Cada 30 de agosto, Argentina y el mundo conmemoran el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, que cobra especial significado en nuestro país, marcado por la brutalidad de la última dictadura militar (1976-1983). Durante esos años, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas, dejando una herida abierta en la sociedad argentina, y un compromiso inquebrantable por parte de organismos de derechos humanos para mantener viva la memoria de las víctimas.

La dictadura cívico militar

En nuestro país, la dictadura cívico-militar instauró un plan sistemático de desapariciones forzadas, que se ejecutó como una política de Estado. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas, un crimen que constituye una violación grave y continuada de los derechos humanos, es decir lo que se llama un crimen «de ejecución continua» contra la humanidad. Organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en símbolos de resistencia, impulsando la búsqueda de verdad y justicia para las personas detenidas desaparecidas.

El Estado, a lo largo de las últimas décadas, implementó políticas de Memoria, Verdad y -Justicia. Sin embargo, los intentos de negacionismo por parte de algunos sectores buscan minimizar o distorsionar los hechos, negando la magnitud de los crímenes cometidos. Este fenómeno, especialmente peligroso en un contexto donde los discursos de odio encuentran eco en ciertos grupos, exige una respuesta contundente basada en la educación y la preservación de la memoria histórica.

La lucha contra el negacionismo y los juicios por delitos

Organizaciones de DDHH fueron fundamentales en la denuncia de las desapariciones forzadas. Estos crímenes, que no solo violentan a las víctimas directas sino que también destruyen el tejido social y familiar, demandan un compromiso continuo por parte del Estado y la sociedad para garantizar que NUNCA MÁS se repita esta atrocidad.

El rol del Estado en la lucha contra el negacionismo es crucial. Los juicios por crímenes de lesa humanidad representan un hito a nivel internacional en la búsqueda de justicia, pero la batalla no se agota en los tribunales. Es necesario fomentar una cultura de DDHH, donde la memoria histórica se transmita a las nuevas generaciones.

La educación en derechos humanos, el respaldo a las investigaciones históricas y el reconocimiento del dolor de las víctimas son herramientas esenciales para combatir la negación y relativización de estos crímenes.

El Gobierno de Milei y Villarruel frente a los DDHH

Actualmente el principal desafío es asegurar que las voces de las víctimas no sean silenciadas por discursos que buscan olvidar o minimizar lo ocurrido. Recientemente desde el propio Gobierno nacional se trató de instaurar nuevamente la teoría de los «dos demonios», tratando de equiparar el rol de «Montoneros» con el accionar represivo y organizado de fuerzas del Estado que han sido juzgados y condenados.

La búsqueda de la supuesta «verdad completa», pregonada por la propia vicepresidenta y varios familiares de genocidas, no solo agrede la memoria de las víctimas, sino que también sienta un peligroso precedente para el futuro, ya que es una discusión social cultural y judicial que ya ha sido saldada en nuestro país desde el retorno de la democracia.

En este sentido, nuestro país fue y es un faro en la lucha por los derechos humanos, NUNCA MÁS ES NUNCA MÁS. 30.000 DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!