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Más provocaciones libertarias: el Gobierno quiere demoler el edificio de Desarrollo Social con imágenes de Evita

Irónicamente el Gobierno libertario dice que «representa a los trabajadores» y se catalogó como «el nuevo peronismo».

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El gobierno de Javier Milei se encuentra evaluando la posibilidad de demoler el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente conocido como Capital Humano, ubicado en plena Avenida 9 de Julio. El emblemático edificio lleva desde 2011 dos gigantografías de María Eva Duarte de Perón, las cuales podrían ser removidas como parte de esta iniciativa.

La intención del gobierno

Un influyente funcionario del gobierno de Milei reveló que, si bien la propuesta aún no es una prioridad, está siendo considerada como parte de un plan para abrir el tránsito en la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. “No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia”, sostuvo el funcionario libertario.

La relevancia del edificio y las imágenes de Evita

El edificio, que alguna vez albergó al Ministerio de Obras Públicas y luego al Ministerio de Salud, tiene una importancia simbólica para el peronismo, especialmente desde que se colocaron las imágenes de Eva Perón en sus fachadas laterales en 2011. Estas gigantografías representan un homenaje a una de las figuras más icónicas del movimiento peronista y son visibles desde gran parte de la Avenida 9 de Julio.

Ante las preguntas sobre la oportunidad de proponer este proyecto justo antes del Día de la Lealtad Peronista, el funcionario respondió que no se trata de una acción para invisibilizar al peronismo, pero ironizó sobre el estado actual del movimiento. «El nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros», afirmó.

Historia y legado del edificio del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación

Inaugurado en 1936, el edificio del entonces Ministerio de Obras Públicas (MOP) se erigió como el primer rascacielos sobre la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Su estilo racionalista, obra del arquitecto José De Hortal, le otorgó una estructura innovadora para la época, con un diseño que favorece la ventilación e iluminación de sus oficinas. Desde sus 22 pisos se puede disfrutar de una vista panorámica que incluye el Congreso de la Nación y el Río de La Plata.

En 1951, el edificio fue testigo de un hecho histórico: la instalación en su terraza de una antena que permitió la primera transmisión televisiva del país. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la comunicación audiovisual en Argentina, consolidando al edificio como un símbolo de modernidad.

El edificio es Monumento Histórico Nacional

En 2002, el ex edificio MOP fue declarado Monumento Histórico Nacional. Posteriormente, en 2010, su fachada y terrazas fueron restauradas, manteniendo su estilo original, que recuerda a otros íconos arquitectónicos de la ciudad como el edificio Kavanagh y el cine Gran Rex.

Desde 2011, el edificio cuenta con dos grandes murales en sus caras norte y sur que muestran el rostro de Eva Perón. Las imágenes, realizadas en acero por el escultor Alejandro Marmo en colaboración con el artista plástico Daniel Santoro, miden 31 metros por 24, y se han convertido en un emblema visual tanto de la figura de Eva como de la ciudad de Buenos Aires.

Otros intentos de demolición

Durante la década del ’90, se propuso la demolición del edificio para mejorar el tránsito de la avenida 9 de Julio, e incluso se barajó la posibilidad de trasladarlo a otro lugar. Sin embargo, estas propuestas no prosperaron, ya que es un Monumento Histórico declarado por Ley.

Las provocaciones de Milei

La propuesta de demolición se da en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei ha impulsado cambios importantes en varios símbolos y estructuras del Estado. Entre ellos, se destaca el reciente cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner. Este tipo de medidas resultan evidentes provocaciones y una estrategia para desmantelar parte del legado político del kirchnerismo y del peronismo en general.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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