Gendarmería Nacional allanó el despacho del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, y varias propiedades del escribano Santiago Busaniche, señalado como supuesto operador judicial, en el marco de una causa que investiga una presunta red de corrupción judicial con vínculos con el narcotráfico.

Operativo y documentación secuestrada

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz y se realizaron en Rosario y Santa Fe con el objetivo de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos. Entre los elementos incautados figura el teléfono celular de Busaniche, considerado clave para la investigación.

El expediente tiene como principal acusado al exjuez federal Marcelo Bailaque, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en Rosario. Sobre él pesan cargos por prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas y lavado de activos.

Avance del caso y testimonios clave

La investigación, impulsada por fiscales de Rosario junto a las procuradurías PROCELAC (especializada en criminalidad económica) y PROCUNAR (contra el narcotráfico), cobró impulso con la implementación del nuevo sistema acusatorio, que otorga el control de la pesquisa al Ministerio Público Fiscal.

El expediente avanzó tras las declaraciones de dos arrepentidos: el financista Fernando Whpei y el exdirector de ARCA Santa Fe, Carlos Vaudagna. Este último confesó que, junto a Bailaque y Whpei, extorsionaron al agente de bolsa Claudio Iglesias en 2019 mediante una causa falsa por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, iniciada a partir de una denuncia anónima fabricada.

Chats, vínculos y favores

En el teléfono de Vaudagna los investigadores hallaron conversaciones con Busaniche y Salmain, lo que profundizó las sospechas sobre su participación. Los fiscales sostienen que Salmain y Vaudagna mantenían una relación personal y de favores, y analizan si esa vinculación influyó en el concurso para la designación del magistrado como juez federal en 2023.

El Consejo de la Magistratura analiza posibles irregularidades en ese proceso de selección, mientras los fiscales buscan determinar el alcance de la red y si existen más funcionarios o empresarios involucrados.

Extorsión y pago parcial

El abogado Guillermo Zenklusen también figura imputado en la causa. Según el testimonio de Iglesias, los implicados le exigieron 200 mil dólares para desvincularlo del expediente, de los cuales pagó 160 mil. La causa, según consta en el expediente, fue cerrada dos años después del pago.