Investigación 🔎
La fiscalía acusó a Lázaro Báez de lavar desde la cárcel bienes sujetos a decomiso
La Fiscalía de Río Gallegos lo señaló como cabeza de una presunta red de 12 imputados que explotó bienes sujetos a decomiso. No hay procesamiento ni condena en esta causa: ya cumple 15 años de pena unificada por Vialidad y Ruta del Dinero K.
La Fiscalía Federal de Río Gallegos acusó este jueves a Lázaro Báez de dirigir, desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, una presunta red que explotó bienes alcanzados por decomiso, embargo o depósito judicial. La acusación se expuso en una audiencia de formalización, por videoconferencia, ante el juez federal Claudio Vázquez. Intervinieron el fiscal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Es una acusación fiscal en la etapa de investigación: no hay procesamiento ni condena en esta causa, y Báez y los demás imputados gozan de presunción de inocencia. La hipótesis de la fiscalía deberá ser probada en un proceso con derecho de defensa. En lo que se informó de la audiencia no consta la postura de las defensas.
Qué se les atribuye
La causa, conocida como Caso Coirón, tramita como causa 169831/26 con la carátula “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”. La calificación provisional incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Se originó a fines de septiembre, a partir de comunicaciones telefónicas de un investigado en una causa por narcotráfico.
Según la tesis de la acusación, Báez daba directivas desde su celda, y su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez ejercían la “conducción ejecutiva” de una estructura con 12 imputados. La fiscalía sostiene que no se crearon sociedades nuevas: el grupo habría operado sobre patrimonio preexistente, ya comprometido judicialmente, para mantenerlo productivo y derivar sus frutos. Entre los bienes relevados figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, unidades de un edificio de la calle Zapiola, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., arrendamientos a tres empresas, un inmueble de la costanera de El Calafate y dos galpones cuya disposición se habría pactado en 250 millones de pesos a fines de agosto.
Un informe sobre las cuentas de Ibáñez y de otro imputado, citado en la causa, registra 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y los primeros días de agosto. Otras versiones de la acusación hablan de unos 390 millones de pesos o de 400 millones; la cifra del informe de cuentas es la exacta.
Las medidas y las detenciones
A pedido de la Unidad Fiscal de Río Gallegos y de PROCELAC, el juez Vázquez autorizó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias, la Ciudad de Buenos Aires y la celda de Báez en Ezeiza, además de la incomunicación de los detenidos por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Según fuentes judiciales, en la celda se secuestraron cuadernos con anotaciones sobre bienes, alquileres y rentas. La fiscalía pidió además la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y la declaración de “caso complejo”.
Insaurralde fue detenida el lunes, al llegar a Buenos Aires en un vuelo desde Río Gallegos, junto con Ibáñez y Valentina Devetac; le incautaron cuatro valijas. La detención se produjo en Aeroparque, según la cobertura local de Río Gallegos; otra versión la ubicó en Ezeiza. Al cierre de las audiencias, doce personas quedaron formalizadas: nueve en Santa Cruz y tres en Buenos Aires.
La causa se vincula con otra por presunto narcotráfico en Santa Cruz, a la que se conecta, según la reconstrucción judicial, por el uso de un Ford Mondeo de Báez y por el relato de un imputado. Las coberturas difieren sobre el rol de Báez en esa investigación; esta nota se limita a lo que se le atribuye en la causa de lavado.
Las condenas que ya cumple son otra cosa
Esta acusación es independiente de las condenas que Báez ya cumple. La Justicia unificó en 15 años de prisión las penas de la causa Vialidad (6 años, por administración fraudulenta, en un juicio que compartió con Cristina Fernández de Kirchner) y de la Ruta del Dinero K (10 años, por lavado de activos). La pena única de 15 años se fijó en julio de 2025 y la Cámara Federal de Casación Penal la mantuvo en febrero; entonces la defensa recurrió ante la Corte Suprema.
La causa nueva tramita en la Justicia federal de Río Gallegos y se apoya en escuchas, informes bancarios y secuestros que forman parte del expediente. El debate de fondo, que la Justicia deberá resolver, es si hubo una red que burló el control judicial sobre bienes que podrían ser decomisados en las causas anteriores, y qué falló en el control penitenciario para que, según la acusación, el detenido impartiera órdenes desde un teléfono del penal.
Lo que tenés que saber:
- La fiscalía de Río Gallegos acusó este jueves a Báez, en una audiencia de formalización ante el juez federal Claudio Vázquez, de lavado agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
- No hay procesamiento ni condena en esta causa, conocida como Caso Coirón; los 12 imputados gozan de presunción de inocencia.
- Un informe citado en la causa contabiliza 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y los primeros días de agosto.
- La causa es distinta de las condenas que Báez ya cumple: una pena unificada de 15 años por Vialidad y la Ruta del Dinero K.
Investigación 🔎
Repudio unánime a la carpa VIP: $20.477 millones en contratos directos para un puñado de empresas
Una carpa de 30 por 40 metros con climatización, alfombras y catering para invitados especiales, y siete contrataciones directas por $20.477 millones (unos US$ 14 millones) para la misa de León XIV. DF Entertainment concentró el 42,4% del monto, y el repudio llegó desde la política y los medios.
Mientras miles de fieles aguantaron horas al aire libre para ver al papa León XIV, una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos nivelados, alfombras y servicio gastronómico esperaba a los invitados especiales. Esa postal, difundida por los propios invitados en redes sociales, terminó de encender un escándalo que ya tenía números propios: siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75, unos US$ 14 millones al tipo de cambio implícito utilizado para esa estimación.
La cifra surge de una investigación de un medio local sobre la organización de la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. El trabajo reconstruyó contratos de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios. Atribuyó la responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete y señaló a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como la funcionaria interviniente en la adjudicación principal.
Siete procedimientos, ocho adjudicaciones y tres empresas con el 80%
La mayor adjudicación fue para DF Entertainment S.A., con $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes (procedimiento 79-0012-CDI26). Ese contrato por sí solo representa el 42,4% del total informado. La distribución publicada fue la siguiente:
- DF Entertainment S.A.: $8.690.000.000
- Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000
- Recordvision S.A. (MediaHub): $3.090.000.000
- PRG Argentina SRL: $1.979.345.158
- Fidias Energía SRL: $1.736.000.000
- VMG Video Tech S.A.: $225.000.000
- Alfombra Mágica SRL: $128.080.000
- Tetramon: $81.209.506,75
Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2% y Recordvision el 15,1%. Entre las tres firmas se quedaron con cerca del 80% de lo adjudicado.
Una carpa con aire, alfombras y mil detalles
Según el pliego de la contratación con DF Entertainment, los sectores reservados debían incluir una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario. También se previeron 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo. Se habló además de un dispositivo de acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, una cifra que no equivale a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad de personas que efectivamente la usaron.
Contratación por urgencia a casi tres meses de la confirmación
El mecanismo fue la contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto, pero los procedimientos recién se tramitaron a mediados de octubre. Esa secuencia abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.
Los Menem en el radar y lo que todavía no se probó
La investigación vinculó a TechSecurity, empresa de seguridad, con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma de limpieza, con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados. Sostuvo que ambas participaron de los servicios del operativo. Sin embargo, no se informaron montos adjudicados ni procedimientos administrativos a nombre de esas dos empresas, por lo que su eventual participación contractual no puede sumarse a los $20.477 millones. Los vínculos societarios y el alcance de esos servicios requieren documentación adicional.
Tampoco está acreditado que el responsable político de la Jefatura de Gabinete haya firmado personalmente cada contratación. La conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento, la firma de una adjudicación y la conformidad con la prestación son intervenciones distintas, y solo los expedientes completos permitirán establecer quién respondió por cada una.
El repudio: de la Justicia a los micrófonos
La diputada nacional Marcela Pagano adelantó que el tema irá a la Justicia. “Ellos deberán explicar en la Justicia por qué tuvieron que utilizar los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering”, dijo en Radio Rivadavia. Para la legisladora, la carpa no estuvo de más, sino que fue pensada para que estén cómodos “los grupos de los amigos, los de siempre”. Pagano aseguró que se contrató el mismo catering que se usó en los casamientos de Mauricio Macri y de Luis Caputo, y el que se utilizó cuando visitó el país Barack Obama: “No me vengan a hacer creer que eran medialunas nada más porque en los videos se puede ver más que eso”.
El conductor Gonzalo Rodríguez, de Rock and Pop, habló de “vergüenza ajena” en su programa. “No eran las medialunas, ni las personas que estaban adentro, es lo que representa, esa necesidad permanente de sentirnos un poquito más importantes que los demás”, sostuvo. Describió una “pequeña isla de privilegiados, una carpa, una pulserita, un lugar reservado” frente a miles de personas que hicieron horas de cola bajo el sol, y cuestionó la “Argentina del atajo, la de la cintita, el contacto, el QR”.
El conductor Ari Paluch fue más lejos en un video en sus redes sociales: calificó al sector como “la carpa suntuosa, superficial, que banaliza el mensaje del Papa, de la justicia social, de la igualdad, de pensar en los que menos tienen”. Sostuvo que los VIP deberían haber sido “algún policía heroico, algún bombero que se jugó la vida en un incendio, algún maestro rural”, y cuestionó que los invitados publicaran sus experiencias. “Este ha sido un papelón enorme”, sentenció, y recordó que no hubo licitación y que se decidió de forma directa convocar a DF Entertainment. Cerró con una frase que resume el ánimo de las críticas: “la carpa del horror”.
Las ironías de una misa con jerarquías
El empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, explicó que aceptaron la invitación al sector VIP con emoción: “Es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”. Contó que llegaron a las siete y media de la mañana y que esperaron unas tres horas al sol antes de la ceremonia. La ironía es que hasta el testimonio de un invitado confirma que el sol pegó para todos, aunque no todos tuvieron aire acondicionado. Gravier agregó que había mucha gente conocida, entre ellos integrantes del Gobierno, ministros, diputados y sacerdotes.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció después que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera al sector como un lujo descomunal. Un reconocimiento a medias para un episodio que sus propios organizadores admiten que se les fue de las manos.
El contraste se completa con el Pequeño Cottolengo Don Orione, institución por la que el pontífice expresó preocupación y que, según se informó, obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas. Son obligaciones de naturaleza diferente, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento sobre las prioridades del gasto público: US$ 14 millones para organizar la misa y un embargo judicial por deudas con una institución a la que el propio Papa mencionó.
Lo que sigue abierto
Falta establecer qué funcionarios autorizaron cada erogación, qué controles se aplicaron, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del total correspondió a los servicios exclusivos. Los expedientes completos dirán si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos exigidos y quién responde por cada una. Mientras tanto, el reclamo político ya anticipa que la discusión no se agota en las medialunas.
Lo que tenés que saber:
- Se identificaron siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75 (unos US$ 14 millones) para la misa del Papa.
- DF Entertainment recibió $8.690 millones, el 42,4% del total; con otras dos firmas reúne cerca del 80%.
- La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto y los procedimientos se tramitaron a mediados de octubre, por compulsa abreviada por urgencia.
- Pagano, Gonzalo Rodríguez y Ari Paluch repudiaron la carpa VIP; Pagano afirmó que los responsables deberán explicarlo en la Justicia.
- No se informaron montos ni procedimientos de TechSecurity y Purgato, firmas vinculadas por la investigación con la familia Menem.
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