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¿Hackeo u operación? El supuesto ciberataque a José Luis Espert revela el lado sombrío de las cripto en Argentina

El diputado de La Libertad Avanza aseguró que su cuenta en X fue hackeada tras publicarse mensajes promocionando $LIBRA2, una criptomoneda sin respaldo. Advierten sobre la seguridad digital de figuras públicas y el uso de deepfakes.

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La cuenta de X del diputado libertario, José Luis Espert, fue presuntamente vulnerada para promover un nuevo token fraudulento, llamativamente denominado $LIBRA 2V, mientras expertos cuestionan la seguridad digital de figuras públicas y advierten sobre el uso de deepfakes. El caso revela grietas en la protección de datos y operaciones de desinformación. Sin embargo, la Justicia investiga al propio legislador, para determinar si se trata de una operación o autohackeo.

El hackeo y las dudas persistentes

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que su cuenta en X (ex Twitter) fue hackeada tras publicarse mensajes promocionando $LIBRA2, una criptomoneda sin respaldo. Sin embargo, Maximiliano Firtman, experto en ciberseguridad consultado por La Mañana de C5N, señaló inconsistencias: «Espert tuiteó diciendo ‘me hackearon la cuenta’, pero los mensajes posteriores muestran que el acceso perduró». Firtman sugirió que el ataque pudo involucrar cuentas vinculadas, como Google o Apple, y criticó la falta de autenticación en dos pasos, clave para figuras públicas.

Según el Informe de Ciberseguridad en América Latina 2023 de Fortinet, Argentina registró un aumento del 40% en ciberataques a instituciones políticas desde 2022, muchos vinculados a estafas con criptoactivos.

¿Negocio fraudulento o burla política?

Los mensajes promocionaban $LIBRA2, un token sin registro en plataformas serias como Binance. Firtman lo calificó de «ridículo»: «Llamarlo Libra versión 2 es una broma. Quien lo hizo buscó exponer lo absurdo del mercado de criptomonedas no reguladas». La referencia a «$BALA» y «$ARGENTINA» en publicaciones relacionadas alimentó teorías sobre una operación de desprestigio, en un contexto donde proyectos crypto ligados a políticos acumulan denuncias por estafas.

En 2023, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) investigó 12 casos de «rug pulls» (estafas donde desarrolladores abandonan proyectos tras captar inversiones), con pérdidas superiores a USD 20 millones.

Deepfakes y el desafío de la veracidad

Un video con la voz e imagen de Espert —donde lanzó: «¿Por qué no se van un poco a la mierda?»— generó sospechas de ser un deepfake. Firtman admitió que «no se puede saber si es real», pero lo consideró «una burla» al debate público. Para Fabián Bregman, experto en desinformación de la UBA, «América Latina es la tercera región con más casos de deepfakes políticos, según el MIT Technology Review. Esto exige protocolos de verificación urgentes».

Reacciones y silencios

LLA respaldó a Espert, compartiendo el video en sus redes oficiales. Sin embargo, ni el partido ni el diputado explicaron cómo se vulneraron sus cuentas. Tampoco hubo denuncia penal formal hasta el cierre de esta edición. Para Susana García, abogada especializada en delitos digitales, «la opacidad alimenta la desconfianza. Si un legislador no rinde cuentas sobre su seguridad digital, ¿qué ejemplo da ante leyes como la de criptomonedas que impulsa el Gobierno?».

Espionaje

Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto

El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.

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El Argentino Diario-Casa Rosada-Casa de Gobierno-Presidencia.

El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.

Qué establece el estatuto

El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.

La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.

Derechos y condiciones de egreso

Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.

El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.

Un decreto en una zona de sombras

El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.

La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.

Lo que tenés que saber

  • El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
  • La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
  • Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
  • La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
  • El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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