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La reforma del BCRA que pide el FMI: Milei la vende como soberanía pero cumple con Washington
El Presidente anunciará por cadena nacional una reforma de la Carta Orgánica del BCRA con cuatro ejes: mandato único de preservar la moneda, prohibición absoluta de financiar al Tesoro, eliminación de letras intransferibles y mayor estabilidad institucional para sus autoridades. Quien viole la norma, advirtió Milei, «irá preso».
Javier Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en lo que el Gobierno define como una reforma «equivalente a cerrarlo». La iniciativa, que será anunciada este jueves por cadena nacional, apunta a blindar por ley uno de los pilares del programa económico libertario: impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar el déficit fiscal mediante emisión. El anuncio llega alineado con una recomendación explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en la segunda revisión del programa con la Argentina planteó la necesidad de fortalecer la independencia y la gobernanza del BCRA.
Los cuatro ejes de la reforma
El proyecto que Milei remitirá al Legislativo tendrá cuatro pilares centrales. El primero establece que el único mandato de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda, descartando cualquier otra función que la legislación vigente le atribuye. El segundo prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional. El tercero elimina las letras intransferibles emitidas por el Estado en favor del Banco Central, un instrumento que el kirchnerismo utilizó para financiar el pago de deuda con reservas del BCRA. El cuarto eje apunta a fortalecer la gobernanza institucional de la entidad, otorgando mayor estabilidad a sus autoridades y elevando los requisitos para remover al presidente y al directorio.
Desde Perú, donde recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres, Milei anticipó parte del contenido. «El BCRA va a volver a tener como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco», afirmó. Y fue un paso más allá al anunciar consecuencias penales para quienes violen ese principio: «Se va a considerar una estafa y una asociación ilícita. Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal».
El cartel que Milei quiere «tirar»
La reforma también tiene una fuerte carga simbólica que no es casual. En Casa Rosada anticiparon que el Presidente quiere reemplazar el cartel instalado en la sede del BCRA desde la reforma de 2012, impulsada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner cuando presidía la entidad Mercedes Marcó del Pont. Ese cartel establece que la institución debe «promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social». Milei quiere «tirarlo» y reponer la inscripción anterior: «Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda».
La iniciativa apunta a revertir la Ley 26.739, que amplió el mandato del BCRA, debilitó su independencia formal y facilitó el financiamiento monetario del déficit fiscal. Para el oficialismo, aquella reforma fue el instrumento legal que habilitó una de las principales fuentes de emisión de la última etapa kirchnerista. La nueva propuesta busca cerrar esa puerta de manera definitiva, con rango legal y sanciones penales como herramienta de disuasión.
La situación de Bausili y el pedido del FMI
Santiago Bausili ejerce la presidencia del Banco Central en comisión desde el 11 de diciembre de 2023. Su pliego permanece en la Comisión de Acuerdos del Senado sin tratamiento definitivo. En Casa Rosada analizan cuál será la secuencia para avanzar con su designación formal, y la posibilidad con mayor fuerza es impulsar su confirmación una vez aprobada la nueva Carta Orgánica, de modo que quede ratificado bajo las reglas del proyecto. Bajo la legislación vigente, su nombramiento definitivo requiere el acuerdo del Senado.
La reforma también responde a un pedido concreto del FMI. En la segunda revisión del programa de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025, el organismo planteó la conveniencia de fortalecer la independencia, la gobernanza y los resguardos institucionales del BCRA una vez consolidado el proceso de estabilización macroeconómica. El acuerdo, por USD 20.000 millones, equivale al 479% de la cuota argentina y condicionó la política económica a metas de reservas y tipo de cambio que el gobierno libertario viene cumpliendo con ajuste sobre los sectores populares.
La paradoja no es menor: Milei presenta como conquista soberana una reforma que el FMI reclamó. La retórica de la «independencia del Banco Central» oculta que esa misma institución, bajo el programa vigente, opera con metas de reservas y parámetros cambiarios fijados en Washington. La prohibición de financiar al fisco no elimina la dependencia externa; la redirecciona.
Puntos clave
- Milei anunciará por cadena nacional una reforma de la Carta Orgánica del BCRA con cuatro ejes: mandato único, prohibición de financiar al Tesoro, eliminación de letras intransferibles y mayor estabilidad institucional.
- El Presidente amenazó con prisión para quienes aprueben presupuestos con déficit fiscal, incluyendo al directorio del BCRA, al Ejecutivo y a legisladores.
- La iniciativa busca revertir la Ley 26.739 de 2012, que amplió el mandato de la autoridad monetaria durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
- El FMI recomendó explícitamente esta reforma en la segunda revisión del programa de USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025.
- Santiago Bausili, presidente del BCRA en comisión desde diciembre de 2023, podría ser confirmado en el Senado recién tras la aprobación de la nueva Carta Orgánica.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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