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Rafecas archivó por inexistencia de delito la denuncia por el gasoducto Néstor Kirchner

El magistrado consideró que la licitación se viene realizando conforme las normas vigentes.

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El Juez Federal Daniel Rafecas archivó este jueves la causa relacionada con la supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, tras considerar que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento, informaron fuentes judiciales.

El magistrado tomó la decisión luego de escuchar testimonios de expertos en extracción y transporte de gas y del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en cuyas declaraciones públicas y comentarios ‘off the record’ se habían basado las denuncias de dirigentes opositores que hablaban de supuesta corrupción alrededor de la licitación.

El juez Rafecas aseguró en su fallo que todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos, y concluyó que la justicia federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal, añadieron los portavoces.

Las denuncias formuladas por abogados particulares y dirigentes opositores indicaban un supuesto direccionamiento de la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, para su construcción desde el yacimiento Vaca Muerta, en favor de la empresa multinacional Techint y en detrimento de compañías nacionales.

Tras reunir documentación sobre la licitación y consultar con expertos en la materia, el juez concluyó que «sólo queda disponer el archivo de estas actuaciones, sin dejar de mencionar, que este Tribunal ha actuado con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión», según surge del fallo de 222 páginas al que accedió Télam.

«Como representante del Poder Judicial de la Nación en esta causa, tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional (debido a la sustitución de importaciones de gas)», remarcó.

Antes de decidir el archivo de las actuaciones que habían sido impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli, Rafecas le tomó testimonio a Kulfas, y al exdirector de la Unidad Ejecutora del gasoducto, Antonio Pronsato, y realizó dos audiencias testimoniales grupales: una con expertos en extracción de gas y otra, el miércoles, con especialistas en transporte de esa sustancia.

Los testimonios que terminaron de definir la suerte del expediente fueron los del miércoles, cuando representantes de las empresas transportadoras de gas TGS y TGN, la facultad de ingeniería y el Enargas coincidieron en que las especificaciones técnicas de cañerías de la licitación cuestionada son correctos, adecuados, y los más eficientes en términos de costo/beneficio, según indicaron fuentes del caso.

«Todas las denuncias que se presentaron en el fuero a partir del texto ‘off the record’ del exministro Kulfas pedían básicamente lo mismo: que la Justicia, fundadamente, confirmara o descartara las fuertes aseveraciones que el nombrado había ventilado en ese texto», recordó Rafecas.

El ‘off the record’ que se hizo público señalaba que funcionarios vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint».

Ese mensaje en off salió como respuesta a una crítica pública que la vicepresidenta había hecho en un acto por los 100 años de YPF, donde reclamó que Techint trasladara parte de su producción a la Argentina para que se utilizaran insumos nacionales.

En declaraciones públicas, también, Kulfas le había respondido que «si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la secretaría de Energía, responden políticamente a la vicepresidenta».

Al impulsar la investigación, el fiscal Stornelli había reclamado que se investiguen tres hechos: 1) el posible direccionamiento de la licitación de tuberías en favor de la firma Techint; 2) la asignación de la licitación de válvulas a una empresa extranjera incumpliendo la Ley de Compre Nacional; 3) supuestas presiones o gestiones de lobby para que acceda al negocio la firma «CPC» de Cristóbal López.

«Pues bien: tras un exhaustivo análisis de los expedientes licitatorios, la documentación anexa, los testimonios recogidos, y la palabra de los idóneos y expertos en materia gasífera, las tres hipótesis han quedado descartadas», concluyó Rafecas.

La causa se inició a partir de tres denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro: dos fueron de abogados particulares y una de los diputados nacionales opositores de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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