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Movimientos Sociales

Realizarán en enero séptima marcha a Lago Escondido para denunciar «enclave británico»

«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.

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Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán entre el 26 de enero y 14 de febrero próximos la séptima marcha a Lago Escondido para denunciar que el lugar es un «enclave británico» y funciona como «la cueva de un poder mafioso».

En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó hoy a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate británico Joe Lewis.

«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.

Los detalles de la marcha fueron informados por las organizaciones nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) en una conferencia de prensa que realizaron en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, ubicado en avenida Paseo Colón 631, de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de Fipca, Julio César Urien, expresó que «como se demostró en octubre, con la difusión de los chats sobre el viaje al Lago Escondido, esta es una causa nacional» y manifestó que «Lago Escondido es una expresión del poder real, un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores; por eso en la marcha vamos a demostrar la fuerza de la unidad de los sectores del campo popular».

En la conferencia de prensa también estuvieron el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan; el dirigente peronista Jorge Rachid; el dirigente de la CTA de los Trabajadores Pablo Manciangello; de la CTA Autónoma Alberto «Beto» González; y el secretario general de Gráficos, Héctor Amichetti; entre otros.

Según informaron en la conferencia, la nueva movilización -que será la séptima- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximos y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.

Una de las columnas contará con entre 40 a 50 personas y llegarán al lago a través del camino de montaña, travesía que lleva varios días, mientras que unos 300 a 400 militantes se movilizarán por el camino de Tacuifí, cuya habilitación es reclamada por las organizaciones.

En un comunicado, señalaron que Lago Escondido representa un «enclave británico» que es «la cueva de un poder mafioso, un Estado paralelo vinculado al poder económico, judicial y mediático».

«Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuifí por su carácter de acceso público», añadieron.

Entre las organizaciones que adhirieron a la marcha en el comunicado difundido por Fipca se encuentran La Cámpora, La Federación de Gráficos Bonaerenses (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opción por los pobres.

«Estamos esperando más gente, creo que va a tener más repercusión y va a ser un hecho político», dijo Urien.

Asimismo, entre los fundamentos para la la marcha explicaron que buscan que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido en octubre pasado».

En declaraciones, Urien sostuvo que Grabois «ya estuvo en otra oportunidad a Lago Escondido» y consideró que la acción que realizó hoy en el lugar «suma a la política que Fipca lleva adelante».

«Lo vamos a invitar a que venga con nosotros en enero, me parece importante que haya podido ingresar. Hay que ver si ahora en este camino puede ingresar cualquiera, nosotros hasta ahora hemos sido obstaculizados y reprimidos, pero ojalá», concluyó.

En tanto, la CTA de Río Negro convocó a movilizarse a Lago Escondido y su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo en General Roca que «esta séptima marcha tiene que ser la última».

El sindicato recordó, asimismo, que existe una causa por el reclamo «que el año pasado fue cerrada por Carlos Mahiques, uno los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta».

Aguiar señaló que la marcha partirá desde El Bolsón por el camino de montaña que recorre los lagos Soberanía y Montes, y también desde El Foyel por el Camino de Tacuifí.

«Esta vez vamos a llegar hasta al lago a cualquier costo y el gobierno rionegrino tendrá la máxima responsabilidad por cualquier hecho que haya que lamentar», agregó el dirigente y manifestó que «Lewis, y los poderes político y judicial que lo encubren se encuentran cercados por un consenso social creciente, esta séptima marcha tiene que ser la última, para que ponga fin a tantos años de impunidad».

Asimismo, afirmó que se va a pedir la intervención del Gobierno nacional para que contribuya con la seguridad de la actividad y sostuvo que «luego de realizar seis marchas, ya no tenemos dudas de que la Policía de la Provincia cuida sólo a Lewis».

«Los rionegrinos que pagamos sus sueldos sufrimos cada vez más inseguridad, mientras los multimillonarios extranjeros viven tranquilos en nuestra provincia», precisó.

La CTA Autónoma, asimismo, reclamó al Gobierno de Río Negro el cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche que ordenó a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí.

La orden judicial incluye señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad.

El gremio aseguró que «ese fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia».

Avellaneda

Tensión en el Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimieron el corte con gas pimienta e hidrantes

Organizaciones sociales que reclaman la continuidad del programa Volver al Trabajo intentaron cortar el acceso al puente que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal y la Prefectura respondieron con gas pimienta y camiones hidrantes en el marco del protocolo antipiquetes del Gobierno nacional.

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Gas pimienta contra el hambre: la respuesta del Gobierno a quienes reclaman por los planes sociales.

Una extensa movilización de organizaciones sociales y políticas protagonizó una jornada de tensión en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo, sucesor del histórico Potenciar Trabajo. La protesta, que comenzó pasadas las 10 de la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, reunió a miles de manifestantes de diversas organizaciones y fue respondida con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad federales que impidió el corte total del viaducto.

El programa que el Gobierno quiso liquidar

El eje del conflicto es la decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo y por el cual casi 950.000 beneficiarios percibían una asignación mensual de $78.000 a cambio de realizar tareas comunitarias en municipios y cooperativas: trabajo en comedores y merenderos, limpieza de calles y plazas, producción textil, reciclado y agricultura familiar. La medida no pudo concretarse de manera inmediata porque un fallo judicial la frenó temporalmente, obligando al Ejecutivo a garantizar el pago del mes correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa en los meses siguientes fue el detonante de la convocatoria.

La movilización fue convocada por el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, entre otras organizaciones. La protesta tuvo alcance metropolitano: además de Avellaneda, se registraron cortes en el Puente Saavedra (Vicente López), el Puente La Noria (Lomas de Zamora), la intersección de Ruta 3 y General Paz (La Matanza) y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Gas pimienta e hidrantes: la respuesta del Estado

En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal y la Prefectura Naval formaron un cordón y aplicaron el protocolo antipiquetes con rigor. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la avenida Mitre, los efectivos respondieron con gas pimienta y empujaron a la columna para impedir que la protesta llegara al ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. También se desplegó un camión hidrante. En paralelo, bomberos apagaron neumáticos que los manifestantes habían encendido sobre la calzada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio bonaerense. «Sin reglas claras no hay orden», escribió en su cuenta de X, y agregó: «Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno.» El comunicado ministerial finalizó con una ratificación del uso del protocolo en jurisdicción federal: «Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA.»

La voz de la base: hambre y ajuste

Entre la tensión y el gas pimienta, la voz de quienes integran la base social de la movilización fue contundente. Natalia, una de las manifestantes identificada como integrante de un comedor en Avellaneda, explicó que utilizaba el plan para pagar impuestos y que sin esa asistencia sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó «como si ingresar a la Capital fuera un delito» y alertó sobre el impacto concreto del recorte: «Cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre.»

Belliboni también destacó que la continuidad del programa quedó momentáneamente asegurada por una resolución judicial y recordó las palabras del magistrado: «Un juez de San Martín dijo que es una barbaridad que se sacara este programa de trabajo que perciben personas que trabajan en todo el país en comedores y asistencia social en los barrios más castigados.»

Una protesta federal, un plan de lucha progresivo

La jornada no se circunscribió al área metropolitana. Se confirmaron cortes y movilizaciones en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino, entre otras ciudades. Los manifestantes advirtieron que el plan de lucha es de carácter progresivo y que no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia. El reclamo central no es solo la restitución del programa: las organizaciones denuncian que el pago de $78.000 se encuentra congelado desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada en ese período licuó por completo su poder de compra, dejando a cientos de miles de familias sin la única fuente de ingreso garantizado.

Puntos clave

  • El Gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi 950.000 personas con una asignación mensual de $78.000 por tareas comunitarias.
  • Un fallo judicial frenó la baja del programa y obligó al Ejecutivo a garantizar el pago, pero la incertidumbre sobre los meses siguientes desencadenó la movilización.
  • Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gas pimienta y camión hidrante en el Puente Pueyrredón para impedir el corte total del acceso.
  • La protesta tuvo alcance federal con cortes confirmados en al menos cinco ciudades del interior del país.
  • Los beneficiarios denuncian que la asignación de $78.000 está congelada desde diciembre de 2023, sin actualizaciones frente a la inflación acumulada.
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