del dólar y su anclaje en $1.300

Julio comenzó con una paridad cambiaria en torno a los $1.215, pero hacia la segunda quincena se profundizó la volatilidad cambiaria. La decisión del Ministerio de Economía y el Banco Central de eliminar las Letras de Financiamiento (LEFI) liberó $10 billones de liquidez, lo que primero presionó a la baja las tasas de interés y luego empujó la demanda de dólares.

El tipo de cambio tocó el umbral de $1.300, nivel que las autoridades económicas buscan instalar como techo de corto plazo. Según fuentes del sistema financiero, el BCRA opera con fuerza en los mercados de futuros y bonos, interviniendo de manera indirecta para sostener esa cotización.

El economista Ricardo Arriazu respaldó esa estrategia: “El Banco Central tiene las herramientas necesarias para estabilizar el tipo de cambio en torno a $1.300”, sostuvo días atrás. En esa línea, el Gobierno cree que a ese nivel el traslado a precios es «marginal», lo que permitiría sostener la desaceleración de la inflación.

Combustibles y tarifas: otros factores de presión

A la dinámica del dólar se suman los aumentos acumulados en julio en los precios de los combustibles: dos subas del 3,5% y 2,5%, respectivamente, que dejaron un arrastre del 6% en la estructura de costos. Además, desde el 1° de agosto rige una nueva suba en los impuestos a los combustibles, dispuesta por el Decreto 522/2025, que implicará un alza adicional del 1% promedio en surtidores.

También entran en juego los ajustes programados en tarifas de servicios públicos, en particular electricidad y transporte, que forman parte del esquema de segmentación y reducción de subsidios trazado por el Ministerio de Economía.

Con este combo, los primeros días del mes serán decisivos: el modo en que los actores económicos decidan trasladar o absorber estos aumentos marcará la pauta inflacionaria de agosto.

¿Desinflación en peligro?

A pesar de las presiones, las consultoras económicas todavía no detectaron un cambio de tendencia abrupto. Según el último informe de LCG, la variación de precios de alimentos en la cuarta semana de julio fue de 0,2%, con un promedio cuatrisemanal de 1,4%. La consultora Analytica, por su parte, registró una caída del 0,3% en precios de la comida.

Desde Libertad y Progreso, el economista Eugenio Marí señaló: “No vemos un traslado significativo del tipo de cambio, por eso sostenemos una proyección de inflación menor al 2% para julio”.

EcoGo, en tanto, proyecta una inflación mensual de 1,8%, aunque advierte que la clave estará en cómo se mueven los precios minoristas en la primera semana de agosto.

El Gobierno apuesta a consolidar una narrativa de “desinflación persistente”, pero el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Las decisiones de los formadores de precios, influenciadas por factores externos (como el dólar y los combustibles) e internos (como la política monetaria y las expectativas electorales), definirán si esa apuesta se sostiene o tambalea.