La Fiscalía Federal de Río Gallegos acusó este jueves a Lázaro Báez de dirigir, desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, una presunta red que explotó bienes alcanzados por decomiso, embargo o depósito judicial. La acusación se expuso en una audiencia de formalización, por videoconferencia, ante el juez federal Claudio Vázquez. Intervinieron el fiscal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Es una acusación fiscal en la etapa de investigación: no hay procesamiento ni condena en esta causa, y Báez y los demás imputados gozan de presunción de inocencia. La hipótesis de la fiscalía deberá ser probada en un proceso con derecho de defensa. En lo que se informó de la audiencia no consta la postura de las defensas.

Qué se les atribuye

La causa, conocida como Caso Coirón, tramita como causa 169831/26 con la carátula “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”. La calificación provisional incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Se originó a fines de septiembre, a partir de comunicaciones telefónicas de un investigado en una causa por narcotráfico.

Según la tesis de la acusación, Báez daba directivas desde su celda, y su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez ejercían la “conducción ejecutiva” de una estructura con 12 imputados. La fiscalía sostiene que no se crearon sociedades nuevas: el grupo habría operado sobre patrimonio preexistente, ya comprometido judicialmente, para mantenerlo productivo y derivar sus frutos. Entre los bienes relevados figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, unidades de un edificio de la calle Zapiola, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., arrendamientos a tres empresas, un inmueble de la costanera de El Calafate y dos galpones cuya disposición se habría pactado en 250 millones de pesos a fines de agosto.

Un informe sobre las cuentas de Ibáñez y de otro imputado, citado en la causa, registra 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y los primeros días de agosto. Otras versiones de la acusación hablan de unos 390 millones de pesos o de 400 millones; la cifra del informe de cuentas es la exacta.

Las medidas y las detenciones

A pedido de la Unidad Fiscal de Río Gallegos y de PROCELAC, el juez Vázquez autorizó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias, la Ciudad de Buenos Aires y la celda de Báez en Ezeiza, además de la incomunicación de los detenidos por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Según fuentes judiciales, en la celda se secuestraron cuadernos con anotaciones sobre bienes, alquileres y rentas. La fiscalía pidió además la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y la declaración de “caso complejo”.

Insaurralde fue detenida el lunes, al llegar a Buenos Aires en un vuelo desde Río Gallegos, junto con Ibáñez y Valentina Devetac; le incautaron cuatro valijas. La detención se produjo en Aeroparque, según la cobertura local de Río Gallegos; otra versión la ubicó en Ezeiza. Al cierre de las audiencias, doce personas quedaron formalizadas: nueve en Santa Cruz y tres en Buenos Aires.

La causa se vincula con otra por presunto narcotráfico en Santa Cruz, a la que se conecta, según la reconstrucción judicial, por el uso de un Ford Mondeo de Báez y por el relato de un imputado. Las coberturas difieren sobre el rol de Báez en esa investigación; esta nota se limita a lo que se le atribuye en la causa de lavado.

Las condenas que ya cumple son otra cosa

Esta acusación es independiente de las condenas que Báez ya cumple. La Justicia unificó en 15 años de prisión las penas de la causa Vialidad (6 años, por administración fraudulenta, en un juicio que compartió con Cristina Fernández de Kirchner) y de la Ruta del Dinero K (10 años, por lavado de activos). La pena única de 15 años se fijó en julio de 2025 y la Cámara Federal de Casación Penal la mantuvo en febrero; entonces la defensa recurrió ante la Corte Suprema.

La causa nueva tramita en la Justicia federal de Río Gallegos y se apoya en escuchas, informes bancarios y secuestros que forman parte del expediente. El debate de fondo, que la Justicia deberá resolver, es si hubo una red que burló el control judicial sobre bienes que podrían ser decomisados en las causas anteriores, y qué falló en el control penitenciario para que, según la acusación, el detenido impartiera órdenes desde un teléfono del penal.

Lo que tenés que saber:

• La fiscalía de Río Gallegos acusó este jueves a Báez, en una audiencia de formalización ante el juez federal Claudio Vázquez, de lavado agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
• No hay procesamiento ni condena en esta causa, conocida como Caso Coirón; los 12 imputados gozan de presunción de inocencia.
• Un informe citado en la causa contabiliza 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y los primeros días de agosto.
• La causa es distinta de las condenas que Báez ya cumple: una pena unificada de 15 años por Vialidad y la Ruta del Dinero K.