Un grupo de empresas agropecuarias que tienen acreencias comerciales con la aceitera Vicentin presentó ante la justicia rosarina una demanda civil contra síndicos, auditores y exdirectivos de la firma por alrededor de 25 millones de dólares, que se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso, indicaron hoy voceros judiciales.

La demanda, patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, dedicado a la intervención judicial y extrajudicial en relación con la actividad empresaria, pretende conseguir un resarcimiento económico por los perjuicios económicos sufridos por los acreedores.

Las fuentes dijeron que la demanda civil por daños y perjuicios involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse el default, a los exsíndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron los estados contables.

Los denunciantes pretenden que se investigue la presunta adulteración de los balances, que de comprobarse abriría las puertas para lograr una reparación económica por los perjuicios sufridos en el proceso.

La demanda civil fue presentada por Robiolo y Asociados antes de la feria judicial de enero y es independiente de las demandas penales que están en marcha, motorizadas por bancos nacionales y extranjeros y grupos de empresas acreedoras.

Voceros judiciales indicaron que se buscará probar que se concretó un fraude a través de la adulteración de los balances contables de la aceitera con sede en la ciudad de Avellaneda, que habría permitido ocultar un faltante de 900 millones de dólares.

Las maniobras, como se ha venido denunciando desde sectores empresarios y legislativos, se habría realizado a través de contabilizar números falsos en el stock de materia prima, que eran elevados en forma ficticia, y minimizar el impacto de la carga de deuda.

En ese sentido, se habría evitado contabilizar contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y por 395 millones de dólares al año siguiente, con el objetivo de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores comerciales y financieros.

Los demandantes también solicitaron se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países, que en la práctica, a través de empresas off shore, dejaba fuera del alcance de los acreedores los activos de la firma, con lo cual la aceitera podía operar sin tener que responder por sus deudas.

Una de las claves de la denuncia civil es determinar la naturaleza de la actuación de KPMG, firma a la que acusan de no haber advertido un faltante patrimonial de 900 millones de dólares.