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Investigación 🔎

Ordenan liquidar Austral Agro, la empresa de Báez, para pagar multas

El TOF N°4 dispuso inscribir los bienes a nombre del Estado y que la AABE tome el control. Báez y su hijo deben multas por US$329,2 millones y US$274,3 millones en la causa Ruta del dinero K.

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Lázaro Báez durante una audiencia

La Justicia ordenó liquidar Austral Agro, una de las empresas que Lázaro Báez habría seguido manejando desde la cárcel, para empezar a cubrir multas que superan los US$603 millones. La firma agropecuaria volvió a quedar bajo la lupa.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, por medio de la jueza de ejecución Valeria Rico y a pedido del fiscal general Abel Córdoba, ordenó liquidar las acciones de Austral Agro S.A. e inscribir sus bienes a nombre del Estado Nacional. También convocó con carácter urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que asuma el control operativo de la firma, y pidió a las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema una valuación patrimonial completa en diez días hábiles.

Las multas firmes de la causa “Ruta del dinero K” alcanzan los US$329.237.200,14 para Lázaro Báez y los US$274.364.333,45 para su hijo Martín.

Quiénes son los dueños

Según el Libro Registro de Acciones n° 1 de la sociedad, el 70% de Austral Agro está a nombre de Lázaro Báez y el 30% restante a nombre de su hijo Martín. El empresario cumple en el penal de Ezeiza una condena unificada de 15 años por las causas Vialidad y Ruta del dinero K.

Las estancias

Según trascendió, la sociedad fue creada por los Báez para comprar estancias en Santa Cruz y, pese a los reiterados pedidos de liquidación, seguía activa. Desde la cárcel, Báez habría seguido recaudando en al menos diez estancias con distintos arrendatarios, mediante contratos que pasaban por escribanías de Río Gallegos. La Justicia investiga la validez de esos contratos y la responsabilidad de quienes pagaban.

Otra causa en Río Gallegos

Entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre se realizaron allanamientos en la Justicia Federal de Río Gallegos, por orden del juez de garantías Claudio Marcelo Vázquez y a pedido de la Unidad Fiscal local y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco solicitaron además embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.

Una de las estructuras investigadas manejaría bienes que habrían sido apartados de la ejecución de las condenas de Báez. Los investigadores no informaron, hasta ahora, un vínculo de esa causa con Austral Agro.

Lo que tenés que saber

  • El TOF N°4 ordenó liquidar las acciones de Austral Agro para pagar multas de los Báez.
  • Los bienes quedarán a nombre del Estado y la AABE tomará el control operativo.
  • Las multas ascienden a US$329,2 millones para Lázaro y US$274,3 millones para Martín Báez por la causa Ruta del dinero K.
  • Lázaro Báez tiene el 70% de las acciones y su hijo Martín el 30%.
  • La Justicia pidió una valuación completa de la empresa en diez días hábiles.

Investigación 🔎

Causa $LIBRA: el cierre a favor de Milei aún puede caerse por dos vías

El juez Martínez de Giorgi sobreseyó el 23 de octubre a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados, pero la PIA pidió asumir la acción penal y Casación aceptó revisar el apartamiento de dos querellantes.

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El cierre de la causa $LIBRA todavía puede revertirse por dos caminos judiciales que siguen abiertos. El 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a once imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La causa investiga el lanzamiento y el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, que Milei promocionó en la red X el 14 de febrero de 2025. El titular del Juzgado Federal 8 consideró que los hechos no constituían delito y que esa publicación presidencial fue a título personal. Entre los sobreseídos también figuran Mauricio Novelli, Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy. Quedaron cerrados así los tres delitos que se investigaban, entre ellos la estafa, y los imputados no llegaron a ser llamados a indagatoria.

Primera vía: la PIA quiere asumir la acción penal

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en el expediente a pedido de las organizaciones CIPCE e INECIP, que intervienen como amigos del tribunal. Asumió el ejercicio de la acción penal que había dejado de lado Taiano y apeló los sobreseimientos. En un escrito presentado a fines de octubre ante el Juzgado Federal 8, sostuvo que el cierre fue «prematuro», porque «la investigación del caso no se encuentra agotada».

Para la PIA, los indicios reunidos hasta ahora muestran «señales de una concertación defraudatoria». El organismo propuso reconstruir la trazabilidad de los fondos, analizar comunicaciones y posibles acuerdos comerciales y realizar peritajes sobre dispositivos electrónicos. También cuestionó que los indicios se hayan valorado de forma aislada y planteó examinar la conducta del Presidente como posibles negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Daniel Rafecas, que estuvo a cargo del juzgado durante la licencia de Martínez de Giorgi, le dio vista a Taiano. El fiscal respondió el 11 de noviembre: cuestionó el pedido para asumir la investigación y sostuvo los sobreseimientos que había solicitado. Consideró que la conclusión de Rodríguez es «desacertada», porque no debió tener acceso a los pormenores del expediente, y calificó sus fundamentos como «afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente». El pedido de la PIA queda ahora en manos del titular del juzgado.

Segunda vía: los inversores apartados

La causa quedó sin querellantes desde el 3 de julio, cuando Martínez de Giorgi apartó a cinco inversores afectados (entre ellos el grupo encabezado por Martín Romeo) a pedido de la defensa de Novelli. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esa decisión el 4 de septiembre. Sin acusación autónoma, Taiano pidió cerrar la causa y el juez lo hizo.

El 4 de noviembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar si dos damnificados extranjeros, Vladislav Lapchenko y Sviatlana Krasutskaya, pueden ser tenidos como querellantes. Votaron a favor Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y Guillermo Yacobucci votó en disidencia. La resolución no reabre la causa ni anula los sobreseimientos: solo abre la posibilidad de que los damnificados vuelvan al expediente y cuestionen el cierre.

Lo que tenés que saber

  • El juez Martínez de Giorgi sobreseyó el 23 de octubre a once imputados, entre ellos Javier y Karina Milei, a pedido del fiscal Taiano.
  • La PIA pidió asumir la acción penal, apeló los sobreseimientos y sostuvo que la investigación «no se encuentra agotada».
  • Taiano rechazó el planteo de la PIA y mantuvo su posición a favor de los sobreseimientos.
  • Casación aceptó el 4 de noviembre revisar si dos damnificados pueden ser querellantes, sin reabrir la causa.
  • El pedido de la PIA debe ser resuelto por el titular del Juzgado Federal 8, Marcelo Martínez de Giorgi.
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