Judiciales ⚖️
Purga en la Procuración: sospechan que se vendió información clave en el juicio por YPF
El procurador Santiago Castro Videla fue apartado del caso por haber sido socio de un testigo clave de la parte demandante.
El gobierno nacional activó una reestructuración drástica dentro de la Procuración del Tesoro de la Nación, luego de detectar posibles filtraciones de información en el marco del juicio que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF. Según fuentes oficiales, la fuga de datos habría favorecido al fondo buitre Burford Capital, que impulsa el millonario reclamo contra el Estado argentino en la justicia de los Estados Unidos.
“El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, confió un alto funcionario del gobierno de Javier Milei a periodistas acreditados en Casa Rosada.
Filtraciones sensibles y sospechas de venta de información
En el Ejecutivo sostienen que información interna y confidencial de la estrategia jurídica nacional fue divulgada sin autorización, lo que pudo haber tenido consecuencias directas en el fallo en primera instancia emitido en septiembre pasado por la jueza neoyorquina Loretta Preska. En esa resolución, se condenó a la Argentina a pagar cerca de 16.000 millones de dólares y a integrar el 51% de las acciones expropiadas de YPF.
“No se descarta que haya existido venta de información desde dentro de la Procuración”, advirtió la misma fuente oficial, dejando entrever un posible delito cometido por funcionarios o asesores con acceso privilegiado a documentación clave.
El gobierno ya dispuso la disolución de algunas áreas administrativas y la revisión integral del funcionamiento de la Procuración del Tesoro, que actúa como principal órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo.
El rol de Castro Videla y su apartamiento del caso YPF
Santiago Castro Videla, de 43 años, asumió en febrero como procurador del Tesoro en reemplazo del cuestionado Rodolfo Barra. A pesar de ocupar el cargo de mayor responsabilidad jurídica del Ejecutivo, fue apartado del caso YPF debido a un conflicto de intereses: fue socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, uno de los testigos clave que Burford Capital presentó en el juicio contra el Estado argentino.
Por ese motivo, el gobierno argentino recurrió a la contratación del estudio Sullivan & Cromwell para llevar adelante la defensa ante los tribunales de Nueva York. Al frente del caso está el abogado Robert Joseph Giuffra Jr., reconocido por haber defendido al expresidente Donald Trump y cuyos honorarios ascienden a 1.800 dólares por hora.
“Estamos bien encaminados ante la Justicia norteamericana”, señalaron desde el entorno presidencial. Esta semana, se conoció que el gobierno de los Estados Unidos presentará un amicus curiae a favor de la apelación argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Manhattan. Esa intervención, aunque no vinculante, representa un respaldo político y jurídico importante para el país.
Un litigio de alto riesgo financiero y geopolítico
El caso por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el 51% de las acciones de la petrolera, que estaban en manos de Repsol. Burford Capital compró los derechos litigiosos de Petersen Energía y Eton Park, accionistas minoritarios perjudicados por la operación, y demandó a la Argentina en los tribunales de Nueva York por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA), como exige el estatuto de la empresa.
El fallo de primera instancia fue apelado por el gobierno de Milei, que busca evitar el impacto devastador de una eventual sentencia definitiva en contra. Mientras tanto, las internas dentro de la Procuración del Tesoro revelan un clima de desconfianza, sospechas de corrupción y tensiones entre los equipos técnicos y el entorno presidencial.
Judiciales ⚖️
La Corte dejó firme los ocho años de cárcel a Lotocki tras más de una década
El máximo tribunal declaró inadmisible la queja de la defensa y selló la pena por lesiones graves y estafa a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, en una causa por cirugías realizadas entre 2008 y 2014.
La Corte Suprema dejó firme este jueves la condena de Aníbal Lotocki a ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina, por lesiones graves a cuatro mujeres y por estafa, más de una década después de las últimas cirugías juzgadas. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible la queja de la defensa contra la confirmación de la condena, el último recurso pendiente.
Las víctimas son la actriz Silvina Luna, que murió en agosto de 2023, a los 43 años, tras años de complicaciones renales; la modelo Stefanía Xipolitakis; Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. El fallo se refiere a las lesiones y a la estafa, y no constituye una condena por la muerte de Luna.
Qué se probó en el juicio
La Justicia dio por probado que Lotocki les aplicó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no aconsejadas, lo que les provocó granulomas. También determinó que les ocultó información que estaba obligado a darles antes de las intervenciones. Las operaciones analizadas se hicieron entre 2008 y 2014, es decir, la sentencia llegó a quedar firme más de doce años después de la última. En el caso de Trenchi, se tuvo por acreditado además que la intervención no coincidió con lo que la paciente había acordado.
Cómo llegó la condena
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 lo condenó a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por lesiones graves, y lo absolvió por estafa. La fiscalía y las querellas apelaron y, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sumó la estafa, duplicó la pena a ocho años y elevó la inhabilitación a diez.
En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó ese fallo. La defensa recurrió y, tras la denegación de su recurso extraordinario, presentó la queja que ahora la Corte declaró inadmisible. Fue la cuarta intervención del máximo tribunal en el expediente: las dos primeras se vincularon con cuestiones previas al juicio y la tercera, con la primera condena, cuando ya había rechazado un planteo del médico por falta de sentencia definitiva. La firmeza llegó más de cuatro años después de la primera sentencia.
La situación de Lotocki
Lotocki ya está preso. Permanece detenido por orden del TOC N°17, que lo juzga por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, un paciente de 50 años que murió en abril de 2021 tras un procedimiento en el Centro Médico Conde (CEMECO).
El 8 de septiembre, el juez Jorge Romeo, del TOC N°28, ordenó también su prisión preventiva en esta causa por riesgo de fuga, a pedido del fiscal general Sandro Abraldes y con el respaldo de las querellas. Abraldes advirtió que, cuanto más cerca está una condena firme, mayor es el riesgo de que el acusado intente sustraerse de la Justicia, y recordó que Lotocki incumplió en tres oportunidades la obligación de informar ausencias de más de veinticuatro horas. La decisión implicaba que, aunque recuperara la libertad en el juicio por la muerte de Zárate, debía seguir detenido por esta condena. Ahora, con la sentencia firme, la pena queda en condiciones de ejecutarse.
Qué sigue
Ante el TOC N°17 continúa el juicio por el homicidio simple con dolo eventual de Zárate, en el que también están acusados otros tres médicos y la directora del centro, y por las denuncias de Sandra Domínguez y Yésica Forti.
El miércoles, un día antes de que la Corte cerrara esta causa, ese mismo tribunal sobreseyó a Lotocki por prescripción en otras tres denuncias por lesiones graves, las de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda. Los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo tomaron en cuenta el tiempo transcurrido entre los tratamientos y su primera indagatoria. El paso de los años, así, resultó decisivo para unas denuncias y no alcanzó a impedir la condena en otras.
Leé también: Lotocki zafó por prescripción en tres denuncias por lesiones graves
Lo que tenés que saber:
- La Corte dejó firme la condena de Lotocki a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.
- También tiene diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.
- Las víctimas son Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.
- Lotocki ya estaba detenido por la causa de la muerte de Rodolfo Cristian Zárate.
- El juicio por ese homicidio sigue ante el TOC N°17.
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