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Judiciales ⚖️

Bertulazzi: Casación congeló su extradición mientras el Estado no lo encuentra

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal suspendió por mayoría el trámite hasta que el exintegrante de las Brigadas Rojas sea capturado. Lleva nueve días prófugo y su esposa, Betina Köpcke, de 77 años, sigue detenida e incomunicada.

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Tribunales federales: causa por la extradición de Bertulazzi

Nueve días después de que Leonardo Bertulazzi se descolgara con un arnés desde un quinto piso, la Justicia tuvo que admitir lo evidente: no hay extradición posible sin el extraditable. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal suspendió este jueves el proceso de extradición del exintegrante de las Brigadas Rojas hasta que se concrete su captura.

Por mayoría, el tribunal resolvió remitir las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y dispuso que, una vez que el prófugo esté a disposición de las autoridades, el juzgado «deberá devolver las presentes para continuar su tramitación». Bertulazzi, de 74 años, está prófugo desde el martes 10 de noviembre, cuando escapó del departamento de Defensa 649 donde cumplía arresto domiciliario a la espera de ser entregado a Italia.

La esposa, detenida e incomunicada

Betina Erika Köpcke, de 77 años y de nacionalidad alemana, fue detenida el miércoles en su casa de San Telmo por orden de Servini, a pedido de la fiscal Alejandra Mangano, en una causa por presunto favorecimiento de evasión. La hipótesis es que tenía conocimiento previo y detallado del plan: en el celular que Bertulazzi dejó en una mochila había fotos de octubre de 2025 en las que se la ve frente al portón de la calle Bolívar por donde escapó, y otras de las cuerdas ubicadas junto al balcón. Quedó incomunicada y estaba previsto que este jueves fuera trasladada para prestar declaración indagatoria.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención en su cuenta de X: «En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir».

Una fuga que expuso los controles

A las 6.01 del 10 de noviembre, Bertulazzi se quitó la tobillera electrónica y la dejó dentro de un tubo con carne de cerdo y una almohadilla térmica para que no variaran los parámetros de temperatura; luego se descolgó hasta un terreno baldío lindero y trepó el portón hacia la calle. Horas más tarde, las cámaras de un comercio de Martínez lo registraron comprando un gorro. Según fuentes de la investigación, unas dos semanas antes había intentado sacarse la tobillera, el sistema activó una alarma y la Policía Federal pidió su traslado a una unidad penitenciaria, pero se mantuvo el arresto domiciliario.

El monitoreo electrónico estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal y la custodia presencial, de la Policía Federal: ambos dependen del mismo Ministerio de Seguridad que hoy ofrece una recompensa para encontrarlo. La cartera ofrece 20 millones de pesos por datos sobre su paradero, por la Resolución 1168/2026, que se reciben en la línea gratuita 134. El jueves 12, un uruguayo y su pareja salvadoreña fueron detenidos en Gualeguaychú cuando intentaban cruzar a Uruguay, sospechados de colaborar con la fuga.

Una extradición firme y un refugio en disputa

En Italia, Bertulazzi fue condenado en ausencia a una pena unificada de 27 años de prisión, entre otros hechos por el secuestro del industrial Pietro Costa, en 1977, y por integrar una banda armada. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) lo reconoció como refugiado en 2004 y dio por cesado ese estatus el 29 de agosto de 2024, el mismo día en que fue detenido.

La Corte Suprema confirmó la procedencia de la extradición el 1 de julio de 2025, aunque aclaró que no se pronunciaba sobre la pérdida del refugio, que se discute en el fuero contencioso administrativo federal; la decisión final sobre la entrega corresponde al Poder Ejecutivo. Su abogado, Rodolfo Yanzón, sostuvo que esa discusión seguía abierta cuando su defendido se fugó.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de Casación suspendió por mayoría la extradición de Bertulazzi hasta que sea capturado.
  • Las actuaciones vuelven al juzgado de María Servini y regresarán a Casación cuando el prófugo esté detenido.
  • Bertulazzi está prófugo desde el 10 de noviembre y hay una recompensa de 20 millones de pesos.
  • Su esposa, Betina Köpcke, de 77 años, está detenida e incomunicada por presunto favorecimiento de evasión.
  • La Corte Suprema confirmó la extradición en julio de 2025; la pérdida del refugio sigue en discusión judicial.

DDHH

Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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