Una reapertura condicionada por la legalidad

El juez federal Luis Armella ordenó este viernes el levantamiento de la clausura de La Salada, la feria ubicada en Lomas de Zamora que supo ser sinónimo de comercio informal y, en no pocos casos, de actividades ilícitas. La medida alcanza a los tres predios centrales del complejo —Punta Mogote, Urkupiña y Cooperativa Ocean—, aunque su reapertura será provisoria y sujeta al cumplimiento de una batería de exigencias legales, laborales y fiscales.

Armella dispuso que, antes de retomar la actividad comercial, los administradores de los predios deberán garantizar:

• La regularización del empleo de todos los trabajadores.
• La prohibición total de mercadería falsificada.
• Un sistema de recaudación bancarizado que reemplace el uso de efectivo.
• El registro de cada puesto con contrato formal y la identificación de sus responsables.
• La entrega mensual de informes contables tanto al Juzgado como a la fiscalía interviniente.

Además, la Justicia designará una intervención a cargo de peritos especializados para auditar el cumplimiento de estas condiciones, lo que marca un intento por desarticular las lógicas de opacidad que caracterizaron históricamente a La Salada.

Un pasado judicial que aún pesa

La feria había sido clausurada en el marco de un megaoperativo realizado en julio de 2017 que incluyó más de 60 allanamientos, detenciones, decomisos y la clausura total del complejo. En aquella oportunidad, 16 personas fueron detenidas por delitos graves como lavado de activos, contrabando y evasión impositiva.

El caso más emblemático fue el de Jorge Castillo, apodado “el rey de La Salada”, quien permanece detenido con prisión domiciliaria, procesado por liderar una asociación ilícita que recaudaba millones de pesos por fuera del circuito legal. Aunque Castillo no tiene actualmente injerencia directa en la reapertura, su figura continúa siendo un símbolo del modelo de negocios que la Justicia intenta erradicar.

La disputa de fondo: ¿transformación o maquillaje?

Más allá de la medida judicial, persiste la pregunta sobre si la reapertura representa un verdadero cambio estructural o simplemente una estrategia para evitar el colapso económico de miles de familias que dependen de la feria. Según datos del Ministerio de Trabajo bonaerense, La Salada llegó a congregar entre 7.000 y 8.000 puesteros activos, sin contar el empleo indirecto.

El Gobierno provincial, por su parte, ve con buenos ojos la reapertura bajo control judicial, pero exige una fiscalización constante y efectiva. «No se trata solo de habilitar la feria, sino de garantizar que no vuelva a ser un enclave de ilegalidad», señalaron desde el entorno del ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Hasta el momento, no se confirmó una fecha específica para la reapertura, aunque se especula que podría concretarse en los próximos días, una vez finalizadas las auditorías y condiciones previas ordenadas por el juez Armella.

Puntos clave:

• La Justicia levantó la clausura de La Salada bajo condiciones estrictas.
• Se exigirá regularización laboral, bancarización y control fiscal de cada puesto.
• Jorge Castillo sigue detenido, aunque ya sin influencia directa en la administración.
• El fallo busca desarticular las estructuras informales que dominaron la feria durante años.
• Aún no hay fecha confirmada de reapertura, pero se estima que será inminente.