La reciente emisión de deuda externa por US$ 725 millones por parte del gobierno de Martín Llaryora bajo ley del Estado de Nueva York no constituye un hecho aislado. Por el contrario, responde a un modelo estructural de endeudamiento que Córdoba mantiene desde hace más de una década, consolidado bajo las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con eje en la obra pública, el crédito externo y la búsqueda de autonomía financiera respecto del Gobierno Nacional.

Este enfoque, que combina déficit primario moderado, superávit en la administración central y un agresivo uso del financiamiento en moneda extranjera, presenta tensiones crecientes en el contexto actual, donde las tasas internacionales son más altas y el riesgo argentino se mantiene elevado.

El “modelo Córdoba”: obra pública, crédito externo y ajuste silencioso

Durante los años de Schiaretti al frente de la provincia, Córdoba desarrolló un esquema económico que buscó diferenciarse tanto del kirchnerismo como del macrismo. Por un lado, exhibió disciplina fiscal en la administración central; por otro, impulsó grandes obras de infraestructura financiadas con deuda externa.

Entre 2016 y 2017, la provincia emitió bonos por más de US$ 1.600 millones, bajo legislación extranjera. Parte de esos fondos se destinaron a la Red de Gasoductos Troncales, puentes, hospitales y rutas. Pero el peso de los intereses y amortizaciones empezó a sentirse con fuerza a partir de 2020, cuando comenzaron los vencimientos en dólares en un país sin acceso al crédito.

Aun así, el “modelo Córdoba” fue elogiado por consultoras privadas, por su aparente equilibrio y previsibilidad. Esa lógica de gestión continuó bajo Llaryora, con un discurso de “responsabilidad fiscal”, pero con fuerte dependencia del endeudamiento como motor de obras.

La deuda en dólares: riesgo estructural para una provincia sin moneda

El regreso de Córdoba a los mercados internacionales se produce con condiciones menos favorables que en 2017. La tasa del 9,75% anual en dólares refleja el riesgo país argentino y la debilidad relativa de las provincias para garantizar repago sin ayuda nacional.

Además, el hecho de que la deuda esté emitida en moneda extranjera y bajo ley de Nueva York limita la capacidad de renegociación soberana. En otras palabras, si Córdoba no logra afrontar los vencimientos futuros, quedará sujeta a la misma lógica de tribunales externos que llevó al país a litigios con fondos buitre.

El nuevo bono contempla pagos de capital recién en 2030, pero los intereses se pagarán cada seis meses, lo que implica una carga fiscal creciente en el corto plazo. El uso de parte de los fondos para recomprar deuda que vence en 2027 busca despejar el horizonte inmediato, pero reperfila sin resolver el problema estructural.

Llaryora: perfil fiscal conservador, pero con deuda como herramienta

Martín Llaryora asumió con la promesa de continuar el legado de Schiaretti, pero también de modernizar la gestión y reinsertar a Córdoba en los mercados. En los hechos, su gobierno muestra una continuidad casi total en la lógica financiera: ajuste silencioso en algunas áreas del gasto, aumento tarifario y emisión de deuda para sostener obra pública.

La presentación oficial del bono 2032 se centró en el argumento de la “sostenibilidad fiscal” y en la confianza del mercado inversor, pero omitió datos clave: las agencias calificadoras (Moody’s y Fitch) mantienen a Córdoba en niveles de alto riesgo crediticio (Caa2 y CCC+), apenas por encima del default.

En ese marco, el modelo cordobés aparece como un esquema que evita el desorden fiscal visible, pero sostiene un endeudamiento que compromete recursos futuros sin resolver el problema de fondo: cómo financiar desarrollo sin recurrir sistemáticamente al crédito externo caro y riesgoso.

Puntos Clave:

• Córdoba mantiene un modelo de gestión basado en deuda externa desde 2016.
• La emisión de US$ 725 millones se suma a otros bonos emitidos bajo ley extranjera.
• La deuda en dólares con pago de intereses semestrales representa un riesgo estructural.
• Llaryora continúa la política financiera de Schiaretti con perfil fiscal conservador.
• Las calificadoras mantienen a la provincia en categoría de alto riesgo crediticio.