El presidente de la Fundación Profesional de Transporte, Sergio Ruppel, alertó que la mitad de las rutas nacionales se encuentra en mal estado y denunció un abandono sistemático del sistema vial argentino. Según el especialista en infraestructura, la red nacional no solo sufre deterioro físico, sino que también enfrenta una desinversión estructural que pone en riesgo la seguridad vial y la conectividad del país.

“La situación es desesperante. No es algo que comenzó este año. Las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo”, afirmó en diálogo con Rivadavia AM 630. Ruppel denunció que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) “está desactivada de hecho”, y cuestionó con dureza el proyecto oficial de trasladar la responsabilidad a las provincias o avanzar con privatizaciones.

“Tenemos la misma cantidad de rutas que hace décadas, pero el tránsito se multiplicó. ¿Quién se va a ocupar ahora del mantenimiento, la asistencia y las emergencias?”, preguntó, visiblemente preocupado.

Provincias sin fondos y privados que no quieren invertir

El plan del gobierno nacional de transferir rutas a las provincias o concesionarlas al sector privado enfrenta, según Ruppel, un muro de inviabilidad económica y técnica. “Las provincias no tienen fondos. Si no pueden sostener hospitales ni escuelas, mucho menos rutas”, sostuvo.

También advirtió que los concesionarios privados se niegan a tomar tramos viales por el nivel de deterioro y los altos costos de inversión. “El precio de los peajes sería insostenible. Y los privados no van a ir a lugares como Pino Hachado o zonas rurales del norte, donde la vialidad presta asistencia vital en emergencias climáticas”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la función de Vialidad no se limita a repavimentar: “Vialidad también es presencia estatal ante accidentes, cortes por nieve o emergencias. Es un brazo del Estado que garantiza la vida en los territorios más alejados”.

Una crisis con consecuencias humanas y económicas

Ruppel puso el foco en las consecuencias más visibles y dolorosas de este colapso: los accidentes de tránsito. “¿Quién no tiene un familiar o conocido que haya tenido un accidente de tránsito?”, preguntó. Recordó que la inversión en rutas también es una política de salud, porque previene choques y reduce los costos en hospitales, ambulancias y cirugías.

Las estadísticas lo respaldan: Argentina tiene una de las tasas más altas de mortalidad vial de la región, con más de 4.000 muertes anuales por siniestros en rutas y calles, según datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida.

A su vez, el deterioro vial afecta la logística del transporte, encarece los costos de producción y reduce la competitividad del país. “Una mala ruta no solo mata, también destruye economías regionales”, insistió el especialista.

“Se está desmontando un organismo clave para la integración nacional”

El presidente de la Fundación Profesional de Transporte criticó en duros términos la decisión del Ejecutivo de desmantelar Vialidad Nacional, en el marco de su política de ajuste. “Estamos desmontando un organismo que cumple un rol estructural en la integración territorial del país”, aseguró. Y advirtió que si no se actúa con urgencia, “el colapso de la infraestructura vial va a tener consecuencias gravísimas”.

Desde la Asociación Argentina de Carreteras y otras entidades del sector coinciden en que la red vial está cerca del límite operativo. Con 40.000 kilómetros bajo jurisdicción nacional y una red provincial aún más extensa, la Argentina necesita al menos $1,5 billones para recomponer el sistema, según estimaciones de organismos técnicos.

El país enfrenta así un escenario de desfinanciamiento, descoordinación y peligro creciente, donde la ruta puede convertirse en una trampa mortal, y donde la desconexión territorial compromete la producción, el turismo y la vida cotidiana.