★ La Justicia de Salta imputó a 53 docentes por presentar certificados falsos para aumentar puntajes en concursos y procesos de designación del Ministerio de Salud provincial. La investigación, que arrancó el 17 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia formal del secretario de Gestión Educativa, expuso una red organizada de falsificación de instrumentos privados que operó a través de redes sociales y cobró entre 95.000 y 360.000 pesos por certificado apócrifo.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta en un comunicado oficial que detalla el alcance de la maniobra y los roles que cada uno de los imputados habría cumplido dentro de la organización.

La auditoría que destapó la olla

La denuncia que activó la investigación judicial partió del propio sistema educativo provincial. Según el MPF salteño, la auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y un universo de 237 profesores implicados en total, de los cuales 53 ya fueron formalmente imputados en esta primera etapa procesal.

La pesquisa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), que determinó que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que facilitó tanto la detección de las irregularidades como la identificación de duplicaciones y numeraciones de títulos inexistentes.

Facebook como vidriera del fraude

La red operaba de manera abierta en Facebook, a través de perfiles como «Cursos Educar» o bajo el alias «Ana Guzmán». Desde esas cuentas se ofrecían diplomaturas con puntaje aparentemente avaladas por instituciones educativas reales; una modalidad que, según la fiscalía, resultó lo suficientemente convincente como para captar a cientos de docentes en distintas regiones de la provincia.

Una vez acordado el servicio, los interesados realizaban el pago, y a cambio recibían certificados en formato PDF con sellos y firmas escaneadas, sin ningún respaldo en registros oficiales. Miembros de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmaron que los números de los certificados no existían en las bases de datos estatales.

Roles identificados dentro de la red

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue quien trazó el mapa de responsabilidades dentro de la organización. Según la funcionaria judicial, la estructura se articulaba en tres funciones diferenciadas:

• Una docente del sur provincial se encargaba de la captación de clientes y el cobro de los pagos.
• Una mujer en el norte brindaba soporte y canalizaba consultas bajo una identidad ficticia.
• Un hombre radicado en Bariloche fue señalado como administrador digital y receptor de los fondos.

Dos mujeres fueron detenidas y acusadas de manera provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita en concurso real, según informó el MPF.

Un escándalo que pone en jaque la selección de personal en salud

Más allá de la dimensión penal, el caso expone una grieta estructural en los mecanismos de control del sistema de designaciones en salud pública provincial. Que una red de este tipo haya podido operar durante un tiempo considerable, captando a cientos de docentes y manipulando registros sin ser detectada de inmediato, pone en cuestión la solidez de los sistemas de verificación de credenciales en el Estado salteño.

La magnitud del número de inscripciones adulteradas (286 sobre un universo de 291 detectadas como irregulares) sugiere que se trata de una práctica que encontró condiciones favorables para instalarse. La investigación judicial deberá determinar si existieron complicidades internas o simplemente fallas en los controles institucionales.

Puntos clave

• 53 docentes imputados en una primera etapa; el universo total investigado alcanza los 237 profesores.
• La auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos y 286 registros adulterados.
• La red operaba en Facebook y cobraba entre $95.000 y $360.000 por certificado apócrifo.
• Dos mujeres fueron detenidas y acusadas por falsificación, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
• La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio identificó tres roles diferenciados dentro de la organización criminal. ★