Judiciales ⚖️
La Salada reabrirá sus puertas bajo control judicial y nuevas reglas
La Justicia federal dispuso el levantamiento provisorio de la clausura de la feria más emblemática del conurbano. Con estrictas condiciones de legalidad comercial y laboral, se busca transformar un espacio históricamente vinculado al delito en un ámbito regulado.
Una reapertura condicionada por la legalidad
El juez federal Luis Armella ordenó este viernes el levantamiento de la clausura de La Salada, la feria ubicada en Lomas de Zamora que supo ser sinónimo de comercio informal y, en no pocos casos, de actividades ilícitas. La medida alcanza a los tres predios centrales del complejo —Punta Mogote, Urkupiña y Cooperativa Ocean—, aunque su reapertura será provisoria y sujeta al cumplimiento de una batería de exigencias legales, laborales y fiscales.
Armella dispuso que, antes de retomar la actividad comercial, los administradores de los predios deberán garantizar:
- La regularización del empleo de todos los trabajadores.
- La prohibición total de mercadería falsificada.
- Un sistema de recaudación bancarizado que reemplace el uso de efectivo.
- El registro de cada puesto con contrato formal y la identificación de sus responsables.
- La entrega mensual de informes contables tanto al Juzgado como a la fiscalía interviniente.
Además, la Justicia designará una intervención a cargo de peritos especializados para auditar el cumplimiento de estas condiciones, lo que marca un intento por desarticular las lógicas de opacidad que caracterizaron históricamente a La Salada.
Un pasado judicial que aún pesa
La feria había sido clausurada en el marco de un megaoperativo realizado en julio de 2017 que incluyó más de 60 allanamientos, detenciones, decomisos y la clausura total del complejo. En aquella oportunidad, 16 personas fueron detenidas por delitos graves como lavado de activos, contrabando y evasión impositiva.
El caso más emblemático fue el de Jorge Castillo, apodado “el rey de La Salada”, quien permanece detenido con prisión domiciliaria, procesado por liderar una asociación ilícita que recaudaba millones de pesos por fuera del circuito legal. Aunque Castillo no tiene actualmente injerencia directa en la reapertura, su figura continúa siendo un símbolo del modelo de negocios que la Justicia intenta erradicar.
La disputa de fondo: ¿transformación o maquillaje?
Más allá de la medida judicial, persiste la pregunta sobre si la reapertura representa un verdadero cambio estructural o simplemente una estrategia para evitar el colapso económico de miles de familias que dependen de la feria. Según datos del Ministerio de Trabajo bonaerense, La Salada llegó a congregar entre 7.000 y 8.000 puesteros activos, sin contar el empleo indirecto.
El Gobierno provincial, por su parte, ve con buenos ojos la reapertura bajo control judicial, pero exige una fiscalización constante y efectiva. «No se trata solo de habilitar la feria, sino de garantizar que no vuelva a ser un enclave de ilegalidad», señalaron desde el entorno del ministro de Seguridad, Javier Alonso.
Hasta el momento, no se confirmó una fecha específica para la reapertura, aunque se especula que podría concretarse en los próximos días, una vez finalizadas las auditorías y condiciones previas ordenadas por el juez Armella.
Puntos clave:
- La Justicia levantó la clausura de La Salada bajo condiciones estrictas.
- Se exigirá regularización laboral, bancarización y control fiscal de cada puesto.
- Jorge Castillo sigue detenido, aunque ya sin influencia directa en la administración.
- El fallo busca desarticular las estructuras informales que dominaron la feria durante años.
- Aún no hay fecha confirmada de reapertura, pero se estima que será inminente.
Judiciales ⚖️
$LIBRA: dos recusaciones frenan el regreso de las víctimas como querellantes
Piden apartar a Ledesma y a Yacobucci de la Sala II de Casación. La decisión sobre la reincorporación de los damnificados quedó en suspenso.
La Cámara Federal de Casación Penal no puede definir si los damnificados vuelven como querellantes en la causa $LIBRA. Dos recusaciones contra jueces de la Sala II frenaron la resolución, según fuentes judiciales.
La Sala II está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los pedidos se presentaron en los últimos días y apuntan a dos de ellos por razones de imparcialidad. La decisión recae principalmente en Slokar, el único que no recibió objeciones.
Los dos planteos
Mauricio Novelli, uno de los once imputados, que fue sobreseído, pidió apartar a Ledesma por su cercanía con dos organizaciones que intervinieron en la causa: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas intentaron ser querellantes y, tras el cierre del caso por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal. Según la defensa de Novelli, ese vínculo basta para dudar de su imparcialidad.
Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco afectados por la presunta criptoestafa, pidió apartar a Yacobucci. Lo patrocinan los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois. Argumenta que el hijo del juez, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado el 29 de septiembre al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un cargo «de libre designación y remoción» que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Es un cargo dispuesto por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, uno de los principales investigados por haber promocionado la presunta criptoestafa. La causa también alcanza a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El antecedente del 4 de noviembre
Ledesma y Yacobucci quedaron en la mira después del fallo del 4 de noviembre. Ese día Ledesma votó junto a Slokar para habilitar las quejas de los damnificados, que habían sido apartados del expediente, y abrió la posibilidad de que sean querellantes. Yacobucci fue el único que votó en disidencia.
«La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo», dice el escrito de Marchetto, que recuerda que el área que dirige el hijo del juez tiene competencias vinculadas con el posible lavado de activos, uno de los ejes de la investigación.
Lo que tenés que saber
- Dos recusaciones frenan la definición de Casación sobre la vuelta de los querellantes en $LIBRA.
- Novelli pidió apartar a Ledesma y Marchetto pidió apartar a Yacobucci.
- La decisión recae principalmente en Slokar, que no recibió objeciones.
- El 4 de noviembre, Ledesma y Slokar habilitaron las quejas de los damnificados y Yacobucci votó en disidencia.
- El hijo de Yacobucci fue designado en un programa que depende del Ministerio de Justicia.
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