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Movimientos Sociales

Realizarán en enero séptima marcha a Lago Escondido para denunciar «enclave británico»

«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.

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Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán entre el 26 de enero y 14 de febrero próximos la séptima marcha a Lago Escondido para denunciar que el lugar es un «enclave británico» y funciona como «la cueva de un poder mafioso».

En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó hoy a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate británico Joe Lewis.

«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.

Los detalles de la marcha fueron informados por las organizaciones nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) en una conferencia de prensa que realizaron en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, ubicado en avenida Paseo Colón 631, de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de Fipca, Julio César Urien, expresó que «como se demostró en octubre, con la difusión de los chats sobre el viaje al Lago Escondido, esta es una causa nacional» y manifestó que «Lago Escondido es una expresión del poder real, un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores; por eso en la marcha vamos a demostrar la fuerza de la unidad de los sectores del campo popular».

En la conferencia de prensa también estuvieron el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan; el dirigente peronista Jorge Rachid; el dirigente de la CTA de los Trabajadores Pablo Manciangello; de la CTA Autónoma Alberto «Beto» González; y el secretario general de Gráficos, Héctor Amichetti; entre otros.

Según informaron en la conferencia, la nueva movilización -que será la séptima- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximos y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.

Una de las columnas contará con entre 40 a 50 personas y llegarán al lago a través del camino de montaña, travesía que lleva varios días, mientras que unos 300 a 400 militantes se movilizarán por el camino de Tacuifí, cuya habilitación es reclamada por las organizaciones.

En un comunicado, señalaron que Lago Escondido representa un «enclave británico» que es «la cueva de un poder mafioso, un Estado paralelo vinculado al poder económico, judicial y mediático».

«Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuifí por su carácter de acceso público», añadieron.

Entre las organizaciones que adhirieron a la marcha en el comunicado difundido por Fipca se encuentran La Cámpora, La Federación de Gráficos Bonaerenses (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opción por los pobres.

«Estamos esperando más gente, creo que va a tener más repercusión y va a ser un hecho político», dijo Urien.

Asimismo, entre los fundamentos para la la marcha explicaron que buscan que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido en octubre pasado».

En declaraciones, Urien sostuvo que Grabois «ya estuvo en otra oportunidad a Lago Escondido» y consideró que la acción que realizó hoy en el lugar «suma a la política que Fipca lleva adelante».

«Lo vamos a invitar a que venga con nosotros en enero, me parece importante que haya podido ingresar. Hay que ver si ahora en este camino puede ingresar cualquiera, nosotros hasta ahora hemos sido obstaculizados y reprimidos, pero ojalá», concluyó.

En tanto, la CTA de Río Negro convocó a movilizarse a Lago Escondido y su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo en General Roca que «esta séptima marcha tiene que ser la última».

El sindicato recordó, asimismo, que existe una causa por el reclamo «que el año pasado fue cerrada por Carlos Mahiques, uno los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta».

Aguiar señaló que la marcha partirá desde El Bolsón por el camino de montaña que recorre los lagos Soberanía y Montes, y también desde El Foyel por el Camino de Tacuifí.

«Esta vez vamos a llegar hasta al lago a cualquier costo y el gobierno rionegrino tendrá la máxima responsabilidad por cualquier hecho que haya que lamentar», agregó el dirigente y manifestó que «Lewis, y los poderes político y judicial que lo encubren se encuentran cercados por un consenso social creciente, esta séptima marcha tiene que ser la última, para que ponga fin a tantos años de impunidad».

Asimismo, afirmó que se va a pedir la intervención del Gobierno nacional para que contribuya con la seguridad de la actividad y sostuvo que «luego de realizar seis marchas, ya no tenemos dudas de que la Policía de la Provincia cuida sólo a Lewis».

«Los rionegrinos que pagamos sus sueldos sufrimos cada vez más inseguridad, mientras los multimillonarios extranjeros viven tranquilos en nuestra provincia», precisó.

La CTA Autónoma, asimismo, reclamó al Gobierno de Río Negro el cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche que ordenó a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí.

La orden judicial incluye señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad.

El gremio aseguró que «ese fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia».

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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