Judiciales ⚖️
Casación redujo la condena de Lázaro Báez y descartó que la obra pública sea el origen del lavado
Las hijas de Báez, Melina y Luciana, resultaron absueltas.
La Cámara Federal de Casación redujo de 12 a diez años la condena por “lavado” del empresario Lázaro Báez y consideró que la obra pública no fue el origen de los fondos que fueron objeto del delito.
El fallo dispuso, además, absolver a las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, y reducir la condena al financista Leonardo Fariña a tres años y medio de cárcel.
Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos los dos hijos varones de Báez: Martín, inicialmente condenado a nueve años, pasó a seis y medio; Leandro, de cinco a tres en suspenso.
La fundamentación del fallo podría tener alcances en las condenas por la Causa Vialidad.
El tribunal oral que condenó a Báez a 12 años por “lavado” había considerado que la obra pública que le fue adjudicada en Santa Cruz y que motivó la segunda condena para él y la primera para Cristina Fernández de Kirchner había sido la fuente del dinero ilegal.
Pero ahora, la decisión del máximo tribunal penal coincide con el criterio en minoría que había expuesto en el juicio oral la jueza María Gabriela López Iñíguez, quien atribuyó a la evasión fiscal el “delito precedente” que derivó en el lavado.
“No es posible encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y, por ello, aquél no refleja el trabajo intelectual de los jueces que conformaron la mayoría, pues no efectuaron un estudio crítico de las cuestiones planteadas por el justiciable, sus pruebas y alegatos”, sostuvo la Casación, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo.
“Al momento de analizar el ilícito precedente denominado ‘vialidad’, optó por reemplazar esos lineamientos probatorios por remisiones genéricas al requerimiento de elevación a juicio obrante -hasta ese momento- en la causa señalada. De esta manera, la sentencia adolece de falta de fundamentación”, añade la crítica al fallo del tribunal oral.
Para que haya lavado, el dinero debe provenir de un delito anterior, que para la Casación fue la “evasión fiscal” y no la corrupción en la obra pública.
“El tribunal ha analizado los diversos indicios existentes para tener por acreditado el nexo causal con respecto a este caso, haciendo expresa alusión a los elementos probatorios incorporados al juicio oral, así como a los períodos fiscales señalados; en el supuesto de vialidad, decidió suplantar el análisis de la prueba por la remisión a las constancias escritas de ese proceso (requerimiento de elevación a juicio), lo que torna evidente la arbitrariedad de la decisión”, sostuvo el máximo tribunal penal.
Así, los jueces de la Casación decidieron “acoger favorablemente los agravios de las defensas y anular ese tramo de la sentencia por encontrarse desprovista de fundamentación. De adverso, está suficientemente fundado el ilícito precedente derivado de los casos de evasión tributaria, los cuales fueron considerados de manera unánime por el tribunal como fuente proveniente de los fondos que fueron objeto de expatriación y ulterior repatriación parcial en la maniobra de lavado de activos aquí juzgada”, añade el falo, de casi mil páginas.
El tono general del fallo de Casación es crítico hacia los jueces que formaron mayoría en el tribunal oral, Néstor Costabel y Adriana Palliotti.
Pero además, la camarista Ledesma fustigó también la actuación de la fiscalía de juicio, a cargo de Abel Córdoba: “no escapa a esta magistrada que el ilícito precedente derivado de la causa “vialidad” está vinculado con hechos de corrupción estatal. Las circunstancias demandaban el máximo celo por parte de los acusadores, quienes debieron actuar con especial esmero para promover una teoría del caso consistente y sustentable”.
“En casos de alta complejidad y gravedad institucional vinculados con supuestos de criminalidad económica organizada, los órganos acusadores deben asumir un rol estratégico no sólo en la recolección de información necesaria para construir una hipótesis investigativa coherente sino también en la formulación y el sustento de una teoría del caso que se adecúe a los elementos probatorios obtenidos durante esa investigación”, resumió el cuestionamiento.
El fallo dispuso confirmar con rebajas las condenas impuestas a Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa.
Al contador Pérez Gadín, la pena le fue reducida de ocho a seis años, igual que al abogado Chueco; a Julio Mendoza, quien fuera presidente de Austral Construcciones, de seis a cinco años; al financista y ex marido de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi, de cinco a cuatro y medio; al también financista Federico Elaskar, de cuatro años y medio a tres en suspenso.
Investigación 🔎
Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea
Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.
Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves
★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.
La licitación exprés
El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.
Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.
El precio y el avión pintado de antemano
La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.
Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.
Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.
Los nombres de la cadena de mando
La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.
Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Cuentas escrow y trazabilidad opaca
La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.
Un patrón que se repite desde 2021
El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».
Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.
Puntos clave
- La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
- El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
- Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
- Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
- El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.
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