Energía
Proponen avanzar con etiquetado de viviendas como estrategia de eficiencia energética
«Es mucho más barato, más fácil y más conveniente invertir para ahorrar energía que para generarla, transportarla y distribuirla», dijo Roque Stagnitta.
El etiquetado de viviendas permitiría un sustancial ahorro de energía tanto para las familias como a nivel general, si se tiene en cuenta que el 20% de la demanda total del país se concentra en los inmuebles particulares.
«Es mucho más barato, más fácil y más conveniente invertir para ahorrar energía que para generarla, transportarla y distribuirla», dijo el consultor en Eficiencia y Planificación Energética, Roque Stagnitta.
Stagnitta, doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario y Master en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Generación Distribuida del Politécnico de Milán, fue uno de los pioneros en la materia al asesorar hace una década al Gobierno de Santa Fe en un trabajo que se plasmó en la sanción en 2019 de la primera ley de Etiquetado de Viviendas de la Argentina.
«El etiquetado de viviendas es un instrumento de política pública que brinda información a un potencial comprador o inquilino respecto a qué tan eficiente es la vivienda que va a comprar o alquilar en el uso de la energía», reseñó el especialista.
Stagnitta, quien a su vez precisó los alcance del instrumento al señalar que «una vivienda con una buena clase de eficiencia energética se espera que vaya a consumir mucho menos energía respecto de una con una mala clase para calefaccionar en invierno, refrigerar en verano, agua caliente sanitaria e iluminación».
Las dificultades en establecer un promedio de ahorro radican tanto en las cuestiones geográficas -los requerimientos no son los mismos en Tierra del Fuego que en Formosa, por ejemplo- como también en la política tarifaria que se aplique, en tanto el nivel de subsidios en electricidad o gas resta incentivos al ahorro en ese aspecto.
De todos modos, Stagnitta realizó (en base a las tarifas de enero de 2023) un estudio sobre el impacto financiero de la inversión necesaria para convertir a una vivienda en energéticamente eficiente, la comparó con el ahorro obtenido y de esa manera calculó el tiempo de repago: para una vivienda de 60 metros cuadrados, la amortización se daría en 2,7 años en Bariloche, 3,6 años en Mendoza y Rosario, 3,8 años en CABA y 3,9 años en San Miguel de Tucumán.
Los plazos de amortización serían incluso menores a los señalados en la medida que los subsidios disminuyan, si se tiene en cuenta que en el mes tomado en consideración para la investigación la tarifa de electricidad representó la cobertura del 38% de los costos, porcentaje que se elevó al 89% en el caso del gas por razones estacionales, según el Monitor de Energía de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)
La eficiencia energética individual o familiar llevada a una escala nacional representaría un impacto significativo en las cuentas públicas, si se tiene en cuenta que el 20% del consumo total de energía se concentra en las viviendas particulares y que el etiquetado ayudaría a un ahorro del 40% de ese consumo, según las proyecciones que diera a conocer la presidenta de AGBC (Argentina Green Building Council), Paula Altavilla en la reciente conferencia «Etiquetado Energético en la Vivienda: Una decisión impostergable», que la entidad organizó junto al Instituto de la Construcción en Seco (Incose) y la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima).
En base a la demanda registrada en 2022, ese ahorro – en caso de abarcar a todas las viviendas del país- sería superior al consumo eléctrico de toda una ciudad como Córdoba o Rosario e incluso casi equivalente al del Gran Buenos Aires.
«Puede ser que haya una moda», admitió Stagnitta, en cuanto a las posturas en favor de la lucha contra el cambio climático, «pero hay algo muy sustancial y profundo: la energía cuesta, estructuralmente es cara en todo el mundo y nadie sabe cuánto tiempo durarán los subsidios».
Al respecto, advirtió que «el mundo hace años que empezó con esto», en tanto las restricciones energéticas en los países centrales llevaron a redoblar esfuerzos no solo en materia de generación sino principalmente en eficiencia y ahorro.
«El postulado a partir del cual se hacen estas políticas de eficiencia energética es que es mucho más barato, más fácil y más conveniente invertir para ahorrar energía que para generarla, transportarla y distribuirla; si nos ponemos un nivel de referencia de lo que sale el gas importado en Argentina, es mucho más barato invertir en viviendas eficientes para no consumir ese gas», planteó.
En ese contexto, Stagnitta destacó las dos resoluciones de la Secretaría de Energía de este año: la 5, que crea al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (Pronev) y la 418, que establece el registro nacional y habilita los convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
«Se avanza tanto en la parte administrativa como en la técnica, hace años que se trabaja con profesionales de la materia y el mercado empieza a convalidar esta etiqueta, ya hay desarrolladores nuevos», destacó, como resultado de la serie de cursos llevados a cabo en diferentes ciudades, con más de 1.500 profesionales habilitados.
Economía 💲
Biocombustibles: pymes y agro apuran una ley que el Gobierno dejó en pausa
CAME y el Consejo Agroindustrial Argentino reclamaron a Diputados la sanción del proyecto que ya aprobó el Senado. La pulseada entre aceiteras y pymes del biodiésel trabó el dictamen y el período ordinario cierra el 30 de noviembre.
El nuevo marco de biocombustibles que el oficialismo empujó en el Senado quedó varado en Diputados, y ahora son las cámaras empresarias las que salen a reclamar lo que el Gobierno dejó de priorizar. A días del cierre de las sesiones ordinarias, el proyecto no tiene dictamen ni fecha de tratamiento en la Cámara baja.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a 63 cámaras del sector, pidieron a los diputados que aprueben la iniciativa, que tiene media sanción del Senado y modifica la Ley 27.640 para abrir y desregular el mercado de biocombustibles. El proyecto fue impulsado en la Cámara alta por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza.
El reclamo empresario
En un comunicado difundido el 16 de noviembre, el CAA pidió «con carácter de urgencia» el dictamen y la aprobación del proyecto en la sesión ordinaria de esta semana. «Este proyecto no es solo una norma técnica; es una herramienta fundamental para el desarrollo nacional», sostuvo la entidad, que advirtió que «la aprobación de este proyecto es la señal que el mercado, el campo y la industria esperan para invertir». Y cerró: «Es momento de avanzar».
Dos días después se sumó CAME, que calificó la sanción definitiva como una «oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo productivo argentino» y una vía para «atraer inversiones y generar nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas». «Aprobar este proyecto de ley significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal», afirmó la confederación. La entidad vinculó además el desarrollo del sector con la diversificación de la matriz energética, la transición hacia energías más limpias y el agregado de valor en origen para las economías regionales.
Por qué está trabado
La discusión en las comisiones de Diputados quedó atrapada en la disputa entre la industria aceitera y las pymes históricas productoras de biodiésel, según consignó la prensa especializada. Detrás de la desregulación está en juego quién se queda con el mercado: los grandes complejos exportadores o las plantas medianas que sostienen empleo en el interior.
A esa tensión se suma un calendario adverso: hay pocas chances de que la Cámara baja sesione sobre el tema antes del 30 de noviembre, y el proyecto perdió lugar en la agenda urgente del Gobierno, que mira su posible impacto en un año electoral. La Ley 27.640, sancionada en 2021, es la que hoy regula la actividad.
Lo que tenés que saber
- CAME y el Consejo Agroindustrial Argentino reclamaron a Diputados la sanción de la nueva ley de biocombustibles.
- El proyecto tiene media sanción del Senado y modifica la Ley 27.640 para desregular el mercado.
- La disputa entre aceiteras y pymes del biodiésel trabó el dictamen en comisión.
- El período de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre y no hay fecha de tratamiento.
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