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Judiciales ⚖️

Antecedente: freno judicial al uso obligatorio de datos biométricos laborales

Un empleado público se negó a brindar sus datos biométricos y la jueza ordenó que se habilite otro método de control de asistencia hasta resolver el caso.

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Lo que tenés que saber

  • Un trabajador se opuso a entregar sus datos faciales en el Palacio Lezama
  • La jueza Patricia López Vergara dictó una medida precautelar
  • Ordenaron habilitar el ingreso por huella y DNI mientras se analiza el caso
  • Se exigió al Gobierno porteño que detalle la legalidad del sistema
  • Podrían aplicarse multas si no se restituye el método alternativo

La Justicia porteña suspendió el control facial obligatorio en un edificio del Gobierno

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida precautelar contra la implementación del sistema de reconocimiento facial para registrar el ingreso laboral en el Palacio Lezama, luego de la negativa de un empleado a entregar sus datos biométricos.

La resolución de la jueza Patricia López Vergara obligó al Gobierno porteño a ofrecer un sistema alternativo de control de asistencia mientras se resuelve la acción de amparo presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Qué motivó el freno judicial

Según la demanda, el conflicto se originó el 16 de septiembre, cuando el Ministerio de Hacienda de la Ciudad anunció el reemplazo de los lectores de huella digital por un nuevo sistema de reconocimiento facial.

Desde el Observatorio señalaron que “la nota oficial advertía al personal que debían revalidar el registro de sus datos biométricos a los fines de no verse imposibilitados el registro y acceso respectivos».

El demandante denunció que, hasta esa fecha, coexistían dos métodos: huella digital y DNI. Sin embargo, el 30 de septiembre, se deshabilitó el sistema de huella, dejándolo sin otra opción que entregar sus datos faciales. Ese día se le marcó una ausencia injustificada, pese a estar presente.

Cuestionamientos legales a la medida del Gobierno porteño

En la presentación judicial, Baldiviezo solicitó que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de la implementación del sistema biométrico obligatorio. Argumentó que:

  • Viola la Ley de Protección de Datos Personales, al tratarse de datos sensibles
  • No cuenta con el consentimiento libre del trabajador, ya que su negativa podría exponerlo a sanciones
  • Incurre en una falta al principio de minimización de datos, porque existen métodos alternativos
  • No está claro si el Gobierno registró la base de datos ante la Defensoría ni si realizó una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos

La jueza ordenó restituir métodos previos de registro

En su fallo, la jueza resolvió que, en un plazo de dos días, el Gobierno de la Ciudad deberá restablecer el sistema de huella digital y permitir el ingreso por DNI, tal como estaba implementado previamente.

También intimó a la administración porteña a que, en diez días, detalle:

  • Qué normativa autorizó el uso del reconocimiento facial
  • Si existe una base de datos registrada ante los organismos competentes
  • Si se efectuó un estudio de impacto
  • Qué razones de interés general justifican el uso de este tipo de datos
  • Si hay otros sistemas para quienes no consientan el uso de datos biométricos

La jueza advirtió que, en caso de incumplimiento, se impondrán multas diarias de $10.000 al Director General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de Hacienda.

Declaraciones del Observatorio del Derecho a la Ciudad

Al finalizar la jornada, Jonatan Baldiviezo afirmó:
“Esta decisión judicial es un precedente fundamental para la protección de los datos personales y la dignidad de los trabajadores».

El caso seguirá en evaluación mientras se aguarda la resolución sobre la medida cautelar de fondo.

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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado

Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.

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El Argentino Diario-Pity Álvarez.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.

El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.

Cuatro disparos y ninguna agresión previa

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.

Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.

El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.

Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.

Una pena en la mitad de la escala

El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.

La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.

El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
  • Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
  • Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
  • La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
  • La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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