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Fiscalía pidió que Martín del Río vaya a juicio por jurados por doble parricidio

Está acusado de ser autor del delito de «doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae» (es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo), que prevé como única pena la prisión perpetua.

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El equipo de fiscales que investiga el asesinato del matrimonio de José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, solicitó hoy que el hijo menor de las víctimas y único detenido por el caso sea sometido a un juicio por jurados, acusado de ser el autor de un doble homicidio cuádruplemente agravado, informaron fuentes judiciales.

En un escrito de 100 fojas firmado por los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, se requirió al juez Ricardo Costa, a cargo del juzgado de Garantías 1 de San Isidro, que eleve la causa a juicio por jurados con Martín Santiago Del Río, alias «Pato», como acusado de ser autor del delito de «doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae» (es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo), que prevé como única pena la prisión perpetua.

Crónica del crimen

Según los fiscales, el crimen ocurrió entre las 17.33 y las 18.30 del 24 de agosto del año pasado, cuando el denominado «caminante encapuchado» -luego individualizado en la acusación fiscal como Martín Del Río-, quedó grabado entrando y saliendo de la casa de sus padres, en la calle Melo 1101, del partido de Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense.

De acuerdo con la descripción de los hechos realizada por los fiscales, Del Río ingresó a la casa de sus padres por el garaje y llevó a cabo un «plan que previamente había diagramado».

«Una vez dentro y aprovechando la relación cordial propia del vínculo familiar, mediante engaño, los hizo (a sus padres) descender hacia el sector del garaje y abordar su vehículo Mercedes Benz modelo E350 color gris», señalaron los fiscales en la requisitoria de elevación a juicio, a la que accedió Télam, en la cual detallaron que Alonso (72) se sentó en el asiento del acompañante y Del Río padre (75) en el asiento trasero.

«Así las cosas, actuando sobre seguro y dada la confianza depositada en él por sus progenitores, quienes se trataban de dos personas de avanzada edad y en el caso de su padre, con problemas de movilidad, se valió de toda la situación, es decir la falta de precaución y escasa posibilidad de actos de defensa, por lo que arremetió a su padre por la espalda, efectuándole tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros, los cuales impactaron en la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo y concomitantemente con ello, le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros de la cabeza, cuyo proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata de ambos», señalaron.

Luego, según los fiscales, Del Río simuló una escena de robo dentro de la casa y se llevó el equipo de grabación de las cámara de seguridad ubicadas dentro de la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron establecer los investigadores, tras regresar 30 cuadras caminando a la zona de Núñez, donde había dejado estacionado su camioneta Mercedes Benz con el celular, el próximo movimiento certificado de Del Rio hijo es que fue a un departamento del suegro, que él a veces usaba de oficina, en calle Arredondo 2.465 de Colegiales.

Allí, se cree que Del Rio fue a bañarse y a descartar evidencia y las cámaras registran su salida a las 20.53.

Luego, se dirigió en su misma camioneta a otro departamento que había alquilado en el exclusivo edificio «Forum Alcorta» de calle Ramsay 2.055, en Belgrano, donde se quedó casi hasta las 22.

Las cámaras de seguridad del barrio Barrancas del Lago del complejo de countries Nordelta de Tigre donde vivía, lo tomaron a las 23.07 solo y en su auto.

Si bien siempre se creyó que era el momento de llegada a su casa, ahora se analiza si no salió de Nordelta nuevamente, luego de dejar a su esposa en su domicilio, y si existe la posibilidad de que haya burlado los controles de seguridad de los countries para no quedar formalmente registrado.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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