La batalla judicial por la expropiación de YPF en tribunales de Estados Unidos sumó este martes una nueva escalada. En una audiencia clave, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York ordenó a la Argentina entregar los mensajes de WhatsApp de funcionarios actuales y anteriores, incluyendo al ministro de Economía Luis Caputo y a su antecesor, Sergio Massa. La medida, según expertos legales, no tiene precedentes en juicios contra Estados soberanos.

Mientras se desarrollaba la audiencia en Nueva York, los abogados del Estado argentino presentaban una apelación urgente ante la Corte del Segundo Circuito, advirtiendo que ejecutar el fallo de Preska —que obliga a entregar acciones de YPF— podría generar un daño irreparable a la soberanía nacional y un conflicto diplomático con Estados Unidos.

“El fallo vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero”, expresaron los representantes legales de la Argentina en el documento judicial.

Qué ordenó exactamente la jueza Preska

La audiencia del martes se enfocó en definir los alcances del proceso de “discovery”, es decir, la producción de pruebas para avanzar en la posible ejecución de la sentencia contra la Argentina. Preska avaló una serie de pedidos que habían sido formulados hace casi un año por el fondo demandante, Burford Capital.

La jueza ordenó que el país entregue:

• Comunicaciones internas sobre YPF y el BCRA.
• Mensajes de cuentas y dispositivos personales de ex y actuales funcionarios.
• Información sobre posibles relaciones de “alter ego” con otras empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.

Desde el Gobierno de Javier Milei advirtieron que esa orden “viola leyes estadounidenses y argentinas, y vulnera la soberanía nacional”. Además, señalaron que “ya se entregaron más de 100.000 páginas de documentación” incluyendo registros financieros en Argentina, Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Un juicio que sacude la economía argentina

El caso YPF se originó en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sin que el Estado nacional realizara una oferta pública de adquisición por el total accionario, como establecía el estatuto de la empresa.

En septiembre de 2023, la jueza Preska falló contra la Argentina y la condenó a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de Petersen Energía, una firma del Grupo Eskenazi.

Desde entonces, el gobierno argentino intenta postergar o revertir la ejecución de esa sentencia. La administración Milei heredó una posición judicial debilitada y aceleró los esfuerzos diplomáticos y técnicos para evitar un embargo sobre activos sensibles como las acciones estatales de YPF.

Una fuente cercana al equipo legal argentino aseguró a Noticias Argentinas que “los demandantes están abusando del discovery para hostigar a la República” y que el verdadero objetivo de Burford es “entorpecer cualquier intento de normalización económica del país”.

Un conflicto que excede a YPF y amenaza con escalar

Más allá del debate sobre la legalidad o no de la expropiación en 2012, el caso se convirtió en un conflicto geopolítico que involucra la política energética, las relaciones bilaterales y la capacidad del Estado argentino de proteger sus activos estratégicos.

“Este tipo de órdenes abren una caja de Pandora. Si los jueces federales pueden pedir el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios argentinos, ¿qué garantías jurídicas tiene un país para ejercer soberanía sobre su administración pública?”, analizó una fuente judicial de Washington citada por el Financial Times.

El fondo Burford Capital, que financia litigios en todo el mundo, ya facturó más de US$1.000 millones por juicios similares, según reveló Reuters, y busca consolidar un nuevo precedente que le permita perseguir activos públicos en cualquier jurisdicción.

Qué puede pasar ahora

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito deberá resolver en los próximos días si suspende o ratifica la orden de ejecución dictada por Preska. Si la Argentina pierde, el riesgo de embargo sobre las acciones de YPF se volvería inminente.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el Estado “está evaluando las opciones legales para apelar la orden de discovery” y seguirá “ejerciendo su derecho de legítima defensa en todas las instancias”.