Economía 💲
Privatización express: Caputo entrega cuatro represas estratégicas por apenas USD 700 millones
El Ministerio de Economía formalizó la entrega de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a empresas privadas. Central Puerto, BML Inversora y Edison Inversiones se quedan con Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados. La firma de contratos será el 22 de diciembre en Cipolletti.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El ministro de Economía Luis Caputo preadjudicó este viernes el paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue a empresas privadas, en el marco del proceso de privatización de unidades de negocio de las empresas estatales ENARSA y NASA. La operación alcanzó un total de USD 706.885.298.
A través de la Resolución 2059/2025, Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa del concurso público para la venta del cien por ciento del capital accionario de las sociedades que operan los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Cómo se repartieron las represas
Para la central Piedra del Águila, la preadjudicación recayó sobre la firma Central Puerto S.A., que presentó una oferta de 245 millones de dólares. Por su parte, el complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros socios, por un monto total de 235.671.294 dólares.
En tanto, el grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. Las ofertas ascendieron a 162.040.002 dólares y 64.174.002 dólares, respectivamente, tras un proceso que incluyó pedidos de mejora de precios para el último caso.
Rechazaron ofertas «no serias»
La resolución también desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas constituían un «precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta».
El Ministerio de Economía fijó para el próximo 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y de transferencia con los preadjudicados en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Estos contratos entrarán en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial.
Un proceso acelerado
La privatización de estos complejos hidroeléctricos se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación realizado en agosto mediante la Resolución 1200/2025. El gobierno de Milei instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar el proceso, que contó con la participación de ocho empresas en total.
La operación representa la transferencia al sector privado de infraestructura energética estratégica desarrollada históricamente con inversión pública. Los cuatro complejos forman parte del sistema hidroeléctrico de la cuenca del Comahue, una región clave para la generación eléctrica del país.
Puntos clave:
• El Ministerio de Economía preadjudicó cuatro centrales del Comahue por USD 706.885.298
• Central Puerto se quedó con Piedra del Águila por USD 245 millones
• BML Inversora y MSU Energy obtuvieron El Chocón por USD 235,6 millones
• Edison Inversiones y el Consorcio Mendocino para Potrerillos se adjudicaron Alicurá y Cerros Colorados
• La firma de contratos será el 22 de diciembre en Cipolletti, Río Negro
Coparticipación
El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas
La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.
Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.
El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.
Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar
El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.
La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.
La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.
Los deportistas: el daño colateral del ajuste político
En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.
La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.
Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.
Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea
La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.
La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.
Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.
Lo que tenés que saber:
- La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
- La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
- La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
- Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
- En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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