El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió este miércoles a la Cámara de Diputados reconoce algo que el oficialismo prefiere no subrayar: que todo lo hecho hasta ahora por el Estado argentino para defender sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur fue, en palabras de la propia Oficina del Presidente, «insuficiente e ineficaz». La autocrítica involuntaria queda registrada en el comunicado oficial que acompañó el envío de la iniciativa.

La iniciativa, cuyo texto fue difundido por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, propone derogar el régimen vigente establecido por la Ley N° 26.659, sancionada en 2011 durante la gestión kirchnerista, y reemplazarlo por un esquema de sanciones más severas. El blanco son quienes realicen actividades económicas de manera ilegítima en el territorio reclamado, incluyendo a sus accionistas y proveedores.

Tres pilares y un Consejo de Seguridad Nacional

Según el comunicado oficial, el proyecto se estructura sobre tres ejes: castigar penalmente a quienes exploten recursos naturales de forma ilegítima en Malvinas y el Atlántico Sur; generar incentivos para que cesen esas conductas; y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas. La pieza más novedosa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como misión articular las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas, de inteligencia y de protección de infraestructuras críticas bajo una conducción unificada.

La arquitectura institucional propuesta replica, en su lógica, modelos de coordinación estratégica similares a los que existen en países como Estados Unidos o el Reino Unido, aunque el texto del proyecto no ha sido difundido en su integridad. La Causa Malvinas tiene en este punto una dimensión que el Gobierno omite: la potencia que hoy ocupa las islas es precisamente el Reino Unido, con quien el gobierno de Milei ha mantenido vínculos cordiales que contradicen la retórica de la firmeza soberana.

La convocatoria y sus silencios

En el mismo comunicado, Milei invitó «a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones» y pidió otorgar «máxima prioridad y celeridad» al tratamiento legislativo. La convocatoria a la unidad llega de un gobierno que ha hecho de la confrontación permanente con la oposición su marca registrada, incluyendo ataques sistemáticos a periodistas críticos y dirigentes del campo popular. El giro hacia el consenso en nombre de Malvinas tiene, en ese contexto, la textura de una operación política antes que de una urgencia diplomática genuina.

El mandatario cerró su comunicado con una frase de tono apelativo: «No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas». La recuperación de la soberanía sobre Malvinas es un objetivo que une a todo el espectro político argentino, pero el camino elegido por el Ejecutivo para alcanzarla merece un debate riguroso que el apuro legislativo reclamado por Milei pareciera querer evitar.

La Ley 26.659 y el antecedente kirchnerista

La norma que el proyecto busca derogar fue sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Establecía sanciones contra quienes operaran en el marco de la ocupación ilegal británica, en una lógica que el Gobierno libertario ahora califica de insuficiente. Lo que el oficialismo no aclara es qué medidas concretas tomó en sus casi tres años de gestión para profundizar esa política soberana antes de enviar este proyecto. La pregunta que queda pendiente es si el endurecimiento de las penas cambia algo en la práctica cuando el Estado argentino carece de los instrumentos de proyección de poder necesarios para hacer efectivas esas sanciones.

Lo que tenés que saber

• El gobierno de Milei envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones penales contra quienes explotan recursos en el territorio reclamado de Malvinas, incluyendo a accionistas y proveedores.
• La iniciativa propone derogar la Ley N° 26.659 de 2011 y crear un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar funciones diplomáticas, de defensa e inteligencia.
• El propio Ejecutivo reconoció en el comunicado oficial que las medidas tomadas hasta ahora fueron «insuficientes e ineficaces».
• Milei convocó a toda la dirigencia política a dar «máxima prioridad» al proyecto, aunque el Gobierno mantiene una postura de confrontación permanente con la oposición en todos los demás temas.
• El texto completo de la iniciativa no fue difundido al momento del anuncio.