Movimientos Sociales
Realizarán en enero séptima marcha a Lago Escondido para denunciar «enclave británico»
«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.
Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán entre el 26 de enero y 14 de febrero próximos la séptima marcha a Lago Escondido para denunciar que el lugar es un «enclave británico» y funciona como «la cueva de un poder mafioso».
En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó hoy a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate británico Joe Lewis.
«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.
Los detalles de la marcha fueron informados por las organizaciones nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) en una conferencia de prensa que realizaron en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, ubicado en avenida Paseo Colón 631, de la ciudad de Buenos Aires.
El presidente de Fipca, Julio César Urien, expresó que «como se demostró en octubre, con la difusión de los chats sobre el viaje al Lago Escondido, esta es una causa nacional» y manifestó que «Lago Escondido es una expresión del poder real, un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores; por eso en la marcha vamos a demostrar la fuerza de la unidad de los sectores del campo popular».
En la conferencia de prensa también estuvieron el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan; el dirigente peronista Jorge Rachid; el dirigente de la CTA de los Trabajadores Pablo Manciangello; de la CTA Autónoma Alberto «Beto» González; y el secretario general de Gráficos, Héctor Amichetti; entre otros.
Según informaron en la conferencia, la nueva movilización -que será la séptima- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximos y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.
Una de las columnas contará con entre 40 a 50 personas y llegarán al lago a través del camino de montaña, travesía que lleva varios días, mientras que unos 300 a 400 militantes se movilizarán por el camino de Tacuifí, cuya habilitación es reclamada por las organizaciones.
En un comunicado, señalaron que Lago Escondido representa un «enclave británico» que es «la cueva de un poder mafioso, un Estado paralelo vinculado al poder económico, judicial y mediático».
«Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuifí por su carácter de acceso público», añadieron.
Entre las organizaciones que adhirieron a la marcha en el comunicado difundido por Fipca se encuentran La Cámpora, La Federación de Gráficos Bonaerenses (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opción por los pobres.
«Estamos esperando más gente, creo que va a tener más repercusión y va a ser un hecho político», dijo Urien.
Asimismo, entre los fundamentos para la la marcha explicaron que buscan que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido en octubre pasado».
En declaraciones, Urien sostuvo que Grabois «ya estuvo en otra oportunidad a Lago Escondido» y consideró que la acción que realizó hoy en el lugar «suma a la política que Fipca lleva adelante».
«Lo vamos a invitar a que venga con nosotros en enero, me parece importante que haya podido ingresar. Hay que ver si ahora en este camino puede ingresar cualquiera, nosotros hasta ahora hemos sido obstaculizados y reprimidos, pero ojalá», concluyó.
En tanto, la CTA de Río Negro convocó a movilizarse a Lago Escondido y su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo en General Roca que «esta séptima marcha tiene que ser la última».
El sindicato recordó, asimismo, que existe una causa por el reclamo «que el año pasado fue cerrada por Carlos Mahiques, uno los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta».
Aguiar señaló que la marcha partirá desde El Bolsón por el camino de montaña que recorre los lagos Soberanía y Montes, y también desde El Foyel por el Camino de Tacuifí.
«Esta vez vamos a llegar hasta al lago a cualquier costo y el gobierno rionegrino tendrá la máxima responsabilidad por cualquier hecho que haya que lamentar», agregó el dirigente y manifestó que «Lewis, y los poderes político y judicial que lo encubren se encuentran cercados por un consenso social creciente, esta séptima marcha tiene que ser la última, para que ponga fin a tantos años de impunidad».
Asimismo, afirmó que se va a pedir la intervención del Gobierno nacional para que contribuya con la seguridad de la actividad y sostuvo que «luego de realizar seis marchas, ya no tenemos dudas de que la Policía de la Provincia cuida sólo a Lewis».
«Los rionegrinos que pagamos sus sueldos sufrimos cada vez más inseguridad, mientras los multimillonarios extranjeros viven tranquilos en nuestra provincia», precisó.
La CTA Autónoma, asimismo, reclamó al Gobierno de Río Negro el cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche que ordenó a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí.
La orden judicial incluye señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad.
El gremio aseguró que «ese fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia».
Economía 💲
Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo
La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».
La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.
Una jornada, dos columnas y una misma crisis
Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.
Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.
Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»
El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.
La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado
La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.
La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.
El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen
La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.
Council of the Americas: el otro país
Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.
Puntos clave
- La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
- En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
- Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
- Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
- El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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