Investigación 🔎
“Cuando la maten yo estoy en la Costa”: piden reabrir el celular de Milman en la causa por el atentado a Cristina
El fiscal Rívolo solicitó habilitar la feria judicial para hacer un análisis manual y exhaustivo de los mensajes y registros del diputado.
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene una segunda pericia sobre el teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1° de septiembre de 2022. El nuevo peritaje debería realizarse “en forma manual”, con el objetivo de revisar cada comunicación y registro digital del dispositivo.
Un peritaje considerado “insuficiente”
La solicitud del fiscal se fundamenta en el resultado del primer análisis forense realizado sobre el celular, que utilizó un sistema de búsqueda por palabras clave. Rívolo consideró que ese enfoque “resulta a todas luces insuficiente”, según el texto presentado a la magistrada, y propuso avanzar con una revisión manual, más detallada.
Según fuentes judiciales, el fiscal reclamó además que se habilite la feria judicial de julio para avanzar con la nueva diligencia, argumentando la “gravedad institucional” del hecho investigado. La intención es revisar de manera minuciosa todo el contenido del dispositivo, incluyendo mensajes por aplicaciones, correos electrónicos y redes sociales.
Palabras clave y contexto
La primera pericia analizó el teléfono con un conjunto de términos previamente seleccionados: «matar», «Cristina», «Sabag Montiel», «magnicidio», «corchazo», «copitos», entre otros. Dentro de esas búsquedas se incluyó también la frase “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”, atribuida al diputado por el testigo Jorge A. Abello, quien declaró haberla escuchado en el restaurante Casablanca dos días antes del atentado frustrado.
No obstante, el fiscal sostuvo que ese método fue limitado: “El uso de palabras clave no contempla las múltiples formas en que una frase puede ser enunciada o insinuada, especialmente en contextos informales o encubiertos”, remarcó en el escrito presentado al juzgado.
Frase bajo la lupa
La frase en cuestión —“cuando la maten yo estoy camino a la Costa”— se volvió un eje clave del expediente. Según declaró Abello, Milman la pronunció en voz alta el 30 de agosto de 2022, en una mesa del restaurante Casablanca, en la esquina del Congreso. Dos días después, Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta, sin que el disparo se concrete.
Desde entonces, el celular del legislador ha sido objeto de distintos requerimientos judiciales. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado establecer si contiene pruebas concretas que vinculen a Milman con la planificación o conocimiento previo del atentado.
Puntos clave:
- El fiscal Rívolo pidió una nueva pericia “manual” del celular de Milman.
- El primer análisis se hizo con palabras clave, pero fue considerado insuficiente.
- Se busca revisar en detalle mensajes, redes y correos del diputado.
- La frase “cuando la maten yo estoy camino a la Costa” es central en la causa.
- La fiscalía pidió habilitar la feria judicial para avanzar con la investigación.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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