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Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe incautó más de 1.800 celulares en cárceles en tres meses

El gobernador Maximiliano Pullaro realizó un seguimiento e inspección de las requisas que se vienen realizando desde que inició su Gobierno.

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El Gobierno de Santa Fe incautó más de 1.800 teléfonos celulares en distintos pabellones de las unidades penitenciarias de la provincia a partir de requisas realizadas en los últimos tres meses, desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Así lo informó un comunicado oficial, que destacó el monitoreo que viene haciendo el gobernador radical sobre este tema.

Según el mandatario provincial, “producto del control de las cárceles, y de la imposibilidad de comunicarse, hoy hay delitos que empiezan a bajar, fundamentalmente el robo y la extorsión».

Durante una visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, Pullaro destacó que la decisión de llevar adelante estas requisas “se tomó en un marco de mucha violencia y criminalidad; y de muchos delitos que, se probaron, se cometían desde la cárcel, con teléfonos celulares».

El gobernador santafesino subrayó la importancia de “las herramientas que la Legislatura nos dio y que nos permitieron intervenir con más fuerza y tener mayor niveles de control en el Servicio Penitenciario, porque el Estado tiene que tener los mecanismo que permita limitar la comisión permanente de delitos”.

“Hoy la sociedad puede ver algún tipo de resultado que le ha dado el Gobierno, pero fundamentalmente los poderes del Estado”, ponderó.

“Somos conscientes de las críticas, pero solamente estamos haciendo cumplir la ley y la Constitución de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe”, agregó.

Durante la actividad en la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, con quienes observó los 1.800 dispositivos incautados en los diferentes penales durante las requisas que se llevan adelante desde que asumieron las nuevas autoridades.

Economía 💲

Lácteos Verónica pidió el concurso preventivo con un pasivo de $15.945 millones

La tradicional empresa santafesina, con plantas en Clason, Lehmann y Suardi, presentó el pedido ante la Justicia comercial porteña para evitar la quiebra. El pasivo acumula deudas bancarias con nueve entidades y más de 2.900 cheques rechazados. La cooperativa cordobesa Copalac ya opera a fasón en Suardi.

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De exportar 102 millones de dólares a pedir el concurso: la caída de Lácteos Verónica.

Lácteos Verónica, una de las marcas históricas de la industria láctea argentina con tres plantas de procesamiento en la provincia de Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi), solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. El pasivo declarado asciende a $15.945 millones, producto de meses de parálisis productiva y cesación de pagos salariales que dejaron a sus trabajadores sin cobrar y a sus proveedores tamberos con acreencias acumuladas sin respuesta.

La presentación judicial y el desglose del pasivo

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, con sede en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La administración de la empresa, conducida por la familia Espiñeira, presentó un balance financiero deteriorado que la Justicia deberá evaluar para decidir si habilita el proceso concursal.

El pasivo total se descompone en dos grandes bloques. Por un lado, $4.745 millones en obligaciones bancarias con nueve entidades: Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. Por el otro, más de 2.900 cheques rechazados por un saldo que alcanza los $11.200 millones, una cifra que refleja la magnitud de la cesación de pagos que venía arrastrando la firma desde hace meses.

Los tamberos y el intento previo de crisis

El derrumbe de Verónica no fue repentino. Antes del concurso, la empresa intentó un Procedimiento Preventivo de Crisis que buscaba desvincular a unos 200 empleados, un camino que tampoco pudo sostener. Paralelamente, la parálisis operativa golpeó de lleno a los 150 productores tamberos que abastecían a la empresa, quienes acumulan acreencias por 60 millones de dólares sin perspectivas claras de cobro.

El dato no es menor en un contexto donde la industria láctea nacional atraviesa una crisis estructural agravada por el ajuste macroeconómico del gobierno de Javier Milei, que deprimió el consumo interno y encareció los costos de producción. Para una empresa exportadora como Verónica, que entre enero de 2020 y abril de 2025 colocó manufacturas por más de 102 millones de dólares en mercados internacionales, el contraste entre ese historial y la situación actual refleja con crudeza el impacto de las políticas de desregulación y ajuste sobre la cadena agroalimentaria.

El Estado provincial frente al desastre anunciado

Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, a cargo de Roald Báscolo, la respuesta fue de una honestidad incómoda: «era sabido que podría ocurrir». La cartera provincial tuvo que articular asistencia alimentaria junto a la Municipalidad de Suardi para auxiliar a los operarios que quedaron sin percibir sus haberes, un cuadro que desnuda la ausencia de herramientas preventivas efectivas frente al colapso de una industria estratégica para la economía santafesina.

Ante la falta de comunicación directa del directorio de la empresa con su personal, el delegado de Atilra en la planta de Lehmann, Domingo Possetto, expresó la situación con palabras que condensan el desconcierto de los trabajadores: «No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer».

Copalac entra a escena: operación a fasón en Suardi

En ese marco, la cooperativa cordobesa Copalac acordó operar a fasón las instalaciones de la planta de Suardi para ingresar leche cruda y producir leche en polvo. El convenio otorga ocupación provisoria a 30 trabajadores de esa sede. Desde Atilra dejaron en claro el alcance de la responsabilidad asumida: «Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo». Se trata de una solución parcial que interrumpe momentáneamente la parálisis pero no resuelve la situación global de la empresa ni la de la totalidad de su plantilla.

El concurso preventivo es el mecanismo legal que permite a una empresa en cesación de pagos negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial para evitar la quiebra y la liquidación de activos. La apertura del proceso no garantiza la continuidad de la firma; dependerá de la capacidad del directorio de la familia Espiñeira para presentar un acuerdo viable ante los acreedores dentro de los plazos que fije el juzgado.

Puntos clave:

  • Lácteos Verónica presentó el concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17 de Buenos Aires con un pasivo total de $15.945 millones.
  • El pasivo incluye $4.745 millones en deudas bancarias con nueve entidades y más de 2.900 cheques rechazados por $11.200 millones.
  • 150 productores tamberos reclaman acreencias por 60 millones de dólares sin perspectiva de cobro.
  • La cooperativa Copalac acordó operar a fasón en la planta de Suardi, dando ocupación provisoria a 30 trabajadores.
  • Entre 2020 y abril de 2025, Lácteos Verónica exportó más de 102 millones de dólares en manufacturas lácteas.
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