Judiciales ⚖️
Para la Fiscalía, “la prueba derribó el principio de inocencia”
El fiscal Dávila sostuvo esta tarde a la prensa que «los jueces van a resolver en base a la prueba, y la prueba derribó el principio de inocencia de la defensa».
El fiscal Juan Manuel Dávila, uno de los encargados de impulsar la acusación contra los ocho rugbiers en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, aseguró hoy, al término de los alegatos de las partes, que «la prueba derribó el principio de inocencia» que postula la defensa.
Dávila dijo esta tarde a la prensa que de «modo alguno» el pedido de disculpas de los acusados durante sus «últimas palabras» va a modificar el fallo del tribunal ya que «los jueces van a resolver en base a la prueba, y la prueba derribó el principio de inocencia de la defensa».
También destacó que gracias a los medios de comunicación se acercaron testigos, algo que, según su experiencia, no suele ocurrir en casos que se producen en la costa durante el verano, y que «en cuarenta y ocho horas se recolectó toda la prueba».
Por su parte, Gustavo García, el otro fiscal de juicio, aseguró que «no hay una violación del principio de congruencia», tal como planteó el abogado defensor Hugo Tomei, dado que «se trata de un mismo hecho histórico» y que «solo hubo un cambio en la descripción» del mismo.
Previo a la exposición de Tomei, Dávila consideró que la jornada de ayer, en la que se llevaron a cabo los alegatos de la acusación y la querella, tuvo un «balance muy positivo»:
«El fiscal (Gustavo) García habló de todo lo que es la descripción del hecho y yo hablé de los autores de los hechos, que es la autoría. Ya conocíamos la prueba que a la postre íbamos a demostrar. Se acreditó lo que hizo cada uno de los imputados con la certeza que se requiere. Las dos partes mantuvimos esta calificación legal, que la única pena que amerita es la prisión perpetua», aseguró.
Además, Dávila admitió que no le sorprendieron los videos que presentó ayer la querella durante los alegatos.
«Sin embargo, lo que han ayudado esos registros, es individualizar físicamente el rol que tiene cada uno», reconoció el fiscal.
Por último, volvió a señalar que el accionar de los imputados fue premeditado y «no hay dudas» que hubo «un plan a los efectos de matar a Fernando».
«Lo que es la premeditación no quiere decir que hayan pensado ‘hoy salgo a bailar y mato una persona’, quiere decir que instantes previos a la comisión del hecho lo que hacen las personas es ponerse de acuerdo para matarlo. Eso se puede advertir en todos los videos: que siete minutos antes salen del boliche, cruzan la calle y van al lugar donde está Fernando. Se observó que, ni bien se va el último efectivo policial, inician», concluyó.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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