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La PSA allanó la TV Pública para secuestrar los contratos del vuelo de Adorni

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresaron a los estudios de la emisora estatal para incautar documentos vinculados a la productora ImHouse, de Grandio, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete. El operativo expuso una trama de vínculos comerciales con el canal público que nunca fue declarada.

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★ La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llegó a los estudios de la TV Pública y llevó a cabo un allanamiento para secuestrar los contratos suscriptos entre la emisora estatal y Marcelo Grandio, periodista del canal y propietario de la productora ImHouse SA. El operativo se ejecutó en el marco de la investigación que indaga si el jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó fondos propios o de terceros para solventar un vuelo privado desde Punta del Este hacia Buenos Aires.

El objetivo de la diligencia judicial fue claro: obtener los documentos que acrediten la naturaleza y el volumen económico de la relación entre la productora de Grandio y el canal estatal. La pregunta que subyace a la causa es si esos contratos configuran un beneficio comercial otorgado por el Estado a un particular que, al mismo tiempo, financió un traslado privado de un funcionario de primer rango.

Quién es Grandio y qué vínculos tiene con la TV Pública

Marcelo Grandio es periodista, conduce programas en la TV Pública y es socio y titular de ImHouse SA, una productora audiovisual con contratos vigentes con la emisora estatal. Además de esa relación comercial, Grandio es amigo personal de Manuel Adorni. Lo alojó en su casa de Uruguay durante el viaje que desató la controversia y, según las facturas que obró el juez Lijo, reservó y pagó el vuelo de regreso de Adorni y su familia desde Punta del Este a Buenos Aires.

La superposición de roles, periodista del canal, proveedor del canal y amigo del funcionario, instaló de manera inevitable el debate sobre el conflicto de intereses: ¿cómo se asignan los contratos de ImHouse con la TV Pública? ¿Quién los aprobó? ¿Cuánto dinero involucran? Esas preguntas no tuvieron respuesta pública hasta que la Justicia tomó la decisión de buscar los documentos en los propios estudios de la emisora.

La versión de Adorni se desmoronó ante el juez

Desde que el caso se hizo público, Adorni sostuvo que el vuelo privado lo pagó con fondos familiares. La declaración de Issin ante Lijo contradijo esa versión de manera directa. El piloto, que se presentó voluntariamente ante el tribunal, fue explícito: «El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva.»

Las facturas que la Justicia incorporó al expediente son igualmente elocuentes. La empresa Alpha Centauri emitió una factura a nombre de Issin por un paquete de diez viajes valuado en 42.250 dólares, abonados en efectivo. A su vez, Issin emitió una factura por 3.000 dólares a nombre de Grandio, fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día en que el periodista Carlos Pagni lo mencionó públicamente por primera vez.

El vuelo de ida figura a nombre de ImHouse SA. El regreso, solo Adorni y su familia, también quedó vinculado a la misma cadena de pagos. Alpha Centauri confirmó al juzgado que la factura del vuelo de ida fue emitida a ImHouse por 4.830 dólares, transferidos en pesos.

El rol de la PSA y la cadena de mando

La participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el operativo no pasó inadvertida. La PSA depende del Ministerio de Seguridad y fue la fuerza designada para ejecutar el allanamiento en la sede de un medio de comunicación estatal, en una causa que involucra a un funcionario del propio Ejecutivo. Esa dependencia jerárquica generó cuestionamientos sobre la independencia del procedimiento, aunque el allanamiento fue ordenado directamente por el juez Lijo.

Opacidad en la pauta oficial y contratos sin publicidad

La causa abrió también una discusión más amplia sobre la opacidad en la asignación de contratos y pauta oficial a productoras con vínculos directos con funcionarios del gobierno. ImHouse operó en la TV Pública sin que esa relación comercial fuera informada públicamente ni declarada como potencial conflicto de intereses por parte de Grandio ni de Adorni.

La pauta oficial y los contratos con productoras son instrumentos que, en Argentina, históricamente funcionaron como mecanismos de presión o de recompensa hacia determinados sectores del periodismo. La revelación de que la productora de un periodista que pagó vuelos privados a un ministro tiene contratos con el canal donde ese periodista trabaja reavivó el debate sobre la captura de los medios estatales como herramienta de poder.

Puntos clave

  • El allanamiento a la TV Pública buscó secuestrar los contratos entre la emisora y la productora ImHouse, de Marcelo Grandio.
  • Grandio es periodista del canal, titular de ImHouse y amigo personal de Manuel Adorni.
  • El piloto Issin declaró ante el juez Lijo que fue Grandio quien reservó y pagó el vuelo de regreso de Adorni desde Punta del Este.
  • Las facturas incorporadas a la causa contradicen la versión oficial de Adorni, quien sostuvo que pagó el vuelo con fondos propios.
  • El paquete de diez vuelos facturado a Issin por Alpha Centauri ascendió a 42.250 dólares en efectivo.
  • La relación comercial entre ImHouse y la TV Pública no fue declarada públicamente como conflicto de intereses.

DDHH

11-S: la Corte Suprema de EEUU rechazó revivir el acuerdo que evitaba la pena de muerte

El máximo tribunal denegó, sin dar razones, la petición de Khalid Shaikh Mohammad y dos coacusados para restituir los acuerdos de 2024, que implicaban cadena perpetua. Queda firme el fallo que avaló a Austin, la pena de muerte sigue posible y el juicio está fijado para junio de 2028.

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El Argentino Diario-Torres Gemelas-Atentado del 11S-Nueva York.
La Corte Suprema de EEUU rechazó revivir el acuerdo que evitaba la pena de muerte para los acusados del 11-S.

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última vía para revivir los acuerdos de culpabilidad de 2024 con tres acusados por los atentados del 11 de septiembre, que habrían reemplazado la posibilidad de la pena de muerte por cadena perpetua. El tribunal denegó el 19 de octubre, sin explicar sus razones, la petición de certiorari presentada por Khalid Shaikh Mohammad y otros peticionarios.

Mohammad, capturado en Pakistán en 2003 y detenido desde entonces, está acusado de haber desarrollado y dirigido el plan de los atentados. La petición, que figura como expediente 26-13 y llegó desde la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, la presentó junto con Mustafa al Hawsawi y Walid bin ‘Atash, que también impugnaban la decisión del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, de retirar los acuerdos. El registro del tribunal consigna que el juez Brett Kavanaugh no participó en la decisión.

Qué se discutía

Los acuerdos de 2024, aprobados por los fiscales militares y por la máxima autoridad del Pentágono para Guantánamo, preveían que los acusados se declararan culpables a cambio de una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Austin los anuló y sostuvo que una decisión sobre la pena de muerte en un ataque de esa gravedad solo debía tomarla el secretario de Defensa. Un juez militar había considerado que los acuerdos podían avanzar, pero un panel dividido de la Corte de Apelaciones concluyó que Austin actuó dentro de sus facultades.

Los abogados defensores argumentaron que Austin actuó demasiado tarde. El caso contó con presentaciones de terceros ante la Corte, entre ellas la de familiares de víctimas de Septiembre Once por un Mañana Pacífico. Los familiares de las víctimas estuvieron divididos: algunos sostuvieron que un juicio es el mejor camino hacia la justicia y otros vieron en los acuerdos la mejor esperanza de cerrar un caso largo y doloroso.

Qué decidió la Corte y qué no

El registro oficial consigna la fórmula “Petition DENIED”, que indica que la Corte no aceptó revisar el caso y deja en pie el fallo de la Corte de Apelaciones. La decisión se publicó en una lista de órdenes sin fundamentos ni disidencias públicas. El rechazo no es un veredicto sobre las acusaciones penales: no establece culpabilidad ni contiene una condena.

Con los acuerdos fuera de juego, la pena de muerte sigue siendo una posibilidad para los acusados y el juicio ante una comisión militar está fijado para junio de 2028.

La tortura y las demoras

Un informe del Senado de Estados Unidos de 2014 describió la tortura de Mohammad bajo custodia de la CIA, incluidas 183 sesiones de ahogamiento simulado. Parte de las demoras del proceso se vinculan con ese trato y con la discusión sobre qué pruebas pueden usarse: un juez de la comisión militar resolvió que los fiscales no podían utilizar una presunta confesión que Mohammad habría hecho al FBI en 2007. Uno de sus abogados, Joshua Dratel, sostuvo que el caso está contaminado por la política y por la falta de rendición de cuentas por la tortura.

Veinticinco años después de los atentados, el principal acusado sigue sin ser juzgado. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron la muerte de casi 3.000 personas.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema denegó el 19 de octubre la petición de certiorari del expediente 26-13, sin explicar sus razones.
  • Los peticionarios querían restituir los acuerdos de 2024, que implicaban cadena perpetua sin libertad condicional.
  • Queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones que avaló la anulación de Austin.
  • Kavanaugh no participó; la pena de muerte sigue siendo posible y el juicio está fijado para junio de 2028.
  • El rechazo no equivale a una condena ni a un veredicto sobre las acusaciones.
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