Una menor denunció este lunes a su padrastro por abuso sexual y violencia intrafamiliar en la localidad de Palmira, Mendoza. El acusado, un ex agente del Servicio Penitenciario provincial, se quitó la vida dentro de su vehículo cuando la Policía llegó a detenerlo. La denuncia fue realizada por la niña ante las autoridades de la escuela Nicolás Avellaneda, donde asistía a clases.

Apenas conocida la situación, la institución escolar activó el protocolo de protección infantil previsto por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese marco, intervino el Ministerio Público Fiscal, que solicitó la inmediata detención del sospechoso. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno del departamento de San Martín.

El acusado se suicidó frente a los policías

Según confirmaron fuentes judiciales a medios locales como Los Andes y El Sol, los efectivos de la Policía de Mendoza arribaron en las primeras horas de la tarde al domicilio del denunciado. Lo encontraron dentro de su automóvil, estacionado en el ingreso de la vivienda. En presencia de los agentes, el hombre se disparó con un arma de fuego y falleció en el acto.

La secuencia generó conmoción tanto en el entorno policial como en la comunidad educativa, donde el testimonio de la menor había sido tomado con celeridad y responsabilidad. La identidad del acusado no fue revelada oficialmente para preservar a la denunciante, quien pertenece a un grupo familiar vulnerable.

La víctima está contenida por profesionales

Pese al suicidio del imputado, la investigación judicial no se cerró. Desde la Justicia indicaron que se continuará recabando testimonios, peritajes y elementos que permitan esclarecer la situación de violencia denunciada. La menor recibe atención por parte de equipos interdisciplinarios especializados en abuso sexual infantil, en articulación con organismos del Estado provincial y municipal.

El caso se produce en un contexto alarmante: Mendoza registró un aumento en las denuncias por delitos sexuales contra menores en los últimos años. Según datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia, en 2023 se iniciaron más de 1.100 causas por delitos contra la integridad sexual, y casi el 40% de ellas involucraron a víctimas menores de edad.

Silencio institucional sobre el rol del Servicio Penitenciario

Hasta el momento, el Servicio Penitenciario de Mendoza no emitió un comunicado oficial sobre el caso. El acusado había pertenecido a esa fuerza, aunque no trascendió si se encontraba en funciones al momento de la denuncia. Este silencio institucional alimentó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que piden mayor transparencia y protocolos más estrictos para la evaluación psicosocial del personal penitenciario, activo o retirado.

Desde la asociación civil Infancias Libres, que acompaña judicialmente a víctimas de abuso, señalaron que «el suicidio del agresor no puede cerrar el caso. La Justicia debe investigar cómo actuaron las instituciones y si existieron señales previas que fueron desoídas». También reclamaron que el Estado garantice el acompañamiento psicológico sostenido de la víctima y su entorno.