DDHH
Día internacional contra la trata de personas: internet para prevención y detección
La trata de personas es un delito que comprende el ofrecimiento, la captación, acogida, y recepción de una persona con fines de explotación, que puede incluir la privación de la libertad.
Bajo el lema «Uso y abuso de la tecnología» en el delito de trata y explotación de personas, organismos estatales e intergubernamentales instaron a avanzar «de manera urgente» en herramientas de prevención y detección temprana de las redes de este crimen organizado en el ámbito virtual, en el marco del Día Internacional contra la Trata, que se conmemora este sábado.
«Uno de los problemas cruciales que tenemos que resolver en la lucha contra la trata es la mutación masiva (del delito) al ámbito virtual y las tácticas que están usando crecientemente para el ofrecimiento, la captación y la explotación de personas en diversas plataformas», explicó a Gustavo Vera, director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
También resaltó la necesidad de «aggiornar a los Estados» y avanzar en «mejores herramientas para poder detectar tempranamente y poder hacer una acción preventiva importante».
«La tecnología hoy está en el centro de la escena en la lucha contra la trata, que lamentablemente sigue siendo un delito creciente a escala mundial y agudizado en contexto de pospandemia», aseveró Vera, en el marco del Día Internacional contra la Trata, que se conmemora cada 30 de julio desde el año 2013, cuando fue decretado por las Naciones Unidas (ONU).
En esa línea, Laura Estomba, especialista en protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Argentina, que forma parte de la ONU, aseguró que resulta fundamental «concientizar a las sociedades sobre los mecanismos de estas redes delictivas y cómo protegerse» frente a un marcado «aumento en el reclutamiento (de víctimas) por internet».
Sin embargo, así como supone riesgos, la tecnología también puede contribuir «a la identificación de patrones de captación, el acompañamiento a las víctimas y la rápida coordinación entre los países, que resulta fundamental a la hora de combatir este delito transnacional», señaló Estomba, quien dirige en Argentina las acciones de lucha contra la trata del Programa Eurofront, una iniciativa de la Unión Europea junto a siete países de América Latina que promueve «el fortalecimiento de mecanismos de coordinación binacionales y regionales» en esta materia.
En Argentina, del 1 de enero al 30 de junio de este año se rescataron y/o asistieron a un total de 528 víctimas, de las cuales 270 son mujeres y 30 menores de edad, según los datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PAN) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La forma de explotación de personas más reiterada fue la laboral, seguida de la explotación sexual, y en menor medida situaciones de reducción a la servidumbre y matrimonio forzado.
Pese a que la Argentina fue recientemente reconocida por sus esfuerzos en la lucha contra este delito a través del Informe Anual sobre Trata de Personas elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, consideraron urgente «garantizar efectivamente la asistencia y protección de las víctimas de manera tal que no sean nuevamente revictimizadas».
«Esto significa garantizar el acceso a la vivienda, al trabajo, a la reparación, al acompañamiento terapéutico y al patrocinio jurídico, que tienen que estar materializado en políticas públicas para que las víctimas que se rescatan puedan reconstruir su horizonte de vida», sostuvo Vera.
En ese sentido, destacó al Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas, promovido por el Ministerio de Trabajo, que es ejecutado desde septiembre pasado.
Actualmente, unas 30 personas que fueron víctimas de explotación sexual, oriundas de nueve provincias, llevan 8 meses «capacitándose en oficios y cobrando un salario», mientras «se está avanzando en distintas alternativas para su inserción en el mundo laboral al término del Programa».
«Se están ajustando los detalles para empezar, de manera inminente, a convocar de modo universal a todas las personas damnificadas por este delito, para que se incorporen al Programa», adelantó el director del Comité contra la Trata.
Asimismo, destacó que en paralelo se está fomentando la sanción de leyes de inclusión laboral para personas víctimas de trata y explotación, como las que votaron en septiembre y noviembre de 2021 las provincias de Catamarca y Chaco.
«Debemos crear una vastísima red interdisciplinaria entre los Estados y con la sociedad civil», dijo Vera, y agregó que «tratándose de un delito trasnacional, una red sudamericana y una plataforma continental sería algo eficaz para que América Latina esté libre de esclavitud».
En ese sentido, celebraron la oportunidad que supone el Encuentro Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas sobre prevención, asistencia a la víctima y cooperación regional, que se lleva adelante este viernes y sábado con la participación de representantes de distintos países de la región y de organismos intergubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El objetivo es articular «los mejores mecanismos tecnológicos que contribuyan al fortalecimiento de las estrategias para respuestas coordinadas a nivel regional» y el intercambio de «buenas prácticas que puedan contribuir a la prevención y persecución de este delito», explicó Estomba.
Asimismo, en las distintas provincias se llevarán adelante campañas de difusión, charlas, mateadas en los barrios, cine debate y capacitaciones, entre otras iniciativas que pueden consultarse haciendo click aquí.
SOLICITAN QUE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DIFUNDAN LA LÍNEA 145
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual solicitó a los medios audiovisuales «la difusión de la Línea 145, nacional, anónima y gratuita, cuando transmiten en sus noticieros y espacios o flashes informativos noticias sobre el delito de trata de personas».
Y explicaron que «intercambios sucesivos con áreas del Estado vinculadas con la lucha contra este delito, así como con medios de todo el país, permitieron establecer que la difusión de ese servicio es indispensable».
A comienzos de 2021, el «Informe Global sobre Trata de Personas», publicado por las Naciones Unidas, advirtió que la situación de pandemia mundial, con la crisis económica de ella derivada, expone a millones de personas a un mayor peligro de ser objeto de trata con fines de explotación sexual, laboral, trabajo forzoso, matrimonio o unión de hecho forzado y otros delitos.
En este contexto, las instituciones gubernamentales en nuestro país con la misión de prevenir, investigar, sancionar a quienes cometen este delito y asistir a sus víctimas expresaron preocupación porque vulnera la libertad y la dignidad humana y señalaron que las organizaciones criminales «fueron adecuando su estructura y modus operandi a nuevas modalidades, a través de plataformas digitales, con la finalidad de explotar a las personas».
La trata de personas es un delito que comprende el ofrecimiento, la captación, acogida, y recepción de una persona con fines de explotación, que puede incluir la privación de la libertad.
La comprensión de la sociedad sobre su magnitud es un factor esencial para hacerle frente, y de allí la importancia de la función que cumplen los medios de comunicación.
Por ello, la Defensoría del Público y las instituciones estatales firmantes, comprometidas en el enfrentamiento a este delito, solicitaron «informar sobre trata de personas y no tráfico de personas, ya que esta segunda denominación refiere al tráfico ilegal de migrantes».
Y recordaron que «si bien ambos son delitos, el primero es un delito contra la libertad y la dignidad de las personas, mientras que el segundo es un delito contra un estado».
«Solicitamos erradicar el enunciado trata de blancas, que es discriminatorio e insuficiente. También solicitamos consultar fuentes especializadas y confiables con el objeto de superar errores, estereotipos y mitos y lograr una mejor comprensión de este delito por las audiencias», agregaron.
El organismo dirigido por Miriam Lewin especificó que «el conocimiento mayor por el público de la existencia de la línea 145 y su funcionamiento, ayudarán al país a avanzar en la lucha contra la trata de personas».
Por último, recordaron que permanece vigente la resolución 2020-802 del Eenacom que incita a los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual a insertar sobreimpresos en pantalla -para los servicios de televisión- o la lectura -en los servicios de radiodifusión- de la leyenda: «Si sos víctima o conocés a alguien que pueda ser víctima de trata y/o explotación, comunícate con la Línea 145 las 24 horas. Ante la sospecha las profesionales te orientarán para radicar una denuncia. La denuncia es anónima, nacional y gratuita».
Línea 145 -Si sos víctima o conocés a alguien que pueda ser víctima de trata y/o explotación, comunícate con la Línea 145 las 24 horas. Ante la sospecha las profesionales te orientarán para radicar una denuncia. La denuncia es anónima, nacional y gratuita». Funciona las 24 horas, los 365 días del año.Consultas por WhatsApp al +5491165460580
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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