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Judiciales ⚖️

Acreedores de Vicentin demandaron a ex directivos por US$ 25 millones

Un grupo de empresas presentó ante la justicia rosarina una demanda civil contra los ex titulares de la megacerealera, también contra los síndicos, auditores. Acción legal que se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso.

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El-Argentino-Megacerealera Vicentin

Un grupo de empresas agropecuarias que tienen acreencias comerciales con la aceitera Vicentin presentó ante la justicia rosarina una demanda civil contra síndicos, auditores y exdirectivos de la firma por alrededor de 25 millones de dólares, que se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso, indicaron hoy voceros judiciales.

La demanda, patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, dedicado a la intervención judicial y extrajudicial en relación con la actividad empresaria, pretende conseguir un resarcimiento económico por los perjuicios económicos sufridos por los acreedores.

Las fuentes dijeron que la demanda civil por daños y perjuicios involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse el default, a los exsíndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron los estados contables.

Los denunciantes pretenden que se investigue la presunta adulteración de los balances, que de comprobarse abriría las puertas para lograr una reparación económica por los perjuicios sufridos en el proceso.

La demanda civil fue presentada por Robiolo y Asociados antes de la feria judicial de enero y es independiente de las demandas penales que están en marcha, motorizadas por bancos nacionales y extranjeros y grupos de empresas acreedoras.

Voceros judiciales indicaron que se buscará probar que se concretó un fraude a través de la adulteración de los balances contables de la aceitera con sede en la ciudad de Avellaneda, que habría permitido ocultar un faltante de 900 millones de dólares.

Las maniobras, como se ha venido denunciando desde sectores empresarios y legislativos, se habría realizado a través de contabilizar números falsos en el stock de materia prima, que eran elevados en forma ficticia, y minimizar el impacto de la carga de deuda.

En ese sentido, se habría evitado contabilizar contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y por 395 millones de dólares al año siguiente, con el objetivo de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores comerciales y financieros.

Los demandantes también solicitaron se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países, que en la práctica, a través de empresas off shore, dejaba fuera del alcance de los acreedores los activos de la firma, con lo cual la aceitera podía operar sin tener que responder por sus deudas.

Una de las claves de la denuncia civil es determinar la naturaleza de la actuación de KPMG, firma a la que acusan de no haber advertido un faltante patrimonial de 900 millones de dólares.

Policiales 🚨

Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas

Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.

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Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.

La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.

Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga

Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.

Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.

Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».

El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.

Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.

Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal

Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre los principales elementos incautados aparecen:

  • 2.526 dosis de pasta base.
  • 515 dosis de cocaína.
  • Cinco millones de pesos en efectivo.
  • Una escopeta calibre 12 cargada.
  • Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
  • Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
  • Municiones de diferentes calibres.
  • Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
  • Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
  • Anotaciones vinculadas con la investigación.

Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».

El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos

Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.

Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.

Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.

Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.

El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión

La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.

Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.

En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.

Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.

Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.

En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.

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