Judiciales ⚖️
Caso Lucas González: testigo clave declarará cuando lo abordaron los policías
En el día que el joven cumpliría 19 años, su familia lo recordó penosamente, previo al inicio de la 9na jornada de debate en el TOC 25.
Un hombre que paseaba a su perro cuando Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a tiros en 2021 en el barrio porteño de Barracas, y sus tres amigos fueron interceptados por policías de la Ciudad declarará mañana en el juicio que se les sigue a 14 efectivos de esa fuerza por el crimen y su posterior encubrimiento.
Fuentes judiciales informaron que esta declaración se producirá en la novena audiencia del debate prevista para este martes a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, en Paraguay al 1536.
Durante la instrucción de la causa, este testigo dijo que vio la interceptación de los agentes sobre el Volkswagen Suran en el que viajaban Lucas y sus amigos desde unos 60 o 70 metros, donde tres personas -que luego supo eran policías- se bajaron de un auto con chalecos negros «sin ningún tipo de identificación», lo que lo hizo pensar que se trataba de «ladrones».
Además, el hombre aportó una filmación a los fiscales de aquel entonces, Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim, la cual fue realizada con su propio celular 20 minutos después de escuchar los disparos, cuando se acercó a la escena y vio a dos de los amigos de Lucas detenidos y a los policías alrededor.
Por otro lado, durante la jornada de mañana los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero escucharán los testimonios de otros dos testigos propuestos por los abogados defensores de los tres policías acusados del homicidio del adolescente.
Mientras que el padre de Lucas y su abogado publicaron hoy una serie de posteos recordando a la víctima, en el día que hubiera cumplido 19 años.
«Feliz cumple hijo!!! Lucas Santiago González te amo y te voy a extrañar toda mi miserable vida, nos volveremos a ver negro», escribió Héctor «Peca» González esta mañana en su estado de WhatsApp.
En la última jornada del juicio, se presentó a declarar el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien admitió que la primera información policial que recibió sobre el hecho fue que se había tratado de «un enfrentamiento armado con un delincuente abatido», aunque tras el análisis de las evidencias advirtió que existían «graves irregularidades» por parte de los acusados, a los que puso a disposición de la Justicia y les inició un sumario.
«El jefe de policía (de la Ciudad) me dice que supuestamente había habido una persecución en la cual, en un enfrentamiento, había sido abatido un delincuente. Lo primero que hago es recabar las pruebas tecnológicas. En función de eso llamo al jefe de la policía y le digo que la situación no es como me la había comentado y me dijo ‘sí, estamos esperando a ver qué pasa’. Y le dije, ´no, no esperamos nada´», sostuvo el martes pasado D´Alessandro ante los magistrados del TOC 25.
El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
Por el asesinato de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este marzo pasado Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito»
A ellos tres se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los Issasi, López y Nieva enfrentan cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Economía 💲
Otro alivio judicial para Caputo: la Cámara frenó la causa por los fondos viales
La Cámara Federal sacó de la causa a la diputada Victoria Tolosa Paz y al gobernador Ricardo Quintela y suspendió los pedidos de informes ordenados por Lijo sobre un fideicomiso vial con 73,8% de subejecución. El fallo respaldó el planteo del fiscal Stornelli, en una investigación que apunta al Ministerio de Economía de Luis Caputo.
La Cámara Federal sacó de la causa a quienes pedían investigar el destino de los fondos de las rutas y dejó sin efecto las medidas de prueba que había ordenado el juez Ariel Lijo. El fallo llegó después de que el fiscal Carlos Stornelli, que había dictaminado desestimar la denuncia, apelara por vía de queja y se quejara de que el magistrado avanzó con pedidos de informes cuando él ya había planteado cerrar el expediente.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Bertuzzi y Yadarola, firmaron la resolución el miércoles en la causa por la supuesta malversación del fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial). La investigación apunta al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, a quien el Poder Judicial volvió a darle un respiro en un expediente incómodo para el Gobierno de Javier Milei.
Qué resolvió la Cámara
Los camaristas revocaron el punto de una resolución de Lijo que había aceptado como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Además, dejaron sin efecto las medidas ordenadas el 28 de agosto “al menos hasta tanto lo decidido adquiera firmeza”.
Ese día, Lijo había pedido informes al Ministerio de Economía sobre la gestión del fideicomiso, a Vialidad Nacional sobre distintas obras y rutas nacionales, y a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación para saber si hubo trabajos de auditoría sobre el fideicomiso vial. Esa información, que podía aportar datos concretos al expediente, queda ahora en suspenso.
El argumento de Stornelli: los fondos se podían invertir
Stornelli sostuvo que el Gobierno gestionó los fondos conforme a las pautas del Decreto 976/2001, que creó el fideicomiso. Según el fiscal, el artículo 21 de esa norma habilita al fiduciario, en este caso el Banco Nación, a invertir los recursos en títulos públicos o plazos fijos. Agregó que un decreto posterior, firmado por Milei en 2025, dejó vía libre para colocar los excedentes en instrumentos públicos.
Sobre esa base pidió la desestimación de la denuncia y reclamó ante la Cámara por la incorporación de los querellantes y por las medidas que dispuso Lijo después de su dictamen. La Cámara le dio la razón en ambos planteos.
Por qué rechazaron a Tolosa Paz y a Quintela
Tras escuchar a las partes durante semanas, Bertuzzi y Yadarola coincidieron en que ni la diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Desarrollo Social ni el gobernador riojano reúnen los requisitos para ser parte. Tolosa Paz había invocado su condición de usuaria de las rutas nacionales 3 y 5. Los jueces respondieron que su calidad de legisladora y de usuaria “pueden demostrar un eventual interés en denunciar, pero no una lesión personal”, y que los hechos denunciados no la tienen como particularmente ofendida ni siquiera de manera hipotética.
Quintela, por su parte, había argumentado que varias rutas nacionales atraviesan La Rioja y que la decisión de colocar los fondos del SisVial en inversiones afectó económicamente a la provincia. Para los camaristas, no se advierte de qué modo los actos denunciados pudieron afectar a la provincia de forma “directa, singular y diferenciada”. Agregaron que el hecho de que las rutas crucen el territorio provincial, o de que la provincia haya costeado gastos puntuales en alguna de ellas, no la convierte en particularmente ofendida.
Los fundamentos conocidos del fallo giran en torno a quién puede ser parte de la causa y no despejan si la colocación de los fondos viales en instrumentos financieros fue la decisión correcta.
El origen de la denuncia: una subejecución del 73,8%
La denuncia penal nació de una investigación periodística del diario La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, que señaló que la tasa de subejecución del fideicomiso alcanzó el 73,8% durante la administración libertaria. Según esos datos, se ejecutó el 11,3% de lo recaudado en 2024, el 39% de lo recaudado en 2025 y el 18,5% de los fondos obtenidos entre enero y mayo de 2026.
Los recursos del SisVial tienen afectación específica para obras viales y provienen de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Es decir que el dinero que se cobra a quienes cargan nafta tiene un destino fijado: mantener y mejorar las rutas del país. El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de esos impuestos la dispone el Ministerio de Economía, y no precisó cuánto corresponde a cada destino.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal revocó la aceptación de Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela como querellantes en la causa por el fideicomiso SisVial.
- Los camaristas dejaron sin efecto las medidas que Lijo ordenó el 28 de agosto, al menos hasta que lo resuelto adquiera firmeza.
- Stornelli había dictaminado la desestimación de la denuncia y sostuvo que el Decreto 976/2001 permite invertir los fondos en títulos públicos o plazos fijos.
- Los jueces consideraron que ni la diputada ni el gobernador acreditaron una afectación directa por la forma en que se administraron los fondos.
- La denuncia se basó en una subejecución del 73,8% del fideicomiso durante la gestión libertaria, según una investigación periodística.
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