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Cerruti planteó preocupación por el pueblo mapuche, los alquileres y la carne

La portavoz de la Presidencia adelantó que se analizan en «una mesa de trabajo» los conflictos en la Patagonia y desestimó los supuestos «cruces entre ministros».

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La portavoz de la Presidencia adelantó que se analizan en «una mesa de trabajo» los conflictos en la Patagonia y desestimó los supuestos «cruces entre ministros». Además, señaló que habrá novedades en relación a la carne y manifestó que existe preocupación por los valores de los alquileres.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró heste jueves que «es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne», que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que «habrá novedades próximamente».

El precio de la carne

«Va a haber novedades próximamente. Están los ministros (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y ( (Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas. Serán anunciadas por el Presidente (Alberto Fernández) cuando haya que comunicarlas», señaló Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

Explicó que el Gobierno «está trabajando ahora en el tema», al que calificó como «primordial en estos días», y adelantó que «se están viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y de mucha consulta con los diferentes actores del sector agroindustrial».

«Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión», observó Cerruti.

La vocera subrayó que «se ha trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en los supermercados y se avanzó todavía más ayer hablando con los mayoristas y con los supermercados» y recordó lo hecho con el sector de los «medicamentos», acuerdos alcanzado con los laboratorios.

La cuestión mapuche

Cerruti afirmó que el Gobierno nacional busca «prevenir y resolver» situaciones de violencia en la Patagonia, tras la muerte del joven Elías Garay y agregó que la intención de las autoridades provinciales y nacionales, es armar una «mesa de trabajo» en este sentido.

«Anoche hablé con el ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández sobre el tema. Él está en conversaciones con la gobernadora (de Río Negro, Arabela Carreras) permanentemente. Se estuvieron enviando efectivos, se trabajó en la zona de la provincia donde hay conflictos», recordó Cerruti en una conferencia de prensa brindada esta mañana en Casa de Gobierno.

En el mismo sentido, la portavoz añadió que hay «un espíritu en conjunto tanto de la gobernadora y del Gobierno, y del ministro de (Seguridad), en avanzar hacia una suerte de mesa de trabajo, o de cooperación, para prevenir este tipo de situaciones y resolver además las que se están desarrollando».

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«La Gendarmería estuvo en la ruta 40 y en las diferentes localidades para prevenir estos conflictos el fin de semana largo y fue eficiente ese accionar», analizó. En ese sentido, agregó: «Estamos hablando de que hay pérdidas de vida humanas y ese el principal dolor de este Gobierno».

La muerte de Garay ocurrió el domingo pasado en el paraje Cuesta del Ternero, cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron a un predio, donde la comunidad mapuche Quemquemtreu sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio que consideran como «ancestral».

Cerruti también sostuvo que «no hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso», y afirmó que hay en la prensa «un exceso de vocación por charlas contadas en off de récord, pero no es la realidad del Gobierno».

Remarcó que se trabaja con «mucho espíritu de armonía» y destacó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien «lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del FMI».

Plan Plurianual Económico

Luego de ese segmento, la portavoz abordó una agenda temática amplia, desde la confección del plan plurianual económico, la reforma de la ley de alquileres y el precio de la carne, hasta la situación de los pueblos originarios en la comarca andina.

Sobre el primero de esos temas, afirmó que Guzmán es quien «lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI)».

En ese sentido, reiteró que será presentado «en los primeros días de diciembre», que en él se incluirán los puntos en los que haya avanzado la negociación con el FMI y que será derivado al Congreso y al Consejo Económico y Social para su análisis.

En lo que respecta a la marcha de la economía, la portavoz señaló el crecimiento interanual de los distintos índices «apalancados desde las pymes» y sostuvo que el Gobierno nacional «tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres». Al respecto, confirmó que se «está trabajando en una nueva ley de alquileres» dado que la implementación de la actual «no tuvo los efectos esperados».

En tanto, sobre la situación de los pueblos originarios en la Patagonia, recordó que el Gobierno nacional prorrogó la ley que ordena a las provincias llevar adelante los censos, dijo que se trata de «un conflicto que tiene muchísimas dimensiones» y señaló que Río Negro -donde se han registrado los mayores incidentes- es una de las provincias que registra mayores retrasos en el relevamiento mencionado.

El debate sobre los alquileres

La portavoz de la Presidencia además afirmó que el Gobierno nacional “tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres” y confirmó que se está trabajando en una modificación a la ley de alquileres, tal como adelantó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Con respecto a los resultados en el mercado inmobiliario que tuvo la nueva ley de alquileres que fue impulsada durante el Gobierno anterior y sancionada el año pasado, la portavoz sostuvo que “la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban”.

“Los precios de los alquileres, como todo aquello que forma parte de lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina”, enfatizó.

Al respecto, Cerruti concluyó: “Estamos en un momento de enorme crecimiento económico y necesitamos que ese crecimiento llegue a las familias y por eso vamos a seguir trabajando en tema precios y alquileres”.

Este miércoles, al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, consideró necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”.

“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, reseñó Massa, en referencia a la norma impulsada durante el macrismo.

La ley de alquileres fue sancionada por el Senado en junio de 2020, pero había recibido el aval de la Cámara de Diputados en noviembre del año anterior, durante la administración de Mauricio Macri.

CABA

El exabrupto de Jorge Macri, pidió juicio político a la jueza De Marinis: “Esta sentencia está manchada de sangre”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió con dureza contra el fallo de la jueza Laura De Marinis que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años, e instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que inicie de inmediato el proceso de juicio político contra la magistrada.

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El Argentino Diario-La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires-Jorge Macri.
Macri amenaza con juicio político a la jueza que frenó la baja de imputabilidad: la presión política sobre el Poder Judicial.

Pocas horas después de que se conociera el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a la ofensiva con una retórica encendida que convirtió la decisión de una jueza de primera instancia en munición política. «Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», afirmó Jorge Macri, quien instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que avance en ese sentido.

La resolución cuestionada fue dictada el 21 de septiembre de 2026 por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado por robo en grado de tentativa y declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de adolescentes de esa edad. La magistrada aclaró que el fallo aplica exclusivamente para ese caso y no tiene alcance general.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén»

Macri usó sus redes sociales para citar la cobertura periodística del fallo y acompañó la publicación con una declaración directa: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia». Más tarde, en declaraciones televisivas, el mandatario amplió su posición con una retórica que opone, de manera sistemática, a víctimas y magistrados garantistas.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien», sostuvo. Y agregó que «si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz».

Macri calificó el fallo de «una barbaridad, una aberración» y acusó a De Marinis de extralimitarse en sus funciones. «Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley», sentenció.

El argumento jurídico que Macri desestimó

El jefe de Gobierno también cuestionó la lógica interna del fallo, que en su argumentación señala que el sistema adulto no puede castigar a adolescentes por el desamparo al que el propio Estado los sometió desde la infancia. Para Macri, ese razonamiento es, en sí mismo, una contradicción: «La jueza dice que este chico está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó justamente permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias hasta medidas de cuidado y de tratamiento».

«Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa el chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna», afirmó. Y cerró con una acusación que apunta a los motivos de la magistrada: «Parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna. Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima».

Juicio político como herramienta de presión política

La amenaza de juicio político a un juez por el contenido de una sentencia es, en sí misma, una señal de alarma para la independencia del Poder Judicial. El instituto del juicio político está previsto para casos de mal desempeño, delitos en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Poder Ejecutivo discrepa. Macri lo sabe, y aun así lo anuncia con énfasis: «Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien».

La frase revela la operación política detrás del anuncio: no se trata de una acusación jurídicamente fundada contra la jueza, sino de un mecanismo para instalar una grieta en términos morales y disciplinar al Poder Judicial ante fallos que contraríen la agenda de seguridad del oficialismo. El propio Macri anticipó que también apelará la resolución, lo que es la vía procesal correcta. Pero eligió comunicar primero la amenaza de juicio político, no el recurso de apelación.

No es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires, cuando la jueza Marta Pascual suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en septiembre, legisladores de La Libertad Avanza bonaerense también anunciaron pedidos de juicio político. El patrón se repite: un fallo que contraria la ley impulsada por el oficialismo, una reacción política inmediata que convierte a la magistrada en blanco, y la amenaza de destitución como señal intimidatoria al resto del Poder Judicial.

Lo que tenés que saber

  • Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, calificó el fallo de la jueza De Marinis como «una barbaridad, una aberración» y anunció el pedido de juicio político, instruyendo al ministro de Justicia Gabino Tapia.
  • La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años; el fallo tiene alcance exclusivamente para ese caso concreto.
  • Macri sostuvo que apelará la decisión, que es la vía procesal correcta, pero eligió anunciar primero el juicio político como mensaje político al Poder Judicial.
  • El juicio político está previsto para mal desempeño o delitos, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Ejecutivo discrepa.
  • El patrón se repitió en la provincia de Buenos Aires con la jueza Marta Pascual, también amenazada de juicio político tras suspender la misma ley en septiembre.
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