Judiciales ⚖️
Un juez ordenó garantizar la integridad física de los manifestantes en la marcha a Lago Escondido
El magistrado de Bariloche respondió esta tarde a un recurso de amparo presentado por los abogados de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua.
El juez de feria Mariano Castro instó hoy al Gobierno de Río Negro a hacerse responsable de «la integridad física» de los manifestantes que participan de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, mientras la columna de militantes denominada «Juana Azurduy» se aprestaba a iniciar un recorrido de nueve kilómetros por agua para llegar hasta ese sitio.
El magistrado de Bariloche respondió esta tarde a un recurso de amparo presentado por los abogados de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca), quienes denunciaron que en el día de ayer entre 15 y 20 peones, que responden a las órdenes del magnate inglés Joe Lewis les impidieron el ingreso al Camino de Tacuifí a una de las columnas de la Marcha Soberana al Lago Escondido.
«Entiendo que los hechos denunciados ameritan adoptar alguna medida preventiva en procura de evitar que se generen situaciones disvaliosas que pongan en riesgo la integridad física de las personas involucradas o de las que pudieran involucrarse», expresó Castro.
El magistrado decidió poner «en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial los hechos denunciados, a fin de que tome la intervención que pudiera corresponderle, en tanto que se han denunciado situaciones que tienen que ver con la seguridad personal de los manifestantes, ocupantes y terceros, de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo».
El amparo quedó radicado en el Juzgado N°3 del juez Santiago Morán, pero al ser presentada durante la feria judicial intervino Castro.
El magistrado se pronunció luego de que el equipo de abogados de Fipca ampliara los hechos denunciados y detallara que la situación había empeorado hoy con la presencia de más de 300 efectivos de la policía de Río Negro.
«Los peones de Lewis electrificaron el portón de hierro en el ingreso a Tacuifí. Las comunicaciones fueron cortadas a tres kilómetros del ingreso a Tacuifí y hay patotas que nos esperan para no dejarnos entrar», dijo el titular de Fipca, Julio César Urien.
La abogada de Fipca, Katerina Menéndez, que esta mañana en el ingreso al Camino de Tacuifí «había una situación un poco más intimidatoria que la vivida en el día de ayer, había fuerzas policiales de Infantería».
La abogada valoró que Castro entendiera «la gravedad de los hechos» denunciados, ya que, en una primera instancia, el juez había considerado que, por una cuestión territorial, era el juzgado de El Bolsón el que debía pronunciarse.
«Nosotros le hicimos saber a Castro que el juzgado de El Bolsón es sistemáticamente recusado por Lewis y su sociedad. Por lo tanto, frente a los hechos graves y urgentes que estaban sucediendo en el portón no podíamos llevar un amparo a un juez que va a entrar en un proceso de recusación», explicó Menéndez.
A la vez, contó que le solicitaron que «en vez de resolver la competencia territorial, resolviera sobre el fondo de la situación que tiene que ver con el grave riesgo de vida, de no solo los que estamos en el portón marchando sino también la columna de montaña que viene».
También Urien calificó como «un paso positivo» la resolución y destacó que a Castro «le quedó clara la gravedad de la situación porque hay peligro de vida frente a la violencia demostrada por los partidarios de Joe Lewis».
De esa manera, valoró que el juez exhortara «al Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro a que garantice la seguridad y la vida de todos los ciudadanos que van a ingresar por el camino de Tacuifí y a los compañeros que vienen por la otra columna, que también quieren regresar por el camino de Tacuifí».
Con dos columnas de manifestantes, la séptima Marcha por la Soberanía se propone llegar a orillas del Lago Escondido para denunciar que en esa zona, donde Lewis tiene su estancia, existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia», según denunciaron los organizadores.
La columna 1, que encabezan Urien y otros dirigentes políticos, sociales y gremiales, llegó ayer al Foyel, donde se encuentra el ingreso al Camino del Tacuifí por el cual se llega a Lago Escondido, luego de recorrer los 40 kilómetros que separan esa localidad de la de El Bolsón.
La columna 2 «Juana Azurduy», que continuaba su marcha por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, arribó hoy a las 16.30 a la cabecera oeste del Lago Escondido, informaron voceros de la manifestación.
Esa columna deberá recorrer 9 kilómetros en kayak hasta llegar al lago.
Allí participan el dirigente peronista Jorge Rachid y el padre Francisco ‘Paco’ Oliveira, integrante del grupo de sacerdotes de la Opción por los Pobres.
Los dirigentes y militantes de la columna 2 tienen previsto encontrarse con la columna 1 de la marcha.
«Mañana nos parece un día importantísimo porque se va a insistir con el ingreso del Camino de Tacuifí, ya sea de los compañeros que ingresamos del Foyel como de los compañeros que ingresan por la montaña», adelantó Urien.
Por su parte, la CTA y ATE de Bariloche junto a la Corriente Clasista Combativa y otras organizaciones hicieron hoy su propia marcha por tierra y a pie, desde Bariloche hacia Tacuifí.
Judiciales ⚖️
Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.
Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.
La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.
Quiénes recurrieron
Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.
Los pedidos de reparación integral
En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El voto de Petrone
En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.
El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.
La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar
Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
- La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
- El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
- Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
- Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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