Por Felipe Celesia

La jura prevista para el próximo martes de once de los veinte consejeros que integran el Consejo de la Magistratura genera expectativa sobre la actitud que asumirá el alto tribunal con respecto al senador Martín Doñate, ratificado por el Senado en un claro desafío a la decisión judicial de que ese lugar lo ocupe el legislador de la oposición Luis Juez.

Sin esperar a que la Corte Suprema defina si le toma juramento a Doñate, Juez presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo solicitando la «nulidad absoluta e insaneable» de la designación de Doñate, invocando «gravedad institucional» por la «violación del marco normativo».

Este es el segundo amparo que presenta Juez buscando bajar a Doñate del Consejo; el primero tuvo su trámite y fue rechazado en primera y segunda instancia bajo el criterio de que la organización de los bloques parlamentarios no es materia judicializable.

A contramano de los tribunales inferiores, la Corte definió que sí puede juzgar las motivaciones de los senadores para agruparse políticamente, aunque aclare en el fallo que no se arroga tal función sino que busca establecer un criterio para «identificar» los bloques al momento de elegir su representación en el Consejo.

Para la Corte, el bloque «Unidad Ciudadana», desprendido del oficialista «Frente de Todos», representó un «ardid» para quedarse con tres de los cuatro lugares asignados para el Senado en el organismo que designa y remueve jueces.

«La manipulación de los bloques para desplazar la segunda minoría violenta el criterio de buena fe», señaló el fallo y consideró a este principio «cardinal en las relaciones jurídicas».

Pero en la dimensión política, el oficialismo ratificó el miércoles pasado, en una sesión especial de la que no participó la oposición, su decisión de que Doñate ocupe la banca.

Sin fisuras ni abstenciones, los 37 senadores del oficialismo y sus aliados votaron desconocer el mandato de la Corte con duros discursos que hicieron eje en el conflicto de poderes que desató el alto tribunal entrometiéndose en cuestiones que vulneran la división de poderes.

El primer orador, en representación del FdT, el senador Adolfo Rodríguez Saá, dijo que el máximo tribunal «ignora y viola el espíritu de la Constitución nacional», ya que el artículo 66 establece que cada Cámara hará su reglamento y el tribunal «no puede invalidar la decisión tomada» por el Senado.

Pablo Yedlin, de Tucumán, cuestionó al bloque de Juntos por el Cambio por no bajar a ocupar sus bancas y colocar, en su lugar, textos de la Constitución Nacional.

«Es atronador el silencio de la oposición. ¿Dónde está?. Acá no estamos para revisar el fallo hacia atrás, estamos proponiendo con la ley que la Corte Suprema quiso, respetando los fallos como senadores republicanos quiénes son los consejeros, con los dos bloques que hemos constituido hace meses».

Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, calificó como «gravísima» la intervención de la Corte en las facultades de los senadores y expresó que el fallo «es violatorio» de su «autonomía» y «limita» la libertad de los legisladores de «organizarse políticamente».

La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tulio, cuestionó que los jueces de la Corte hayan «aceptado ser nombrados por decreto» por el entonces presidente Mauricio Macri (en alusión a los casos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) y advirtió que si admitieron asumir de ese modo están dispuestos a «violar mil veces más» la Constitución.

Luego de la votación, y con el listado de votos adjunto por pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el Senado envió a la Corte sus representantes: los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y el radical Eduardo Vischi por la oposición.

Un día después, la Cámara de Diputados hizo lo propio y mandó los pliegos de los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, del PRO Álvaro González y del radicalismo Roxana Reyes.

Antes de estas definiciones, la Corte había dispuesto que el próximo martes juren los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Diaz Cordero, más el representante del PEN, Gerónimo Ustarroz.

El evento se desarrollará a partir de las 10 en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, reservado a la Corte y sus vocalías, y con acceso exclusivo para los consejeros y sus familias.

Pero más allá del acto protocolar, la expectativa está puesta en la próxima reunión de acuerdo de los ministros que definirá el curso a seguir por la Corte en su pulseada con el Senado.

¿Seguirá insistiendo la Corte en que la banca le corresponde a Juez o buscará una salida elegante que respete la decisión política del oficialismo? ¿Excluirá a Doñate de la jura de los ocho legisladores o dejará a todo el bloque político en espera?

Una primera señal se conocerá la semana próxima cuando la Corte muestre qué hará con el paso final para integrar a los representantes de la política, en el año más convulso y complejo que tuvo que atravesar el organismo constitucional desde su creación en 1994.