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Prisión domiciliaria para el abogado que atropelló y mató a un piloto de avión en Vicente López

La resolución fue adoptada por la Sala II del mencionado tribunal, que a raíz de un planteo de la defensa aceptó que el imputado Mazzini (38) cumpla arresto domiciliario por el homicidio de Julián Gustavo Giménez (28), un piloto de Aerolíneas Argentinas al que embistió con su camioneta tras una pelea de tránsito en Vicente López.

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La Cámara de Apelaciones de San Isidro le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Santiago Tomás Mazzini, el abogado que en 2019 y tras una discusión de tránsito, atropelló con su camioneta y provocó la muerte un piloto de aviones que circulaba en una moto por el partido bonaerense de Vicente López, en un caso en el que el acusado estuvo tres meses prófugo antes de ser detenido, informaron hoy fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada por la Sala II del mencionado tribunal, que a raíz de un planteo de la defensa aceptó que el imputado Mazzini (38) cumpla arresto domiciliario por el homicidio de Julián Gustavo Giménez (28), un piloto de Aerolíneas Argentinas al que embistió con su camioneta tras una pelea de tránsito en Vicente López.

Los voceros aclararon que el Mazzini estará monitoreado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con una pulsera electrónica en su domicilio de la calle Julio Argentino Roca al 800 de Vicente López, y mientras espera el juicio oral.

A su vez, la Justicia de San Isidro libró un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para advertir que, por su situación procesal, en esta causa Mazzini tiene prohibida la salida del país.

Fuentes judiciales informaron que disconforme con este beneficio que recibió Mazzini, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro con competencia ante la Cámara, Cosme Iribarren, hizo reversa de apelar la medida ante el Tribunal Oral de Casación bonaerense.

En julio pasado, juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, elevó la causa a juicio oral a pedido del fiscal de la causa, Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, quien acusó al abogado de haber cometido un “homicidio simple”, con pena de 8 a 25 años de cárcel.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Gómez dio por acreditado que el hecho ocurrió el 4 de agosto del 2021 a las 16.19 en la intersección de la avenida General San Martín y su intersección con la calle Remedios de Escalada de San Martín, del partido de Vicente López, en el norte del conurbano.

Allí, Giménez iba a bordo de su moto marca Motomel y fue embestido por el rodado del abogado Mazzini, patente AD941LW, luego de que tuvieron un «altercado verbal».

Las cámaras del municipio captaron el momento en el que la víctima le dio un golpe de puño al espejo izquierdo de la camioneta de Mazzini mientras cruzaban las vías del ferrocarril y el instante en el que el conductor de ese rodado aceleró y cambió bruscamente de carril para impactarlo.

Tras quedar herido debajo de la Jeep y sobre la vereda, el piloto de aviones murió 20 días después en la sala de terapia intensiva de la Clínica Olivos.

Al respecto, el fiscal Gómez calificó el actuar de Santiago Mazzini como un «total desprecio hacia la vida y humanidad» de Julián Giménez «con la clara e inequívoca intención de quitarle la vida».

Tras el hecho, Mazzini estuvo tres meses prófugo, pero fue detenido en noviembre del año pasado durante un allanamiento en la vivienda de uno de sus hermanos, en la localidad bonaerense de Don Torcuato y ahora fue beneficiado con la prisión domiciliaria con tobillera, situación en la que esperará el juicio oral y público.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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