Movimientos Sociales
Realizarán en enero séptima marcha a Lago Escondido para denunciar «enclave británico»
«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.
Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán entre el 26 de enero y 14 de febrero próximos la séptima marcha a Lago Escondido para denunciar que el lugar es un «enclave británico» y funciona como «la cueva de un poder mafioso».
En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó hoy a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate británico Joe Lewis.
«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.
Los detalles de la marcha fueron informados por las organizaciones nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) en una conferencia de prensa que realizaron en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, ubicado en avenida Paseo Colón 631, de la ciudad de Buenos Aires.
El presidente de Fipca, Julio César Urien, expresó que «como se demostró en octubre, con la difusión de los chats sobre el viaje al Lago Escondido, esta es una causa nacional» y manifestó que «Lago Escondido es una expresión del poder real, un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores; por eso en la marcha vamos a demostrar la fuerza de la unidad de los sectores del campo popular».
En la conferencia de prensa también estuvieron el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan; el dirigente peronista Jorge Rachid; el dirigente de la CTA de los Trabajadores Pablo Manciangello; de la CTA Autónoma Alberto «Beto» González; y el secretario general de Gráficos, Héctor Amichetti; entre otros.
Según informaron en la conferencia, la nueva movilización -que será la séptima- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximos y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.
Una de las columnas contará con entre 40 a 50 personas y llegarán al lago a través del camino de montaña, travesía que lleva varios días, mientras que unos 300 a 400 militantes se movilizarán por el camino de Tacuifí, cuya habilitación es reclamada por las organizaciones.
En un comunicado, señalaron que Lago Escondido representa un «enclave británico» que es «la cueva de un poder mafioso, un Estado paralelo vinculado al poder económico, judicial y mediático».
«Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuifí por su carácter de acceso público», añadieron.
Entre las organizaciones que adhirieron a la marcha en el comunicado difundido por Fipca se encuentran La Cámpora, La Federación de Gráficos Bonaerenses (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opción por los pobres.
«Estamos esperando más gente, creo que va a tener más repercusión y va a ser un hecho político», dijo Urien.
Asimismo, entre los fundamentos para la la marcha explicaron que buscan que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido en octubre pasado».
En declaraciones, Urien sostuvo que Grabois «ya estuvo en otra oportunidad a Lago Escondido» y consideró que la acción que realizó hoy en el lugar «suma a la política que Fipca lleva adelante».
«Lo vamos a invitar a que venga con nosotros en enero, me parece importante que haya podido ingresar. Hay que ver si ahora en este camino puede ingresar cualquiera, nosotros hasta ahora hemos sido obstaculizados y reprimidos, pero ojalá», concluyó.
En tanto, la CTA de Río Negro convocó a movilizarse a Lago Escondido y su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo en General Roca que «esta séptima marcha tiene que ser la última».
El sindicato recordó, asimismo, que existe una causa por el reclamo «que el año pasado fue cerrada por Carlos Mahiques, uno los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta».
Aguiar señaló que la marcha partirá desde El Bolsón por el camino de montaña que recorre los lagos Soberanía y Montes, y también desde El Foyel por el Camino de Tacuifí.
«Esta vez vamos a llegar hasta al lago a cualquier costo y el gobierno rionegrino tendrá la máxima responsabilidad por cualquier hecho que haya que lamentar», agregó el dirigente y manifestó que «Lewis, y los poderes político y judicial que lo encubren se encuentran cercados por un consenso social creciente, esta séptima marcha tiene que ser la última, para que ponga fin a tantos años de impunidad».
Asimismo, afirmó que se va a pedir la intervención del Gobierno nacional para que contribuya con la seguridad de la actividad y sostuvo que «luego de realizar seis marchas, ya no tenemos dudas de que la Policía de la Provincia cuida sólo a Lewis».
«Los rionegrinos que pagamos sus sueldos sufrimos cada vez más inseguridad, mientras los multimillonarios extranjeros viven tranquilos en nuestra provincia», precisó.
La CTA Autónoma, asimismo, reclamó al Gobierno de Río Negro el cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche que ordenó a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí.
La orden judicial incluye señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad.
El gremio aseguró que «ese fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia».
Movimientos Sociales
Olla popular frente a la casa de Adorni: una protesta contra la corrupción y el ajuste a los pobres
La organización social montará un comedor comunitario este jueves en la calle Miró al 500, en Caballito, la misma propiedad investigada judicialmente. La protesta denuncia el cierre del programa Volver al Trabajo, que deja sin ingresos a casi un millón de trabajadores de la economía popular.
Barrios de Pie pondrá una olla popular frente a la casa de Adorni
★ La organización social Barrios de Pie eligió un escenario de alto impacto simbólico para su próxima acción de protesta: el jueves montará una olla popular frente al domicilio particular del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, la misma propiedad que hoy es objeto de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La actividad arrancará a las 11 de la mañana y apunta a visibilizar el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, la política social que el Ministerio de Capital Humano decidió discontinuar y que hasta ahora sostenía el ingreso de 951.871 trabajadores de la economía popular con un salario social complementario de $78.000 mensuales, monto que, según datos de la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió el 74% de su poder adquisitivo desde que fue congelado en diciembre de 2023.
La contradicción que eligió el escenario
La decisión de instalar la olla popular frente al domicilio de Adorni no es casual. La organización trazó una línea directa entre los escándalos patrimoniales del funcionario y el destino de los sectores más vulnerables del país. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, fue contundente: «Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.»
En el mismo comunicado, la organización apuntó: «Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores.»
La elección del domicilio de Adorni como epicentro de la protesta se produce en la misma jornada en que el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia en los asientos más costosos de la aerolínea Latam disponibles para ese destino, y en que dos jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de esa misma propiedad de Caballito declararon ante la Justicia en los tribunales de Comodoro Py.
Qué implica el cierre del programa
El programa Volver al Trabajo es uno de los dos esquemas en que derivó el histórico Potenciar Trabajo a partir del Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Ese decreto fijó también la fecha de caducidad del programa: mayo de 2026. El Gobierno no anunció una prórroga y Pettovello anticipó que el esquema será reemplazado por vouchers de capacitación laboral, una propuesta que las organizaciones rechazan de plano.
«El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario. Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas», señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
El impacto del cierre no se limita a los ingresos directos. Según datos del Partido Obrero, el programa representaba un costo fiscal equivalente al 0,1% del PBI, pero con un efecto multiplicador en las economías barriales: cada peso se volcaba al consumo inmediato en comercios de proximidad.
La UTEP estimó que en la provincia de Buenos Aires hay unos 500.000 beneficiarios, lo que equivale a una inyección mensual de $39.000 millones en circuitos económicos locales. A nivel nacional, el impacto anual del cierre se estima en 600 millones de dólares, con el Noroeste como la región más golpeada, según datos del Partido Obrero.
Las cocineras, en el centro del conflicto
Barrios de Pie subrayó que «las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban». La organización advirtió que el cierre «pone en peligro la apertura de los comedores», lo que implica que miles de niños y jubilados podrían quedarse sin ese servicio esencial.
Morales fue más lejos en su caracterización: «Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores; decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados.»
Un plan de lucha que ya suma organizaciones
La olla popular frente a la casa de Adorni se inscribe en un esquema más amplio de movilización. Según informó Infobae, la UTEP y los movimientos que la integran, entre ellos el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, definieron el 13 de abril un plan de acción que incluye una audiencia pública con diputados nacionales el viernes 17 de abril, un congreso en la sede de la UTEP el martes 21 y jornadas de protesta callejera con piquetes los días 5 y 7 de mayo. En paralelo, los dirigentes iniciaron contactos con el gobernador Axel Kicillof y con bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto territorial de la medida.
La protesta del jueves en Caballito concentrará, así, dos de los ejes más sensibles del momento político: el escándalo patrimonial de un funcionario de máximo rango y el ajuste sobre los sectores que menos tienen. Dos realidades que, según las organizaciones, no son ajenas entre sí.
Puntos clave:
- Barrios de Pie montará una olla popular este jueves a las 11 frente a la casa de Adorni en la calle Miró al 500, Caballito, la misma propiedad investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
- La protesta reclama la reversión del cierre del programa Volver al Trabajo, que afecta a 951.871 trabajadores de la economía popular con un ingreso de $78.000 mensuales congelado desde diciembre de 2023.
- La organización advierte que el cierre pone en riesgo el funcionamiento de comedores comunitarios y el acceso a alimentos de miles de niños y jubilados.
- La UTEP estima que el programa representaba una inyección mensual de $39.000 millones en economías barriales solo en la provincia de Buenos Aires; el impacto anual del cierre a nivel nacional alcanza los 600 millones de dólares.
- El plan de lucha de los movimientos sociales incluye una audiencia con diputados el 17 de abril, un congreso de la UTEP el 21 y jornadas de protesta con piquetes el 5 y 7 de mayo.
-
Denuncia2 díasMilei fue denunciado penalmente por abandonar a personas con discapacidad
-
Libertad de expresión6 díasMilei vuelve a insultar a periodistas: “Basuras inmundas”
-
Investigación 🔎5 díasAdorni acumula causas y riqueza pero Milei lo proteje, mientras Insaurralde tuvo que renunciar sin blindaje
-
Legislativo2 díasAdorni en el banquillo del Congreso: Milei pone el cuerpo para blindar a su ministro, en la mira judicial
-
Educación4 díasIncendio en Sociales de la UBA: en una semana marcada por la tensión política en los pasillos
-
Buenos Aires6 díasClínica del horror en Villa Ballester: hallan fetos en bolsas y crece la sospecha de una red ilegal de tráfico
-
Legislativo2 díasMilei insultó, Grabois respondió y Paulón llevó pochoclos: el detrás de escena de Adorni en el Congreso
-
Política 📢5 díasMilei protege a Adorni a pesar de las causas, mientras Alberto Fernández le bajó el pulgar a Ginés en horas
